Preocupación internacional por estigmatización de migrantes en Argentina
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones al Gobierno argentino por el decreto presidencial que criminaliza a inmigrantes y facilita su deportación. Organizaciones de la sociedad civil expusieron que el DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos.
La sesión se convocó a solicitud de la CIDH por su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 firmado por el presidente Mauricio Macri en enero de este año que introduce cambios a la Ley de Migraciones argentina.
El decreto presidencial endurece la norma con requisitos estrictos en cuanto a los antecedentes penales de los extranjeros, y pone el foco el control de antecedentes y la posibilidad de restringir el ingreso al país.
Instituciones y organismos de derechos humanos resisten la medida y advierten sobre el intento de vincular migración con delincuencia.
«El DNU fue presentado como una medida de seguridad y habilita la expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados», señalaron hoy en la audiencia los representantes del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve.
Diego Morales del CELS dijo que el DNU establece un procedimiento sumarísimo de expulsión que vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Se posibilita la detención de migrantes desde el inicio de ese trámite y una detención indefinida si la persona recurre la orden de expulsión. En este DNU la regla es la privación de la libertad -algo que generó especial preocupación entre los comisionados presentes.
«El DNU restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos y el Estado, una vez más, no pudo explicar ni la necesidad ni la urgencia de su decisión».
Gabriela Liguori de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), por su parte destacó que el DNU viola el derecho a la unidad familiar al eliminarlo como criterio para evitar expulsiones y detenciones. La Dirección Nacional de Migraciones pasa a tener la última palabra porque el DNU prohíbe al Poder Judicial revisar su decisión de otorgar dispensas, o exenciones, para evitar la expulsión.
Nengumbi Sukama del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI) dijo que al asociar la migración con la delincuencia, el DNU habilita un racismo institucional que se manifiesta en tratos discriminatorios en los hospitales, las escuelas y sobre todo a través de la violencia policial. Expuso el caso de un migrante africano que vendía mercancía en la vía pública y terminó desmayado por una llave inmovilizadora que le aplicó un policía, y a quien le iniciaron una causa penal por resistencia a la autoridad.
«Justamente el DNU habilita la cancelación de residencia y la expulsión para delitos menores como la resistencia a la autoridad, lo cual podría tener un efecto desalentador en la participación de las personas migrantes en las protestas sociales», dijo Marta Guerreño López de la Unión de Colectividades Inmigrantes de Córdoba y de la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina.
Por su parte, el subdirector nacional de inmigraciones de Argentina, Julián Curi, indicó que «la necesidad de urgencia del decreto» se sustenta en que «lo prolongado de los procesos de cancelación de residencias generaba un nivel alto de reincidencia» y «quienes no eran expulsados y habían cometido un delito, reincidían», señaló.
Las organizaciones que expusieron en la audiencia destacaron que el DNU 70/2017 debe ser derogado por el poder ejecutivo o rechazado por el Congreso Nacional.
* Fotografías gentileza Mafia.
