Libres pero encerradas: femicidios en las cárceles
Elizabeth Aguirre, Andrea Neri y María Luján Aguilera son los nombres de tres mujeres asesinadas por sus parejas entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Pero estos tres casos tomaron notoriedad pública no sólo por sumarse a la lista interminable de femicidios en el país, sino que además tuvieron una particularidad: todos fueron cometidos dentro de la cárcel, y aún más, la mayoría de los femicidas estaban procesados o cumpliendo condena por violencia de género.
Llamativamente, estos casos no eran nuevos. Desde el 2009 ha habido en el país 4 casos más en diferentes ciudades. El debate público ha rondado en dos preguntas principales: ¿cómo proteger a la mujer durante las visitas privadas que, por ley, los presos poseen para resguardar su intimidad? y ¿por qué una mujer tiene una relación con un femicida que para colmo está en la cárcel por ese hecho? Vayamos por partes.
Hace unos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo, estableció un protocolo para “salvaguardar la integridad psicofísica de aquellas personas que ingresan a los establecimientos penitenciarios en carácter de visitas”. El protocolo plantea que debe ser un juez el que dictamine si los presos por violencia de género pueden recibir visitas femeninas.
Además, dispone que quienes quieran estas visitas deberán ser informadas por “personal femenino competente y especializado” de los antecedentes del preso. Si todo esto no funciona y la mujer todavía quiere visitarlo, deberá “suscribir un consentimiento informado que dé cuenta sobre las circunstancias en virtud de las cuales el interno se encuentra privado de su libertad y le permita tomar conciencia sobre el eventual riesgo que implica la visita, sin perjuicio de las medidas de seguridad de las que va a ser objeto”.
Como derecho adquirido de las personas privadas de su libertad se encuentra el de recibir visitas de sus cónyuges o parejas en privacidad absoluta, por lo que intentar un control en esa instancia es incluso inconstitucional. Por eso, la medida busca que las mujeres “entren a su propio riesgo”, poniendo la carga de la culpabilidad en ellas, si la matan, es porque ellas entraron a la visita por su propia voluntad. Y acá viene la segunda pregunta, ¿por qué quiso entrar en primer lugar?
Acá, la cuestión se vuelve más compleja. Las mujeres estamos educadas en una sociedad en donde la violencia hacia nosotras es normal y debemos aguantarla calladitas para no generar escándalo. Y no sólo eso, esa violencia es nuestra culpa, porque no supimos darle una vida cotidiana tranquila y amena, porque lo molestamos constantemente, y peor aún, porque no usamos los “trucos” que naturalmente tenemos como mujeres para cambiar a los hombres. Porque esa es nuestra principal tarea, agarrar hombres “malos” y transformarlos en “buenos”, y si fallamos, la culpa es nuestra, nunca de ellos.
Por eso nos enamoramos de hombres malos, que por amor (bajo el mito del “amor romántico”) van a cambiar, por nosotras. Por todo eso, es nuestra culpa si nos matan, es nuestra culpa si nos pegan, es nuestra culpa si nos violan.
Cualquier intento de regulación de las visitas en las cárceles pone a las mujeres en el lugar de culpables, por el simple hecho de que no busca cambiar la cuestión de fondo de la violencia, que hace que un hombre, incluso encerrado y privado de su libertad de circulación, tenga más poder que una mujer “libre” y siga siendo el que controle su vida y su muerte.
