El Estado asesina una persona cada 25 horas
La abogada María del Carmen Verdú resume el informe anual sobre represión institucional que elaboró la CORREPI. Las principales víctimas son los jóvenes. El gatillo fácil, las muertes carcelarias y los femicidios causados por miembros de fuerzas de seguridad.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional -CORREPI- presentó el pasado 2 de diciembre en Plaza de Mayo el informe anual de casos de víctimas asesinadas por el aparato represivo del Estado. María del Carmen Verdú, abogada y referente de la organización, en diálogo con ANCCOM, analizó los resultados de la documentación.
¿Qué resultados obtuvieron luego de un año de sistematización de casos de represión institucional?
Lo más significativo es el salto enorme que se ha producido, en todas las modalidades de aplicación de la política represiva del Estado –crímenes por gatillo fácil, asesinatos en cárceles, tortura, etc- en un lapso tan breve de tiempo.
Un dato a tener en cuenta es que si se observa la evolución de los casos desde el año 1983 hasta ahora, se encuentran varios momentos en los que se producen “saltos” importantes que, no casualmente, coinciden con los procesos de profundización de la crisis económico-social. Lo que llama la atención este año es que en un período de diez meses y medio de gobierno macrista, se incrementó el promedio record del gobierno anterior registrado por día de gestión. Con el gobierno de Cristina Kirchner se producía un asesinato cada 28 horas, ahora con Macri se produce uno cada 25. Otra cuestión a tener en cuenta es que a los Kirchner les costó diez años pasar de tener una muerte cada 30 horas a una cada 28, a Macri sólo 10 meses y medio.
Cuando presentamos el informe de 2015, llegamos con menos de 200 casos registrados, actualmente ese número está oscilando en 280 porque hay muchos casos que llegan después de la publicación del archivo por la repercusión que tiene. En lo que va de 2016 registramos 259 casos. Otro ejemplo que permite graficar este incremento, es que hasta el año pasado recibíamos un promedio de dos a tres consultas semanales vinculadas con detenciones arbitrarias, hoy estamos en un promedio de dos a tres consultas por día. Es siete veces más. Y más de la mitad de los muertos no son personas que están presas porque alguien los acusó de un delito, sino que son los pibes levantados en la calle, detenidos arbitrariamente.
¿A qué factores atribuís el aumento de la represión institucional por parte del gobierno nacional?
Nosotros sostenemos que las políticas represivas que administran los gobiernos de turno son una necesidad instrumental. La administración de la represión está directamente vinculada a dos factores: por un lado, la necesidad concreta en la etapa, es decir, la situación social, la coyuntura, etc. Por otro lado, las características propias, el perfil, que va a tener cada gobierno.
¿Por qué Macri necesita dar este salto? Por el salto que dio en materia de ajuste. El año pasado nosotros cerramos la presentación del archivo realizando un pronóstico en el cual decíamos que gane quien gane se venía una etapa de ajuste y represión. Que iba a ser más explícita si ganaba Macri, y que iba a tener características de disimulo si ganaba Scioli. La represión es una necesidad para sostener miles de despidos en el sector privado y estatal, una inflación que se come el salario, los tarifazos. Hubo un fallo histórico de enero en que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad anunció que ya no necesitaban saber el motivo de una detención, que si la policía quería parar a alguien que lo haga libremente. Hay otro dato significativo: el mismo Estado tuvo que contratar muchísimos abogados para aumentar el plantel de la División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación que son quienes defienden a los integrantes de la fuerza -prefectos, gendarmes- implicados en procesos penales motivados por “actos de servicio”, que no son actos cualquiera sino de gatillo fácil, muerte en cárceles, etc. A medida que aumenta el número de efectivos en las calles, aumentan también el número de causas. Es directamente proporcional. El archivo lo muestra: ha aumentado del año pasado a este la incidencia de gendarmes en los crímenes, y sucedió porque ahora los barrios están ocupados por éstos.
¿Cuáles son los delitos más comunes que lleva adelante el Estado en estas muertes que se cometen cada 25 horas?
En el 47% de los casos corresponde a fusilamientos en la vía pública, es decir, gatillo fácil. Por esto decimos que la principal causa de muerte a manos del Estado es caminar por el barrio con pinta de joven y pobre.
