¿A quién cuida la policía?
Mientras un gran sector de la sociedad argentina pide más policías para sentirse segura, aumentan los feminicidios por parte del personal de «seguridad». Incumplimiento de legislaciones y flexibilidad de condiciones para ellos.
Desde hace años uno de los pilares de las campañas políticas municipales, provinciales y nacionales pasa por el tema de la seguridad. Es el pulso que siguen encuestadores y equipos políticos para evaluar los mandatos y diagramar las plataformas políticas de próximas elecciones en Argentina, pero también en Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela.
En el caso de Córdoba, el aumento del presupuesto destinado a seguridad es el que más crece: 54,5% anual a fines de 2015, contra 44,1% en salud y 9,6% en educación inicial y primaria, según investigaciones de El Llano en Llamas. Es un dinero que se traduce casi exclusivamente en el aumento de personal policial y de todos los “artefactos” necesarios para que estos actúen en pos de la seguridad, léase entre comillas: para el cuidado del conjunto de la sociedad.
El clamor social por seguridad así como las devoluciones gubernamentales en políticas traen implícito un valor: la policía nos cuida. Ahora bien, ¿a quién?
Algunos casos
En Argentina, entre el 2009 y el 2015 se registraron 116 feminicidios cometidos por uniformados, activos o retirados, según los datos revelados por la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
Durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Seguridad de la Nación se firmó la resolución 1515/2012, que sigue vigente y que prevé que al personal denunciado por violencia de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar su jornada laboral. Hasta octubre pasado, según informó a Página/12 Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, 222 efectivos de fuerzas de seguridad tenían dicha restricción. En Córdoba, las leyes de este tipo escasean.
En Argentina, entre el 2009 y el 2015 se registraron 116 feminicidios cometidos por uniformados, activos o retirados.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 Elizabeth Aguirre, Andrea Neri y María Luján Aguilera fueron asesinadas por sus parejas, todos los delitos fueron cometidos dentro de la cárcel. No sólo eso, sino que en la mayoría de los casos, los feminicidas estaban procesados cumpliendo condena por violencia de género. Llamativamente, estos casos no eran nuevos. Desde el 2009 ha habido en el país cuatro casos más en diferentes ciudades.
Hace pocos días informó Cba24N que fue encontrado en Buenos Aires Leandro Castañares, acusado de cometer cinco hechos de violación con acceso carnal en Córdoba y La Calera. La fiscalía de Tomás Casas acusó a los cabos Diego Osvaldo Bustos y Lucas Gómez, al oficial Gabriel Miranda Ércoli, y el integrante de la Unidad Judicial de La Calera, Daniel Vigil por “encubrimientos doblemente agravados”. O sea, cuatro policías están imputados por encubrir a un violador.
No es un solo policía, es toda la institución, acá y allá: el caso de Uruguay
En Uruguay, suman cinco los feminicidios en lo que va del 2017 (al momento se espera la confirmación de un sexto). Dos involucran a las fuerzas de seguridad. El pasado 30 de enero, una mujer fue a visitar a su pareja al Penal de Libertad. Él la estranguló en uno de los baños, en la cárcel. El mismo día, en Montevideo, fue asesinada Valeria Sosa, en manos de su ex pareja policía, J.A.L.M. en el Departamento de Operaciones Especiales (DOE). La mató con el arma reglamentaria, en el pasillo de entrada a su casa, frente a uno de los hijos que tenían en común. Luego llevó a los hijos a la casa de los abuelos paternos y les dijo que él se había enojado porque “mamá había hecho algo mal”.
El caso adquirió notoriedad pública por diversas razones. Valeria Sosa era bailarina de Mi Morena, una comparsa de candombe, y estaba por salir por primera vez a bailar en Carnaval. Sus compañeros y compañeras hicieron una manifestación pública en su nombre. Además, porque no se respetó el protocolo implementado en abril de 2015 también en Uruguay, que indica que debe retirarse el arma a todo efectivo policial denunciado por violencia doméstica.
Según datos del Ministerio del Interior en 2016 le fueron retiradas sus armas a 489 policías por esta razón. Pero en el caso de Valeria la policía cajoneó la denuncia que había realizado antes de ser asesinada y el protocolo no se aplicó.
La resolución tomada en torno al cuidado de los niños también es conflictiva y da cuenta de fallas. La jueza de turno Alicia Vega, resolvió a pocas horas del asesinato, que se quedaran con los abuelos paternos provisoriamente. Lo que se objetó a la jueza fue la celeridad para tomar la decisión -no está obligada a hacerlo tan rápido- y la información tenida en cuenta. Según denuncia Cladem Uruguay, “no es posible que la Jueza no haya tomado en cuenta la condición de funcionario policial del agresor y que haya tomado una decisión tan importante sólo con el informe policial”. Reiteramos: la única voz que se consideró fue la del informe policial. Esta decisión fue apelada por la abuela materna que planteó el riesgo de que sus nietos estén en la casa de los padres del asesino de su hija. Pero en los últimos días, la jueza ratificó su decisión añadiendo nuevos argumentos.
¿Y entonces?
En otras notas publicadas en la sección hemos profundizado sobre cómo el sistema patriarcal violenta sistemáticamente a aquellos y aquellas que están fuera de la norma masculina heterosexual para dominar sus cuerpos. El avance sobre esos cuerpos es un avance colonizador sobre los territorios, nuestros territorios, usando toda herramienta que sea necesaria para domesticar, dominar y controlar esas vidas. El espiral termina cuando la muerte cae como una guillotina, es la máxima expresión de violencia y de dominio sobre aquello que está fuera del asesino pero que éste quiere controlar. La subversión de quienes quieren salirse de ese lugar o bien la sensación del feminicida de perder el control incrementa esa violencia, llegando a veces a la muerte.
El asesino de Valeria Sosa le dijo a sus hijos que su mamá se había equivocado y que papá se había enojado por eso, como si fuera normal que un enojo implique hacer desaparecer al otro.
¿Qué sucede cuando a esa “sensación masculina generalizada” de tener el derecho a decidir, manipular, controlar, violar, cercenar e incluso matar esos otros cuerpos se le habilita mayor poder? ¿Qué es, sino, el incremento infinito de presupuesto del Gobierno Provincial a una fuerza de seguridad que aumenta sus efectivos y armas mas no disminuye el índices de delito? ¿Qué es sino el aumento de feminicidios cometidos por hombres que pasaron por esa fuerza o aún están en actividades? Si la decisión por quitarle el arma a un acusado por violencia de género pasa por un compañero de la misma fuerza, ¿no estamos frente a cierta concentración del poder? Si en la cárcel, el espacio emblemático bajo la supervisión de las fuerzas policiales y de seguridad, se mata a mujeres, ¿cuáles son los espacios seguros? Si un hombre viola, logra escaparse, y luego son cuatro los miembros policiales acusados de encubrimiento, ¿cuáles son entonces los espacios, organismos, leyes que sirven para proteger las vidas femeninas?
Si las fuerzas policiales están cada vez más involucradas, de diferentes maneras, en las violaciones hacia nosotras, cuando volvemos a aquel tácito valor de la policía como el agente que cuida al conjunto de la sociedad ¿es que las mujeres estamos por fuera? y entonces ¿a quién cuida la policía?
Foto de portada: Emergente
