Piquetes, asambleas y ollas populares
La CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa harán este miércoles cortes de calles en 300 puntos del país para exigir la inmediata puesta en marcha de la Emergencia Social. En diálogo con Página/12, sus referentes explican los motivos y los objetivos de la protesta.
Por Miguel Jorquera para Página/12
Los movimientos sociales que impulsaron la ley de Emergencia Social –CTEP, CCC y Barrios de Pie– lanzaron un plan de lucha para reclamar la implementación inmediata de la norma el mismo día en que el Gobierno finalmente decidió promulgarla, tres meses después de que el Congreso la sancionara.
Este miércoles habrá ollas populares, asambleas y cortes de calles en 300 puntos del país. Sus referentes –en diálogo con Página/12– advirtieron que desconfían de las intenciones del gobierno de Cambiemos y afirmaron que la promulgación fue una “jugada de marketing” para contrarrestar las cifras del Observatorio Social de la Universidad Católica, que dan cuenta de que la política económica oficial generó 1,5 millón de nuevos pobres y 600 mil nuevos indigentes en apenas quince meses de gestión. Los dirigentes sociales sostienen que la emergencia se agravó, que la situación es crítica en los comedores barriales, donde dan de comer a decenas de miles de niños, y que la desnutrición infantil comienza a hacer estragos, “ante la desesperación de la madres porque sus hijos se van a dormir a la noche sin haber llevado nada al estómago”.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie: “Hay un deterioro social enorme”
-¿Por qué decidieron lanzar un plan de lucha?
–Básicamente, porque nosotros creemos que hay un deterioro social enorme, que se expresa en las cifras de la UCA vinculadas al millón y medio de nuevos pobres, que se profundiza cuando se mira a los más pibes: entre los menores de 14 años, la mitad de los pibes son pobres. La indigencia también se dispara afectando prácticamente al diez por ciento de los chiquitos en la Argentina. Esto le impone un enorme riesgo de futuro para el país que estamos construyendo y esa situación genera un contexto de enormes dificultades ante un Gobierno que no termina de dar cuenta del deterioro que se está viviendo. Todo este escenario nos encuentra ante grandes dificultades sociales frente a políticas públicas con las que busca ajustar por todos lados.
–¿De qué manera?
–Para nosotros existe una profundización muy marcada desde principios de año en busca de achicar el déficit fiscal sólo achicando el gasto social. Como se intentó recortar con la modificación de la fórmula de cálculo del aumento para los jubilados y pensionados para que fueran a la baja, sumado a los distintos recortes en los programas de empleo y al proceso de la ley de emergencia social, que luego de ser apoyado por un enorme consenso en el Congreso, el Gobierno debiera haber reglamentado de manera inmediata y tardó cuatro meses para hacerlo y seguirá estirando su implementación. Lo que nosotros ponemos en discusión es que en la Argentina hay emergencia social y que se requiere de manera inmediata trasladar los recursos necesarios para atender a esta población, construir un registro de trabajadores de la economía popular, incorporar el salario social a centenares de miles de familias. Pero no vemos esa voluntad de parte del Gobierno.
«Vemos una disparada de la cantidad de gente que concurre a los comedores. También se expresa en un relevamiento nutricional que nosotros hacemos en los chicos, donde prácticamente la mitad padecen situaciones de mal nutrición producto de la dieta donde no ingieren proteínas, carnes ni leche y que se reduce prácticamente al guiso y al mate cocido».
–¿Cómo perciben el incremento de la pobreza en su trabajo diario?
– Lo que nosotros percibimos es que, por un lado, viene más gente a buscar incorporarse a los programas sociales, tener acceso a una posibilidad de supervivencia, en las distintas cooperativas, en programas que realizan nuestros movimientos. Todo esto sumado a la situación de los comedores. Vemos una disparada, desde hace un año largo, de la cantidad de gente que concurre a los comedores. También se expresa en un relevamiento nutricional que nosotros hacemos en los chicos que vienen a nuestros comedores, donde prácticamente la mitad de los chicos que concurren padecen situaciones de mal nutrición producto de la dieta donde no ingieren proteínas, carnes ni leche y que se reduce prácticamente al guiso y al mate cocido. Esa falta de nutrición de los pibes y la falta de laburo en las familias contribuye y explica el crecimiento de la pobreza que se vive en los barrios.
–¿Cuáles son las expectativas sobre las respuestas que debería dar el Gobierno?
