Falsas denuncias por violencia de género: un proyecto para criminalizar
En lo que va de esta semana, en 24 horas, hubo dos femicidios en la provincia. Una de ellas había denunciado y tenía restricción, botón antipánico y consigna policial. No alcanzó. Sin embargo, en el marco de la agenda antigénero que existe, la senadora de JxC, Carolina Losada, presentó el proyecto de ley con apoyo de LLA y el ministro Cúneo Libarona para agravar las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género. ¿Creen que les importa en realidad prevenir femicidios, abusos sexuales? Por supuesto que no. Analizamos con la abogada Rocío Garro de qué se trata este intento de disciplinamiento.
“Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente”, afirmó el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, defensor del condenado por abuso sexual, exgobernador de Tucumán, Alperovich. Esto fue la semana pasada, en la presentación en la Cámara Alta del proyecto de ley que obtuvo dictamen y que busca penalizar falsas denuncias por violencia de género para modificar el Código Penal de la Nación. «Apunta a penalizar la mentira, la estafa contra la justicia, para que la justicia sea realmente más transparente y equitativa e igual para todos», indicó la autora del proyecto, Carolina Losada, senadora santafesina por JxC, quien invocó al “verdadero feminismo”, diferenciándolo del “hembrismo”. También estuvo presente el senador por LLA, Juan Carlos Pagotto, el abuelo de Lucio Dupuy y Andrea Guacci, del “Frente de mujeres contra las falsas denuncias”.
Quienes niegan la violencia de género quieren agravar las penas para las “denuncias falsas” en esos casos. ¿Cuántas causas de ese tipo existen? No se presentó ni un solo dato estadístico y, en cambio, llevaron a una joven cordobesa con un testimonio de arrepentimiento por denunciar a su padre de abuso desde los 6 años hasta los 10. Con su madre al lado, habló en una situación de exposición y revictimización muy compleja. Este hombre fue condenado por abuso sexual con acceso carnal continuado, triplemente calificado, con pruebas contundentes e, incluso, “el propio abogado defensor, Darío Vezzaro, pidió su condena, pero solo por el delito de abuso simple”, detalla en esta nota la periodista Digón que accedió al fallo.
Esta semana, Celeste Cid usó sus redes sociales para contar que hace 20 años es acosada por un hombre que le envía mensajes amenazantes, fotos y videos desde que tenía 15. “Estamos a la espera de que un juez vea la gravedad del comportamiento sistémico”, indicó. Tiene restricción, pero esta persona se le presentó en Uruguay. “¿Por qué, en vez de darle un botón antipánico a la mujer, no se le pone una pulsera con localización a quien acosa para saber si efectivamente está cumpliendo la perimetral?”, publicó.
También esta semana en la provincia, en 24 horas, hubo dos femicidios. Uno de los casos con botón antipánico y consigna policial.
Algunos datos concretos y alarmantes
Según el informe El laberinto de la desinformación en el sistema penal y las violencias de género, con autoría de Ileana Arduino, Julián Alfie y Celeste Pousa del INECIP, correspondiente a noviembre de este año, indicaron que “entre 2011 y 2023, apenas 1 de cada 10 casos de violencia de género llegó a juicio oral en la Justicia nacional. Más del 80% de los casos terminaron en sobreseimientos, archivos o prescripciones. No se produce información sistemática sobre ingresos y salidas de casos ni su resolución”.
Según un informe del Ministerio Público Fiscal (MPF), “se estima que, en los casos de abuso sexual en las infancias (ASI), se denuncian solo el 10% y, de ellos, se condenan menos del 1%. De cada 1000 de esos abusos que se cometen, se condena solo uno”. Además, en la mayoría de las causas de ASI, se encuentra que «no hay prueba suficiente» y que, en general, “lxs niñxs están influenciadxs por el discurso materno (SAP)”, tal como se presenta en esta investigación del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
Acceder a datos no es fácil. Recién en el año 2008, la jueza Elena Highton de Nolasco inauguró la Oficina de violencia doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que recopila y organiza información sobre casos de violencia doméstica en todo el país y elabora informes estadísticos. En 2023, recibió 606 denuncias de mujeres por violencia sexual, dos afectadas por día (que denunciaron) y el tiempo promedio de vínculo con los denunciados fue de 10 años.
Con la fuerza del Ni Una Menos, en 2015, se creó el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” para dar a conocer el Registro Nacional de Femicidios, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. “Hay 1 femicidio cada 31 h en el país. En el 85% de los casos, el femicida pertenecía al círculo íntimo de la víctima, el 63% de los casos tuvieron lugar en la vivienda de las víctimas y 2 de cada 10 de las víctimas de femicidio habían realizado, al menos, una denuncia, y 1 de cada 10 víctimas tenían una medida de protección judicial”.
