Nuevo acuerdo salarial con docentes bajo la línea de pobreza
Tras dos meses y medio de negociación, y con aumentos por decreto, el gobierno de Martín Llaryora y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) llegaron a un nuevo acuerdo paritario hasta enero de 2025. La docencia se empobrece en una provincia que ajusta en educación.
Pese a la promesa de que la educación sería un eje prioritario de su gestión, el gobierno provincial de Martín Llaryora ha operado un ataque sistemático contra la docencia cordobesa. El 2024 mostró, desde temprano, un escenario que escala en hostilidad y empobrecimiento del sector.
Desde “el panal”, con la complicidad de los medios de comunicación masivos aliados, insisten en que se trata de buenas propuestas salariales que la docencia no acepta por internas gremiales o falta de sentido común. Basta con entrar en la página de UEPC y calcular en el simulador de salario los ingresos de cada escalafón para comprender la gravedad del asunto.
Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), en los últimos 10 meses, el salario docente perdió el 27% de su poder adquisitivo. Si en septiembre de 2023 alcanzaba para cubrir la canasta básica, hoy solo llega a tres cuartas partes de la misma.
En este contexto, el gobierno provincial acercó una cuarta propuesta que dista muy poco de las anteriores. Después de asambleas en toda la provincia, con denuncias de irregularidades y engaños, se llegó a un acuerdo salarial que sigue estando lejos de las demandas docentes.
El conflicto paritario se inauguró este año con un duro revés del gobierno de Llaryora. El acuerdo de 2023 establecía una cláusula gatillo para garantizar un aumento del salario acorde a la inflación, que fue de 25,5% en diciembre. Sin embargo, el gobierno argumentó que no podía pagarlo y liquidó los salarios de forma unilateral, por decreto, con una suba de apenas el 14,6%.
Pero la pérdida salarial viene de mucho antes. Según datos de UEPC Capital, la inflación acumulada en 2023 fue del 206,9% y el incremento salarial acumulado llegó a 171%, es decir, 35 puntos debajo de la inflación. En enero, explican desde OTES, el salario docente alcanzó a cubrir solo el 64% de los ingresos necesarios para no ser pobre. Por primera vez, desde 2016, el salario de una maestra de primaria con 30 años de antigüedad estaba 14% bajo la línea de la pobreza, mientras que para una sin antigüedad estaba 40% por debajo de la línea de la pobreza y tan solo un 19% por encima de la indigencia.
Enero tenía, además, otras amenazas en ciernes. El entonces flamante gobierno nacional de Javier Milei estaba en plena carrera por la aprobación del mega DNU. Uno de los puntos de la normativa allanó el camino para lo que ocurrió el pasado jueves a la madrugada: la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial», con el fin de garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre. Para la lucha gremial, significa un claro ataque al derecho de protesta, amparado por la Constitución Nacional.
Desde el inicio de la discusión paritaria de 2024, Llaryora intenta instalar que la negativa de la docencia de aceptar las propuestas tiene que ver con una disputa interna gremial entre los sectores tradicionales, vinculados al peronismo y los de izquierda, que ganaron las elecciones en la delegación Capital en 2023. Además, la amenaza de aumentos por decreto es recurrente. En marzo, deslizó la posibilidad de hacerlo de este modo, salteando las negociaciones gremiales y los procesos asamblearios deliberativos, como hizo en enero y repitió después, en junio y julio.
Lo cierto es que las clases comenzaron con importantes jornadas de paro y movilizaciones en todo el país. Las actas de las asambleas en la provincia son largas listas de demandas que siguen creciendo. Los reclamos incluyen el rechazo del diferimiento en el cobro para jubiladas y jubilados, y el cumplimiento del 82% móvil; la falta de respuesta a la histórica precarización de los y las docentes de jornada extendida; la tremenda situación que atraviesa el APROSS, que se traduce en falta de atención médica y altos descuentos para los afiliados; la aplicación del descuento extraordinario para la Caja de Jubilaciones; los descuentos de los días de paro; el repudio a la constante amenaza de establecer un ítem de profesionalidad docente, es decir, un presentismo que ataca el derecho a huelga y la lista sigue.
La desinversión en educación se evidencia también en el estado actual de la infraestructura escolar. Según el último informe, OTES señala que el presupuesto para mantenimiento edilicio cayó 46% en un año. Córdoba se ubica entre las provincias con menor inversión, destinando solo $9.262 pesos anuales por estudiante. Un relevamiento realizado por UEPC Capital revela que, de 284 escuelas, el 98% de los establecimientos presentan problemas edilicios graves, como vidrios rotos y falta de calefacción.
En medio de las negociaciones por la aprobación de la Ley Ómnibus, el Ejecutivo nacional anunció el recorte a las transferencias hacia las provincias. El 6 de marzo, la Secretaría de Hacienda confirmó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un duro revés para el bolsillo docente. El fondo había sido creado en 1998, en el marco de la histórica protesta docente “Carpa Blanca”, impulsada por CTERA, que se extendió por 1003 días. La propuesta aceptada el 20 de marzo por UEPC estableció que el ajuste salarial se haría por la mitad de la inflación a mes vencido, sumando una suma fija de $35.000 como compensación por la quita del FONID. Es decir, en marzo, no hubo recomposición salarial de ningún tipo.
En junio, con los ecos de la lucha docente en Misiones, se volvieron a abrir las paritarias en Córdoba. Lo que para el Ejecutivo provincial fue “la mejor oferta salarial inicial de la Argentina”, para el gremio representó una propuesta nada superadora. Luego de aumentar pequeñas sumas por decreto y de dictar conciliación obligatoria para garantizar la vuelta a clases después de las vacaciones, el Ejecutivo presentó otra propuesta que dista muy poco de las anteriores y que resultó aprobada. Más allá de los acuerdos, queda claro el ataque sistemático a la docencia, el descontento que crece y el brutal ajuste en educación. El conflicto no está cerrado.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: UEPC.