La segunda causa es estar preso: el 39% son muertes en lugares de detención (cárcel, comisarías, institutos de menores, interior de patrulleros, etc). Finalmente, y con bastante diferencia en los porcentajes, vienen las otras modalidades como por ejemplo, las desapariciones forzadas. Lo que nunca habíamos hecho, hasta este año, era indagar qué implicancias tiene eso en el universo mujeres. En primer lugar porque, en relación al total, el 90% de los muertos en cárceles son hombres ya que la población femenina en el sistema penitenciario es mucho menor. Sucede lo mismo con el gatillo fácil: los que se juntan en las plazas son, generalmente, los pibes. La dinámica de las mujeres en los barrios es distinta. Al desagregar el total del 100% de casos de víctimas mujeres, el 66% es por femicidios en los que el homicida es a la vez miembro de las fuerzas de seguridad. Luego, aparece con un 19% el gatillo fácil y con un 10% la muerte bajo custodia. Es decir, que si sos mujer el mayor riesgo de que te mate un miembro de la fuerza, es que sea tu pareja, expareja, cuñado, padre, hermano, etc. Este dato es muy significativo porque a su vez confirma las estadísticas que obtiene la Casa del Encuentro, que dicen que uno de cada cinco casos corresponden a miembros de las fuerzas de seguridad, es decir el 20%. No hay ninguna otra ocupación laboral o profesional que tenga ese grado de incidencia.
¿Por qué la juventud es sujeto de la represión institucional?
En el 49% de los casos, los asesinados son jóvenes de entre 15 y 25 años.
A su vez, hay que pensar ¿dónde está la esperanza de cambio? Por un lado, si hay un sector clave en la gestación de cualquier posibilidad de cambio social, está en los jóvenes: ellos son quienes tienen la potencialidad de la protesta, del reclamo, la necesidad de organización, etc. Por otra parte, para que el disciplinamiento sea eficaz, tiene que ser desde la cuna.
Una compañera, Delia Garcilazo, mamá de un chico asesinado en 1992, siempre dijo: “A los pobres los tienen que adoctrinar desde la cuna”, porque si vos desde chiquitos les enseñás que cuando viene un policía caminando por la vereda en el barrio es mejor que agache la cabeza, que se mire la punta de los pies, que no sostenga la mirada, que se “haga invisible” le enseñas quién manda y así el disciplinamiento se hace efectivo.
¿Cómo trabajan ustedes en los barrios?
En realidad CORREPI nace ya vinculada con el trabajo en los barrios, porque desde la génesis siempre estuvo el contacto directo con la familia, con los hechos concretos. El núcleo fundante está integrado por vecinos y vecinas de los barrios a los cuáles habíamos llegado a través del fusilamiento de un chico en la calle, de otro asesinado en una comisaría. No es que fuimos a los barrios sino que siempre estuvimos, desde ya que por cuestiones de recursos, de brazos, uno no puede estar en todos lados, pero de a poco CORREPI fue creciendo.
Este año tuvimos un crecimiento importante de jóvenes y también adultos que se fueron incorporando y por este crecimiento estamos en condiciones de planificar más ordenadamente la intervención territorial. Actualmente tenemos catorce equipos, de los cuales diez funcionan en provincia de Buenos Aires y los otros cuatro en Capital. Los equipos tienen la tarea fundamental de la intervención territorial. Esto lo desarrollamos por dos vías, la primera son nuestros propios compañeros, sobre todo quienes son familiares de víctimas, quienes se referencian naturalmente en el barrio porque las familias que no saben a quién recurrir, van a quienes ya transitaron por una situación similar. La segunda vía, igual de fundamental, es la coordinación con las organizaciones sociales que tienen desarrollo territorial en el barrio. Por medios de estas dos herramientas realizamos formaciones, actividades, campañas, asesoramiento. Estamos planificando para el año que viene comenzar a tener intervención nacional a través de algunos colabores que estarían interesados.
¿Cómo proceden las familias a la hora de denunciar crímenes de gatillo fácil?
Eso depende del caso. Nosotros tenemos registrados 4.960 casos, pero solo logramos intervenir en cien o doscientas causas en los últimos treinta años. No es nada. Hay muchos casos de los que no nos enteramos. Otros en los que no nos podemos contactar. Quienes se organizan en CORREPI no llegan a ser más de 50 ó 60 familiares. A veces, las familias no quieren realizar la denuncia o el proceso judicial, principalmente porque tanto los crímenes de gatillo fácil como las muertes en lugares de detención afectan a los sectores más vulnerables. Es allí donde se presenta una combinación de factores desmovilizantes: el primero es la situación material que dificulta muchísimo. A esto se suman las políticas represivas con contenido de control social (detenciones arbitrarias, gatillo, tortura, etc) que tienen dos características definitorias: por un lado, la invisibilidad hacia afuera de la clase que las padece y, por el otro, la naturalización hacia adentro. Nos ha pasado en actividades que hacemos en los barrios que se acercan familias y nos cuentan casos que sucedieron el año pasado, por ejemplo, y cuando les preguntamos qué hicieron, nos dicen “no, nada, si contra ellos no se puede”. Esto demuestra que funciona efectivamente el disciplinamiento. Ahora bien, los casos que nos llegan, la mayoría es mediante el contacto a un familiar referenciado en un barrio.
