Falsas denuncias, una falsa solución para un falso problema
El proyecto de “falsas denuncias”, que se viene instalando desde el 2022 en una de las tantas jugadas de ofensiva antifeminista, obtuvo dictamen y podría avanzar esta semana en el Senado. Cada semana nos volvemos a espantar con noticias de femicidios y crímenes de odio, de redes de pedofilia, de hombres que visitan páginas que se llaman «academias de violación», donde drogan a sus esposas para violarlas. Sin embargo, el mismo Estado argentino que desfinanció las políticas de género negando las violencias de género, busca incorporar al código penal una reforma que pretende desestimar las denuncias y garantizar la impunidad.
El Código Penal, en sus artículos 245 y 275, tipifica como delitos la denuncia falsa y el falso testimonio; sin embargo, la senadora por la UCR, Carolina Losada, junto al apoyo de un amplio lobby, presentó el proyecto de «falsas denuncias», que viene poniendo en agenda desde el 2022. Ya tiene dictamen de comisión y se espera que esta semana ingrese en el Senado para su tratamiento. Pretenden introducir un agravante de entre tres y seis años de prisión para el delito de falsa denuncia solo en el caso de violencia de género y delitos contra la integridad sexual contra niñas, niños y adolescentes.
El martes pasado, organizaciones feministas, de derechos humanos y referentes jurídicas, junto a senadoras y senadores, denunciaron públicamente las amenazas y las consecuencias que implica este proyecto que busca el “silenciamiento e impunidad para la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes, además de víctimas de violencia de género». Y señalan que se afirma que existe una epidemia de falsas denuncias de violencia de género, pero ningún organismo oficial produce esos datos.
A nivel global, según datos de la ONU, menos del 1% son denuncias falsas y, en nuestro país, menos del 3% de las denuncias penales son falsas y, en su mayoría, por delitos económicos y no por violencia de género. En Argentina, el Registro Nacional de Reincidencia de 2023 indicó que hubo 23.419 sentencias condenatorias y, para el caso de falsa denuncia, fueron 60, un 0,25 del total. Tiene que quedar claro que en nuestro sistema de Justicia ―y me arriesgo a decir que en el mundo― no se puede ir y mentir sin que haya consecuencias; así al menos lo tipifica el Código Penal. El verdadero problema es exactamente el opuesto: existe un enorme subregistro de denuncias. Hoy, apenas 1 de cada 4 mujeres víctimas de violencia se anima a denunciar. En casos de abuso sexual, la cifra desciende al 10%.
Ileana Arduino, abogada penalista especializada en género e integrante del INECIP, el martes en el Senado, advirtió que la idea del agravante resulta llamativa en el contexto en el que estamos. “Hay un uso pueril y cruel de la retractación como sinónimo de mentira. Está siendo el juicio de la causa Cuadernos y hay retractaciones todas las semanas de personas que manifiestan a viva voz haber mentido durante una investigación judicial por distintas razones. Y a nadie se le ocurriría en su sano juicio sostener que el juicio se termina automáticamente. Independientemente de lo que cada uno pueda pensar o no pensar, todas las recomendaciones de los organismos internacionales son que una retractación no puede, bajo ningún punto de vista, clausurar un proceso judicial. A nadie se le ocurriría poner un agravante de la falsa denuncia para los delitos de corrupción”.
¿Cuál es el mensaje del Estado con este intento de reforma? En primer lugar, la amenaza de persecución penal y castigo a mujeres que denuncian violencias, y también a profesionales que en su función lo hagan, que atestigüen o promuevan esa denuncia. En segundo lugar, reduce la capacidad de protección del Estado. Queda claro que están habilitando un auténtico “no te metas”, están destruyendo la responsabilidad comunitaria.
El Senado deberá dar explicaciones ―si es que eso aún cuenta como uno de los mandatos que les da el pueblo― sobre por qué ahora pretenden votar algo que contradice en su totalidad la Ley Lucio votada hace tres años, que crea el «Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes», el cual busca prevenir la violencia infantil mediante detección temprana, protocolos de actuación conjunta y la denuncia con reserva de identidad.
El año pasado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ya expresó su preocupación por este tipo de reformas y recomendó al Estado argentino no avanzar con modificaciones que desalienten las denuncias o menoscaben la credibilidad de las víctimas.
Una falsa solución para un falso problema
No debería ser un problema que una mujer pida ayuda si está viviendo un acoso o algún tipo de violencia, o si un hijo/a atraviesa alguna situación que ponga en riesgo su integridad. El problema es que se pide poca ayuda porque las barreras son muchas; esto es algo que fue cambiando con el paso de los años y el trabajo de la militancia feminista. Hasta no hace tanto, se hablaba de crimen pasional, de situaciones del ámbito privado, de violencia familiar. Se tuvo que sensibilizar en que la violencia no es mandato, no es natural ni tiene que ser aguantada, sino que es un problema del que podemos salir. Y que se puede buscar ayuda. Progresivamente, se fue construyendo un marco normativo con instituciones y programas para dar respuestas, a tono con tratados y convenciones internacionales.
