Acusan que el RIGI cordobés agrava el ecocidio y denuncian al gobernador Llaryora
Instituciones y referentes ambientalistas presentaron una denuncia penal contra el gobernador y otros funcionarios por la adhesión al RIGI nacional. «El RIGI, más la fragilidad ambiental extrema de Córdoba y una gestión ambiental decadente, conforman un cóctel letal”, lamentó el biólogo Raúl Montenegro.
Un grupo de organizaciones junto a referentes académicos y científicos especializados en ambiente presentaron una denuncia penal contra el gobernador Martín Llaryora; el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; la presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto; y en contra de las y los legisladores que votaron a favor de la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Córdoba.
Vale recordar que el RIGI nacional fue parte del paquete de leyes aprobado en el marco de la Ley Bases. En el Título VII de dicha normativa, establece «derechos, garantías, incentivos, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección» por treinta años para aquellos Vehículos de Proyecto Único (VPU) que proyecten inversiones superiores a los 200 millones de dólares en sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Cada provincia debía decidir si adhería o no al RIGI, y de qué manera. Córdoba lo hizo el pasado 17 de octubre, con modificaciones propuestas por el Ejecutivo provincial.
Ante esta situación, especialistas ambientales denunciaron penalmente al gobernador Martín Llaryora y pidieron la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Bases 27.742 y la Ley del RIGI cordobés 10.997. La denuncia recayó en el fiscal Franco Mondino.
El abogado Juan Smith detalló las razones de forma que hacen «ilegal y arbitrario» el texto aprobado: «El tratamiento exprés sobre tablas del proyecto enviado por el Ejecutivo el día anterior requería, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura, la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores habilitados para votar en la sesión respectiva. Entendemos que esa mayoría no se dio (…) La Constitución provincial exige, además, para ciertas normativas el tratamiento en Doble Lectura y, en algunos casos, con Audiencia Pública (Ley 9003) entre la Primera Lectura y la Segunda Lectura. Tampoco ocurrió».
También se violaron dos convenios internacionales, a los cuales Argentina adhirió y tienen jerarquía jurídica por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes del país. Estos son el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de hacer consultas previas a las comunidades indígenas que tengan personería jurídica reconocida. Y el Acuerdo de Escazú, que regula principios básicos ineludibles y también la obligatoriedad de consultas previas.
Para el Dr. Raúl Montenegro, referente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), el RIGI cordobés promueve grandes inversiones que podrían agravar la delicada situación ambiental de la provincia.
«Aquí la amenaza se relaciona con los grandes agronegocios y la explotación turística. Pero el RIGI actuaría sobre un territorio ambientalmente destrozado, con sus cuencas hídricas en terapia intensiva”, agregó el biólogo.
Según el último informe del Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo (Right Livelihood College), la aprobación del RIGI cordobés agrega una «nueva amenaza a la maltrecha situación ambiental» de la provincia de Córdoba y enumeraron algunos de los problemas más graves:
➡️ Cabeceras de cuenca muy alteradas
➡️ Lagos en avanzado estado de eutroficación
➡️ Sectores del agronegocio tratando de reducir las zonas rojas de la Ley de bosques nativos
➡️ Multiplicación de canteras secas
➡️ Grandes basurales a cielo abierto
➡️ Colectoras cloacales construidas junto al cauce de ríos
➡️ Incineradores de residuos peligrosos
➡️ Turismo cinegético con cazadores extranjeros que no son controlados
➡️ Incendios que se reiteran cada año
➡️ Uso descontrolado de plaguicidas
«Con una resistencia ambiental cada vez menor, el posible ingreso de grandes inversiones con alto impacto ambiental significaría el golpe de gracia para los ecosistemas naturales en crisis”, agregaron desde Right Livelihood College.
Finalmente, Montenegro pidió celeridad a la Justicia para evitar daños irreparables: «Enfrentaremos un verano complejo en la afectación de la vida, el agua, la salud y el derecho al ambiente sano de quienes habitamos la provincia de Córdoba. El Poder Judicial debe dar respuestas acordes a los reclamos y las denuncias iniciadas y en proceso para evitar el agravamiento del ecocidio».
* Por Ezequiel Luque para La tinta / Imagen de portada: Votemos Luchar.