–Creemos que hay que construir un gran bloque social que ponga en debate en la Argentina la política económica. Mientras no se discuta eso y no se construya ese espacio de articulación entre el movimiento obrero, la CGT, los movimientos sociales y se pueda cuestionar de plano la política económica que genera incremento en los despidos, que aplica tarifazos sobre las pymes generando mayores dificultades de empleo, que genera una apertura en las importaciones que complica y pone en crisis al empleo. Y si no hay empleo en la Argentina, hay mayor pobreza y si hay pobreza va a ver mayores dificultades sociales. Entonces hay que construir un gran bloque social que haga comprender al Gobierno que las enormes ganancias para los sectores más ricos de la Argentina tienen que ponerse en discusión y comprender que no es viable un país como el que ellos pretenden. Un cuestionamiento absolutamente necesario, porque se les va la vida a millones de familias y especialmente a los niños, entre los que según todas las estadísticas se agrava el deterioro social.
Gildo Onorato, de CTEP: “El Gobierno no escucha”
–¿Por qué lanzaron un plan de Lucha?
–Teníamos resuelto desarrollar para el día 13 una asamblea en Plaza de Mayo, con debates, paneles. Pero después de revisar lo que sucedió en la marcha de la CGT con 400 mil personas que reclamaron una medida de fuerza más firme que la que el consejo directivo mencionó y de lo que venían planteando nuestras asambleas populares en las barridas, decidimos intensificar el tenor de la actividad pasar a un plan de acción más duro teniendo en cuenta las dificultades que hay en el territorio, en el tejido social. Existe una situación en que los trabajadores exigen más firmeza con el Gobierno, tanto a la CGT, a los gremios y a nosotros también nos pasa, por eso decidimos acciones en 300 puntos del país que incluirán ollas populares, cortes de ruta y asambleas en las veras de las calles porque la situación es muy dura.
–¿Cuáles son los planteos?
–Los grandes incumplimientos en los programas de infraestructura social, con una demora de cinco meses y lo que significa que hay compañeros sin trabajar. De los diez programas de vivienda, siete están parados o sin empezar. Hace tres meses y medio que el Estado no hace llegar la leche para los comedores escolares. Sumado a la problemática estructural de despidos, inflación, donde el índice de la canasta familiar para no caer en la pobreza está en 13 mil pesos, y nuestros compañeros cobran 5 mil… No vemos una situación macro que mejore.
–¿Los acuerdos previos a la sanción de la ley de Emergencia Social no se han cumplido?
–Se cumplieron parcialmente con los aumentos en los planes y el aguinaldo social, pero la situación previa es muy grave. Está claro que la publicación el viernes de la Emergencia Social es un golpe de efecto para contrarrestar los datos de la UCA, donde se demuestra cómo han crecido los enormes índices de pobreza e indigencia. Hay un deterioro importante del tejido social.
«Hace tres meses y medio que el Estado no hace llegar la leche para los comedores escolares. Sumado a la problemática estructural de despidos, inflación, donde el índice de la canasta familiar para no caer en la pobreza está en 13 mil pesos, y nuestros compañeros cobran 5 mil».
–¿La implementación tardía de la emergencia solo alcanzaría para paliar la actual situación de los sectores socialmente vulnerables?
–Siempre hemos dicho que la ley es un paliativo, respondía a una situación de emergencia en diciembre, hoy a mediados de marzo la situación se agravó aun más. Recién hoy el Gobierno reglamenta una norma en la que no está claro cómo se van a designar los fondos para crear los 400 mil salarios sociales complementarios.
–¿Cuál es la situación en los barrios?
–Es muy grave. En los comederos aumenta la cantidad de pibes, los precios y los despidos también. Por eso nosotros hacemos lo que nos piden las asambleas de barrio, que son nuestro termómetro a la hora de evaluar las condiciones en el territorio.
–¿De qué manera se agravaron las condiciones?
–En el transcurso de 2016, nosotros dábamos asistencia a 120 mil pibes nuevos con respecto a 2015. De diciembre hasta acá hay otros diez mil pibes nuevos. Ese es un dato concreto. Si seguimos a este ritmo, con el incremento de la pobreza en cuatro años del gobierno de Macri, de acuerdo a los datos de la UCA, en 2019 vamos a estar en el 50 por ciento de pobreza. Hay una situación de gravedad y mucha preocupación y el problema es que el Gobierno no escucha, relativiza los problemas, no se hace eco de las representaciones institucionales que de una forma u otra intentan alertar y buscar caminos de resolución.