Con estos datos publicados, con este panorama, ¿por qué hacer hincapié en “denuncias falsas” de mujeres en situación de violencia, acoso o jóvenes y niñxs abusadxs?
En diálogo con la abogada Rocío Garro, coordinadora del Área de Litigio de CDD Argentina y de la Guardia de Abogadas, para analizar lo que pone en escena este proyecto de ley. “El caso de la joven cordobesa que se muestra arrepentida de denunciar a su padre por abuso ilustra con claridad la intención de este proyecto que pretende legislar desde los casos particulares y eso es un error porque, para la casuística, están los jueces que resuelven casos concretos, no los legisladores que plantean normativas generales”.
El proyecto sostiene un aumento de pena para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, ambos ya están tipificados en el Código Penal. Si es un delito que ya está tipificado con penas, ¿por qué es agenda? La “novedad”, además del incremento de la pena, es la especificidad de legislar sobre cuestiones de violencia de género. “Ambos delitos tienen penas pequeñas y eso los hace excarcelables. La propuesta, que encabeza Losada, lleva a una pena de entre 3 y 6 años a mujeres que hagan “falsas denuncias”, y en caso de haber una condena que no sea excarcelable. Se pretende la prisión efectiva de esencialmente mujeres que hagan estas “denuncias falsas”. Estamos ante un proyecto punitivista y demagógico porque no resuelve el problema atacando el origen, que podría ser el mal funcionamiento de la Justicia, sino que sanciona a quien denuncia. Históricamente, la propuesta de la derecha es agravar las penas”, sostiene la abogada.
Tomar la decisión de denunciar nunca ha sido fácil para las mujeres y diversidades, vivir en la soledad y el silencio de las violencias es muy duro, también tener miedo por saber que te van a juzgar, quedarte sin nada, los tiempos largos de la Justicia. Muchas veces, se demora mucho tiempo en hacerlo y eso también es cuestionado. “No será para tanto”, le dijeron a muchas cuando iban a denunciar. Se trabajó muchísimo desde los feminismos para cambiar y concientizar sobre la violencia de género, y que existan espacios de escucha sin ser juzgadas y que se investigue para que no sean las víctimas quienes abandonen por encontrarse con un sistema de justicia inaccesible, que se les vuelve hostil o no da respuestas. Pongo nuevamente el caso de Celeste Cid o al lamentable femicidio de la mujer que tenía al policía en su puerta.
Para Garro, este proyecto “busca desalentar las denuncias, estamos hablando de casos de violencia de género, que se producen en la intimidad, se producen sin testigos, son casos extremadamente difíciles de probar y sabemos que algunos no llegan a ningún lado. Una vez más, la credibilidad de las mujeres está a prueba. Y termina siendo una herramienta más para que los varones violentos digan: ‘Me denunciás y después yo te denuncio por falsa denuncia’. Es una operación mediática para ir en contra de los avances del feminismo. Es problemático, pero no casual habilitar este tipo de discusiones en el marco de este gobierno, que trata de hacernos retroceder a las feministas desde todos los ámbitos”.
Está claro que a este proyecto no le interesa la violencia que sufren mujeres y diversidades, si no, apuntaría a mejorar el funcionamiento de la Justicia, acortar los tiempos, etc. Por el contrario, busca criminalizar a las víctimas. El problema no son las personas que hacen denuncias, es un derecho de cada persona hacer una denuncia y es competencia de la Justicia evaluarlo, de manera que ya existen los instrumentos para resolver si existiera una falsa denuncia.
“En el Código Penal, se establecen penas que van variando, hay algunas más altas y más bajas. Se supone que hay una relación entre el bien jurídico protegido y la pena: a mayor protección del bien jurídico, mayor protección. ¿Por qué se elige proteger las “falsas denuncias” por violencia de género en este momento que reina el lawfare en los tribunales y no se busca castigar las falsas denuncias por corrupción? También podríamos hablar de las instituciones que controlan a los jueces, del Consejo de la Magistratura, pensar en reformas estructurales en ese ámbito, pero no en criminalizar a una persona que busca acceder a la justicia. No cabe dudas sobre cuál es la escala de valores. Se sostiene con la idea misógina, fascista y vetusta de la mujer mendaz, exagerada, que tanto al feminismo nos ha costado desandar”, explica la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir.
Estamos ante un proyecto que responde a la reacción conservadora antiderechos, que está sucediendo en el mundo entero y que, particularmente en el país, y como bien dice Garro, “es parte de la embestida sistemática que están haciendo contra el feminismo, que, como lo ha definido el presidente Milei, entiende que es el enemigo”.
*Por Verónika Ferrucci para La tinta / Imagen de portada: Senado Argentina.
