“Hay un clima social espeso”
El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz analiza la situación de los barrios populares y advierte: «Si no se revierte la situación socioeconómica, es imposible que no haya desborde» y califica de «deleznable» la actitud represiva de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por Franco Spinetta para Página/12
«No hay gobernabilidad con políticas represivas», dijo Juan Grabois.
“Las asambleas decidieron levantar la medida de fuerza, fundamentalmente porque hubo un llamado al diálogo de parte del Gobierno con la promesa de respuesta concretas para la semana que viene”. El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y consultor del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, Juan Grabois, aclara que la decisión de suspender el plan de lucha –que incluyó ollas populares en varios puntos del país– fue consensuado con el resto de las organizaciones que participaban.
La CTEP, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros, reclaman la aplicación de la Ley de Emergencia Social (aprobada en diciembre) y la activación de las partidas presupuestarias, sobre todo para el financiamiento del salario social complementario y el aumento del 25 por ciento de la transferencia de ingresos para programas de trabajo. “Si la ley se hubiese aplicado desde diciembre no hubiera crecido la indigencia como creció”, sostiene Grabois. Y añade: “Alguien que está en indigencia, no puede esperar. No hablamos acá de nuestro horizonte de un país con tierra, techo y trabajo para todos. Hablamos de paliativos para 2 millones de argentinos que están en la indigencia, de los cuales 600 mil fueron creados por este gobierno”.
¿Cree que la decisión del Gobierno Nacional de aceptar el pedido para aprobar la ley de Emergencia Social en diciembre era parte de una estrategia para desactivar posibles conflictos durante ese mes?
Algo de eso hay. Nosotros sabíamos que en diciembre podíamos lograr esa ley, que para nosotros es un instrumento formidable. La ley compromete al Gobierno, estamos luchando ahora para que se cumpla. Sería más difícil luchar hoy para que se vote y se reglamente. Es la estrategia que nosotros nos planteamos, no somos tontos. Sabíamos que ellos necesitaban resolver el problema de diciembre. Era la ventana temporal para conseguir esa conquista. Es importante aclarar que desde la CTEP tenemos claro nuestro rol, que no es hacer política partidaria opositora, sino representar a nuestros compañeros para que estén lo mejor posible. No queremos voltear a nadie, no lo hicimos nunca. Nuestro rol es la representación de un sector. Cuando la Argentina entra en una situación de desborde, los que pierden son siempre los mismos.
¿Qué fue lo que confluyó para se produjera una protesta tan masiva?
Hay un elemento objetivo, que es el enorme deterioro de la situación de las barriadas populares. Hubo un incumplimiento sistemático de las promesas del Gobierno. Hay una inoperancia muy grande en los cuadros intermedios del Estado, como los de Economía Social y de Empleo. Funcionan muy mal. Y después hay un elemento que no se puede obviar: el 7 de marzo participamos en la marcha junto a la CGT, queriendo canalizar el reclamo de toda la clase trabajadora. Al no darse esa circunstancia, tenemos que salir con nuestro propio programa, lo cual no implica que les faltemos el respeto a los dirigentes sindicales, porque entendemos que hay que respetar los ámbitos orgánicos de los sindicatos, que tienen sus propios equilibrios. Juan Carlos Schmid (integrante del triunvirato que dirige la CGT) es un hombre integro, que hace lo mejor que puede. Se puede equivocar, claro. Eso no quita que para nosotros haya un clima social espeso.
Dadas las circunstancias, ¿cree que la Ley de Emergencia Social llegará a aplicarse este año?
Esperemos que sí. Ahora, la eficiencia en la implementación va a necesitar de mucho esfuerzo. Al contrario de lo que se creía, en el Gobierno son muy hábiles en la política, pero muy malos en la gestión. Miran la vida a través de una planilla de Excel; sin embargo los problemas no son expedientes y papeles. Hay muchos problemas de gestión porque no tienen experiencia ni compromiso para trabajar en el día a día.
Si se aplicara la ley hoy se reduciría un 60 por ciento la indigencia. Serían 250 mil salarios complementarios, un millón de personas que saldrían de esa situación, lo cual no quiere decir que vayan a estar bien. Es un punto de partida y ese es el efecto inmediato: el efecto socioeconómico es una reducción drástica. Por eso nosotros planteamos que sea con trabajo y dignidad.
No puede haber objeción a eso, pero obviamente tiene un costo fiscal y se tiene que compensar con los sectores ricos. Acá la política económica está al revés: hay un derrame inverso. Los sectores populares hemos perdido seis puntos del PBI. Hablamos de sectores sensibles: la construcción, textil, cartón y papel. La economía popular tuvo una caída brutal. Ha caído mucho el consumo de leche, es terrible. Hay una transferencia ingreso desde los sectores populares hacia los más ricos. No es que se achicó la torta, hay una redistribución regresiva del ingreso. Y tampoco es que antes, en el gobierno anterior -a nuestro humilde criterio- hubiera una distribución del todo virtuosa.
Usted dijo que “hay alguien que no la autoriza a Carolina Stanley a ejecutar las partidas de su ministerio”¿Cree que hay una interna?
No me cabe la menor duda de que hay una interna. Hay sectores que quieren resolver esto con represión, como Patricia Bullrich, quien ha tenido expresiones deleznables contra las organizaciones. Es una provocación que echa nafta al conflicto. Y por otro lado, Carolina Stanley tiene noción y la intención de resolver esto de la mejor manera. Pero el Estado es uno solo, las políticas públicas se deben concretar.
Nadie me va a convencer de que en el Gobierno de Macri son todos mala gente, como tampoco en el gobierno de Cristina eran todos buenos: había corruptos, detractores, discriminadores y hasta represores.
¿Teme que prevalezca la mirada represiva?
No hay gobernabilidad posible en la Argentina con una política de represión. Se cavarían su propia tumba. Ya pasó con Duhalde.
Usted describe una situación acuciante, con pérdida de empleos, aumento de la pobreza y nula reacción del Gobierno. ¿Hasta dónde piensa que podría tensarse esa cuerda?
Si no se revierte la situación socioeconómica, es imposible que no haya desborde. Por más que las organizaciones hagamos el máximo de los esfuerzos, nos van a llevar puesto a todos. Las necesidades son elementales, muy básicas, son cientos de miles de personas que por suerte en la Argentina son conscientes de sus derechos. Estamos en un momento en el que el gobierno tiene una oportunidad de cambiar el rumbo equivocado.
¿Cree que lo va a hacer?
Yo creo que el destino lo define la lucha de los pueblos. Estaríamos peor si la organizaciones no lucháramos por los derechos.
*Por Franco Spinetta para Página/12 / Fotos: Colectivo Manifiesto