Sin embargo, las respuestas reaccionarias a los derechos de las mujeres y en cuestiones de género y disidencias están a la orden de la ultraderecha en todo el mundo, que se viabiliza a través de espacios políticos, lobbies evangélicos, fundaciones antiderechos, cuerpos legislativos y espacios partidarios que dan luz verde a estas políticas antifeministas.
María Carrizo es abogada y exsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Catamarca, y hoy integra la Guardia Feminista de Católicas por el Derecho a Decidir. En diálogo con La tinta, anticipa que este proyecto se presenta como un nuevo y peligroso obstáculo para quienes buscan justicia.
La Guardia Feminista no es un estudio jurídico tradicional, sino un equipo federal, intercultural e interdisciplinario de litigio estratégico que integran abogadas en nueve provincias desde 2017 y que trabajan de manera coordinada para democratizar leyes que involucran derechos de las mujeres, sobre todo, derechos sexuales y reproductivos, desde un paradigma de género y derechos humanos. Además del litigio, realizan formaciones al Poder Judicial y construyen incidencia política.
Me interesa lo que desde este espacio tienen para decir sobre el proyecto de falsas denuncias, justamente porque tienen la experiencia del trabajo territorial y, en ese sentido, conocen las particularidades de cada uno. María, que está en Catamarca, remarca algo central: “Nuestra provincia tiene mujeres de la ciudad, de la ruralidad y de pueblos originarios. Esa diversidad de realidades, culturas y formas de habitar nos atraviesa. El acceso a la justicia no es el mismo para una mujer del Valle Central que para una mujer indígena de montaña o una campesina en el interior profundo, y, desde allí, veo a diario cómo las barreras de acceso se multiplican en provincias más pequeñas, donde el Poder Judicial está más concentrado y los discursos antiderechos tienen fuerte arraigo”.
Para ellas, el proyecto de falsas denuncias atenta contra las víctimas porque invierte la lógica de la protección. En lugar de priorizar la credibilidad de la palabra de quien denuncia (como lo establecen los tratados internacionales de derechos humanos), el proyecto instala una sospecha generalizada sobre la víctima.
“Jurídicamente, esto es gravísimo porque ya existe una figura penal para la falsa denuncia desde el siglo pasado y es un delito doloso. Lo que hace este proyecto es crear un tipo penal ‘especial’ para delitos de género y abuso sexual. En la práctica, esto funciona como una extorsión procesal o un amedrentamiento: la víctima, ante la dificultad probatoria que caracteriza a estos delitos (que ocurren en la intimidad del hogar y sin testigos), se enfrentará al dilema de ‘denunciar y arriesgarse a ir presa si no logra reunir pruebas suficientes’ o ‘callarse’. Las especialistas que forman parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará advierten que el mensaje final es que ‘te quedes callada'», detalla Carrizo.
El contexto de agravamiento de la violencia
Este proyecto no surge en el vacío. Si la falsa denuncia es por robo, estafa, corrupción o cualquier otro delito, la pena es menor. ¿Qué devela esta saña contra las mujeres? Esta desigualdad en las penas es un mensaje disciplinador que sucede en medio de una ofensiva política y mediática contra el feminismo. Para la abogada de la Guardia Feminista de CDD, “es funcional a un plan de ajuste y desmantelamiento del Estado. Al mismo tiempo que se intenta criminalizar a la víctima, se vacían los presupuestos de las áreas de género y se desfinancian los programas de asistencia y prevención. Este proyecto no va a detener a los violentos, va a garantizar su impunidad. Si las víctimas dejan de denunciar por miedo a ser penalizadas, estamos condenando a que los abusos sigan ocurriendo en la oscuridad de la casa. La única entidad que ganará con esta ley son los agresores y los sistemas patriarcales que los protegen”.
Lo que está en juego no es «castigar a mentirosas», sino perpetuar el silencio. Por eso, desde los organismos de derechos humanos y el feminismo rechazan esta ley. “No queremos más leyes que nos criminalicen. Necesitamos justicia real, rápida y con perspectiva de género para todas. Penalizar aún más un fenómeno marginal no ataca la raíz del problema. Lo que realmente necesitamos son políticas de prevención con presupuesto, un Poder Judicial con perspectiva de género y herramientas para eliminar las barreras procesales, no crear una nueva espada de Damocles sobre las víctimas”.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Diana Segado para La tinta.