En otras entrevistas has declarado que la represión institucional es necesaria en democracia ¿A qué te referís?
En primer lugar es necesaria en cualquier sistema de gobierno que administre un Estado dividido en clases, aunque sea democracia o dictadura. Van a tener características diferentes porque la medida de la represión la determina la necesidad concreta que enfrenta en esa etapa ese gobierno específico. Si te encontrás en un escenario de lucha de clases muy avanzada, con organizaciones obreras clasistas, con una alianza obrera-estudiantil, incluso con organizaciones revolucionarias y algunas armadas, como pasó en los 70′, vas a necesitar el terrorismo de Estado para destruir todo eso, no te va a alcanzar con el control social. Una vez que ordenaste, aniquilaste, destruiste todas las redes de resistencia obrera y popular, ahí podes pensar en otros mecanismos. De hecho lo que le decían los milicos a Alfonsín es “te lo deje en orden, ahora mantenelo”.
En una de tus publicaciones indicás que la fórmula que utilizó el kirchnerismo para reprimir fue la de obtener el mayor consenso social para después reprimir cómodamente ¿Crees que el gobierno actual implementa un plan similar o no le es necesario?
Lo que nosotros veníamos identificando del kirchnerismo, que de hecho fue consigna en una movilización, fue la idea de “todo el consenso posible con toda la represión necesaria”, sigue siendo la misma fórmula hoy. La diferencia es que hay consenso para cosas distintas. Hubo un proceso de estigmatización de las luchas -que no es mérito exclusivo del macrismo- que es uno de los grandes legados que deja el kirchnerismo. Sin ir más lejos, cuando Néstor dijo “no voy a reprimir con esta policía de gatillo fácil” muchos interpretaron que no iba a reprimir la protesta social. Y nosotros lo que decíamos era que, efectivamente, iba a reprimir pero cuando ya le hubiese cambiado la imagen a la policía, cuando hubiese superado el nivel de deslegitimación de las instituciones que había a finales de 2002. Fue algo que logró: hoy hay jóvenes que dicen que van a ser policías. Hemos tenido que hacer campañas en los barrios que dicen “no cambies la visera por la gorra”.
¿Por qué crees que la sociedad civil no logró identificar esa política represiva?
En realidad el concepto de sociedad civil no me gusta porque habla de algo que no existe. Lo que existe es una sociedad con clases contrapuestas, con intereses antagónicos y que jamás en la vida van a compartir un mismo interés. Hubo un sector importante de la población a la que le convenía el modelo de gestión kirchnerista porque se llenó de plata. Hubo otro sector, donde entró en juego el tema del consenso.
En ocasiones anteriores has mencionado que CORREPI se constituye luego de muchos esfuerzos de instalar en la agenda de los organismos de derechos humanos el tema de la represión institucional ¿Creés que hasta el día de hoy sigue sin incorporarse en la agenda política?
Creo que hoy sí lo forma, pero en algunos organismos. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que quizás son quienes más razones tienen para acotarse al genocidio ya que fueron víctimas directas, aunque sobrevivieron son, sin embargo, uno de nuestros aliados históricos. De hecho en el marco del encuentro “Memoria, verdad y justicia” estuvimos peleando codo a codo para que se incorpore en las marchas por el 24 de marzo la consigna “juicio y castigo a los represores de ayer y de hoy”, haciendo énfasis en que no podes pronunciarte por los represores de ayer sin pronunciarte por los represores de hoy. Esa pelea se dio a lo largo de los 90′ y la dimos también con la primera camada de H.I.J.O.S. Y lo seguimos haciendo hoy con quienes han quedado del lado del pueblo, que han quedado independientes de la mano del Estado, como las regionales del oeste y La Plata, con quienes tenemos espacios de coordinación y militancia cruzada.
En los años ochenta, algunos organismos se indignaban cuando se hablaba de defender derechos de “negros”, de “chorros”. Nosotros éramos los feos, sucios y malos del movimiento de derechos humanos. De hecho, muchos no nos consideraban parte. Precisamente una de las peleas que dimos en esos años fue para poder participar de la organización de las marchas por el 24 de marzo: no nos dejaban. Recién pudimos hacerlo cuando surge H.I.J.O.S y Ex Detenidos-Desaparecidos. Allí conformamos entre las tres organizaciones un muro de tres patas que íbamos empujando juntos. Luego de eso nos empezaron a abrir las puertas.
Pero, sin dudas, la pelea más fuerte que tuvimos que dar en esos años fue tener que convencer a la izquierda de qué estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la lucha de clases. Y que la violencia institucional es una herramienta para la opresión y la explotación.
*Por Florencia Paolella para ANCOM / Fotos: Camila Alonso y Melody Abregú
