La Guardia Feminista de Abogadas, una resistencia al avance de los antiderechos
Se trata de un espacio federal de litigio estratégico e incidencia política con capacidad de acción en todo el país. «La Justicia es una arma que los fundamentalismos religiosos y las derechas conservadoras utilizan muchísimo. Y ahí tenemos que estar nosotras para controlar cada embate», afirman desde el colectivo de abogadas.
Abogadas de diversas provincias argentinas llevan adelante, desde 2017, la Guardia Feminista de Abogadas, un espacio de litigio estratégico que tiene el objetivo de democratizar la ley desde un paradigma de género y derechos humanos.
Impulsadas por la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina (CDD), el trabajo de la Guardia se enfoca en casos de justicia sexual y reproductiva, así como en la formación y sensibilización del Poder Judicial, las asociaciones profesionales y académicas, y la incidencia política.
«Se producían casos de obstrucciones al acceso a la interrupción del embarazo o criminalizaciones en distintos lugares del país. Y como, por el ordenamiento político-territorial, cada provincia tiene diferentes códigos de procedimiento, apareció la necesidad de tener un equipo federal de abogadas que esté dispuesto a resolver de manera rápida y efectiva», explica Rocío García Garro, coordinadora del Área de Litigio de CDD Argentina y de la Guardia de Abogadas.
Si bien, en sus comienzos, se propusieron acompañar este tipo de casos, con la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2020), la Guardia adoptó nuevas tácticas para enfrentar los conservadurismos que siguen amenazando los derechos sexuales y reproductivos en general.
Para aprovechar el crecimiento territorial y la referencialidad de sus integrantes, el equipo de abogadas ya no se limitó a tratar casos puntuales, sino que se enfocó en desarrollar estrategias de ‘advocacy’, alianzas políticas y trabajo directo con organismos e instituciones, para garantizar el acceso a derechos de una manera más masiva. «La Guardia se potenció mucho y pasó a tener un fuerte rol de incidencia política«, agrega García Garro, en diálogo con La tinta.
Ahora concentran su trabajo y experticia en el planteo de litigios estratégicos, que más allá de buscar una resolución favorable para la persona que se está acompañando, pueda marcar un precedente judicial que transforme la comunidad.
Los conservadurismos al acecho
Tras el gran triunfo que significó la legalización del aborto en el Congreso, el primer refugio que tuvieron los grupos antiderechos fue la judicialización y la presentación de medidas cautelares en las diferentes provincias para frenar la aplicación de la ley.
«La Justicia es una arma que los fundamentalismos religiosos y las derechas conservadoras utilizan muchísimo. Y ahí tenemos que estar nosotras para controlar cada embate», expone Estefanía Galeano, abogada de Chaco e integrante del equipo.
Se trata de grupos diversos —no siempre identificables— vinculados a integrantes del poder político y judicial, que ponen sus ideologías propias y su doctrina religiosa por delante del bien común. Y que encima, ahora, tienen un contexto que habilita ciertos posicionamientos.
En sintonía piensa María Fernanda Vásquez Pinasco, letrada de Entre Ríos, que destaca que solo teniendo un equipo federal, intercultural e interdisciplinar, se puede conocer la particularidad de cada territorio. Con ese fin, el equipo cuenta en este momento con 17 abogadas en Córdoba, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Corrientes y CABA.
«Cada una de nosotras conoce el contexto local donde trabaja y son diferentes entre sí. No es lo mismo Chaco que Entre Ríos, que Córdoba o CABA (…) Somos abogadas expertas, pero también atravesadas por lo interdisciplinar. Tenemos un cuerpo de conocimiento específico que hace a la argumentación exitosa frente al embate de los antiderechos (…) Pero para no retroceder en DD. HH., tenemos que reagruparnos y buscar nuevas estrategias jurídicas asertivas», señala Vásquez Pinasco.
La política pública de recortar lo público
Para las abogadas, la narrativa del gobierno de Javier Milei, en la que mide todas las acciones en términos de déficit y superávit, esconde recortes direccionados a sectores específicos.
«Hacer retroceder al Estado en políticas de derechos humanos es una política pública de este gobierno. Todo se mide en términos de números y presupuesto. Entonces, te muestran un número frío, pero no te dicen cómo llegaron a ese número ni qué se pierde ahí ni qué se gasta en otro lado. No se pone, cualitativamente en un plano de lo real, lo que el recorte se lleva puesto«, puntualiza Marina Gudiño, también parte de la Guardia de Abogadas Feministas.
Y, precisamente, este retiro del Estado repercute de especial manera en las mujeres y diversidades. «Somos las que más sufrimos el recorte de las políticas públicas con perspectiva de género o de DD. HH. (…) La feminización de la pobreza no es solamente no acceder a bienes y servicios. Es que las mujeres se autoprecarizan, con triple o cuádruple jornada de trabajo, haciendo las tareas del hogar y con dos o tres trabajos precarizados fuera. Cuando el Estado se aparta, vulnera sobre todo a las personas vulnerables«, apunta la entrerriana Vásquez Pinasco.
* Por Redacción La tinta / Imagen: Ezequiel Luque para La tinta.