–¿Qué expectativas tienen sobre las respuestas que le reclaman al Gobierno?
–Hemos participado en las instancias institucionales y lo seguiremos haciendo en las que nos convoquen, pero nosotros vamos a endurecer nuestra postura porque el crecimiento de la pobreza nos da la razón para exigir que el Gobierno cambie el rumbo económico, que está destruyendo el tejido social: clubes de barrio, sociedad de fomento, pymes, talleres de construcción y costura, se agrava la situación de los trabajadores rurales y aumenta el éxodo hacia la ciudades. Pero el Gobierno cree que todo tiene un color político, y la verdad es que los movimientos que estamos en la CTEP, la CCC y Barrios de Pie tenemos distintas procedencias ideológicas y, sin embargo, vemos los mismos problemas: el Gobierno no puede acusarnos de partidismo.
Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa: “La juventud está desprotegida”
-¿Cuáles son los motivos por los que decidieron lanzar el plan de lucha?
–La motivación es que el Gobierno está demorando una barbaridad. Cuando se aprobó la ley en diciembre fue por consenso y la coincidencia en que había una situación de emergencia social y esa emergencia ya se agravó. No entendemos porque no se puso en vigencia en enero de este año. En realidad, entendemos, porque pusieron trabas permanentemente, como que solo lo hicieron para sacarse un problema de encima antes de las Fiestas. Les hemos dicho a los funcionarios y ministros sobre el agravamiento de esta situación en estos meses. Nosotros tenemos mucha paciencia, pero también un límite, que es que no se agrave la situación de nuestros compañeros. Además que la ley va a beneficiar a todos, no solo a las organizaciones que peleamos para que salga.
–¿Cuáles son las respuestas que les dan los funcionarios?
–¿Desconfían de las intenciones del Gobierno?
–Vamos a una jornada nacional el día miércoles para mostrar y hacer más visible a la sociedad lo que hacemos todo el año en las organizaciones con los comedores, las copas de leche y que lamentablemente se ha agravado y nos preocupa enormemente. También el trabajo con la juventud, de la que el Gobierno habla mucho pero la deja desprotegida, porque el agravamiento social hace también que el narcotráfico haga estragos en nuestros barrios. Si no hay respuestas positivas, las organizaciones nos volveremos a reunir para ver qué plan de lucha adoptamos.
«Que se cumpla la ley va a depender de que luchemos, que estemos en la calle y no aflojemos»
–La CCC tiene un trabajo de muchos años en La Matanza, ¿cómo se agravó ahí la situación?
–La industria del calzado, que acá es de las más importantes del país, se derrumbó con despidos y reducción de personal. Cerraron pymes, había muchos frigoríficos que ahora no funcionan o lo hacen parcialmente, salvo Coto, que ha copado el mercado frigorífico en la zona. En los principales centros comerciales del municipio se pueden ver muchísimos locales en alquiler cuando hace más de un año atrás no se conseguía alquilar. Muchos de esos comercios apenas subsisten, pero ya solo con el trabajo de sus propietarios.
–¿Y en los comedores del distrito?
–El incremento ha sido enorme: tenemos comedores en los clubes y hasta una sala de salud para hacer un trabajo conjunto con los médicos y profesionales con los chicos de bajo peso, a los que se atienden prioritariamente. Se han terminado las changas, por eso muchas personas grandes volvieron a los comedores de la tarde-noche.
–¿Qué expectativas tiene sobre las respuestas que esperan del Gobierno?
–Estamos convencidos que eso lo vamos a tener que hacer cumplir ante la dureza de un Gobierno que no quiere aplicar la ley, que tampoco es la solución, pero es un parche importante, porque establece la creación de 400 mil puestos de trabajo a través de los programas sociales y pequeños emprendimientos. Que se cumpla va a depender de que luchemos, que estemos en la calle y no aflojemos, porque en mi caso y el de mi organización desconfiamos de la decisión del Gobierno de aplicar la ley. Les hemos dicho a los funcionarios que nos atienden muy bien, pero la charla sin ningún resultado positivo no sirve. Y por eso decimos también basta de mentir.
–¿Cómo se expresa esa desconfianza en su organización?
–Con reclamos, porque esto se agravó mucho y hay casos de madres solteras que están en estado de desesperación porque los chicos se van a dormir a la noche sin haber llevado nada al estómago.
*Por Miguel Jorquera para Página/12. Foto de portada: Colectivo Manifiesto.
