¿Una ley sin bases?
La semana pasada, se conocieron los resultados de un estudio del Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA), realizado por más de 15 universidades de nuestro país y que muestra una mayoría que se expresa “a favor de la presencia estatal en ámbitos relevantes de la vida social, cuestión que contrasta con la dirección debatida en este momento en el Congreso”.
Hace unos días, el Programa de Investigación Regional Comparada de la Estructura Social Argentina (PIRC-ESA) compartió los resultados parciales de un trabajo que responde a un interrogante clave: ¿el avance contra la presencia estatal como garantía de derechos sociales cuenta con sostenes políticos y culturales firmes en la ciudadanía? Desde el programa federal interuniversitario, aseguran que los resultados aportan evidencias para, por lo menos, poner en duda la idea.
El trabajo está basado en una encuesta presencial de 1.500 casos a nivel nacional, realizada entre abril y mayo. Como explicó a Página/12 Verónica Maceira ―profesora universitaria e investigadora del Programa―, el informe difundido es el adelanto de una investigación grande y el equipo decidió difundirlo ahora porque entienden que “los núcleos de consenso que se relevan suponen puntos de partida distintos a los que se están dando por supuestos en gran parte del debate actual sobre los cambios normativos”.
¿Cuáles son esos núcleos?
Para empezar y referido a la liberalización de mercados de bienes y servicios esenciales ―contenida tanto en el DNU 70/23 como en la Ley Bases―, el 81% de la población encuestada de los centros urbanos se pronuncia a favor de la regulación y del subsidio de tarifas y servicios, el 76% considera que el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario poniendo tope a los alquileres y el 72% que debe garantizar el acceso al financiamiento de la vivienda única familiar.
«En dirección opuesta al fomento de la desregulación del trabajo y la eliminación de la moratoria jubilatoria involucradas en ambas normativas, el 83% está a favor de aumentar las penas a las empresas que mantienen trabajadores informalmente y el 72% considera que el Estado debe garantizar la jubilación de quienes no hayan realizado aportes suficientes en su vida activa”, informan los investigadores universitarios.
Respecto a la salud, alimento y educación, el 78% está en contra de arancelar la atención en los hospitales públicos, el 86% entiende que el Estado debe garantizar la educación de nivel primario y secundario, y el 83,5% está en contra del arancelamiento a las universidades.
Por otra parte, el 75,3% se pronuncia por garantizar jardines maternales públicos para todos los niños y niñas, y el 93% acuerda subsidiar los medicamentos para los adultos mayores. Con relación a la responsabilidad social frente a la indigencia: el 82% considera que es obligación del Estado proveer alimentos a los comedores populares.
Algo que no sorprende: «Estas valoraciones son expresadas por personas de distintos grupos de edad y géneros, si bien el apoyo a la regulación y sostén estatal es sistemáticamente algo mayor entre las mujeres que entre los varones (entre dos y cinco puntos porcentuales) en todas las dimensiones descrita».
En la misma entrevista con el medio de Buenos Aires, Maceira finaliza: “Estos resultados no discuten el apoyo que sigue manteniendo el gobierno actual. Es un resultado electoral reciente y es probable que los niveles de adhesión, como relevan otras encuestas específicas, sigan siendo altos. En relación con esto, nuestra investigación supone una advertencia sobre la diferencia entre una confluencia electoral coyuntural y lo que pueden entenderse como cambios sustantivos, sociales y culturales en los horizontes compartidos por la sociedad y sus criterios de justicia. Que parte de la población haya construido su encuadre político electoral en referencia a la corrupción de la burocracia política no debería ser confundido con un apoyo a la mercantilización del conjunto de los bienes públicos ni con un acuerdo con la falta de garantía estatal de los derechos sociales básicos. Estos resultados permiten pensar que no necesariamente tenemos que dar por supuestos los puntos de partida de la agenda que se propone. En todo caso, en sintonía con eventos recientes, como la gran marcha federal universitaria, muestran núcleos de consenso en torno a la educación pública, a la salud pública, a la seguridad social, que son bases para la construcción de otros consensos”.
*El PIRC-ESA es un programa federal interuniversitario. Nodos participantes: Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto del Conurbano; Universidad Nacional de Jujuy, Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad; Universidad Nacional del Nordeste, Centro de Estudios Sociales; Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Humanidades; Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Trabajo y Producción; Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani; Sede Andina, Universidad Nacional de Río Negro; Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Instituto de Cultura, Sociedad y Estado; Universidad Nacional de La Plata, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales; Universidad Nacional de Tres de Febrero. Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas; Universidad Nacional de Mar del Plata, Centro de Estudios Sociales y Políticos; Nodo UMET-CITRA.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Fernando Bordón para La tinta.
