Comienza el juicio por femicidio contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil
El ex funcionario provincial se sienta en el banquillo. Inicia el juicio acusado de “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y en contexto de violencia de género”. Este proceso legal es único en sus particularidades y puede sentar precedentes. Conversamos con Romina Corbalán, integrante del colectivo de Mujeres y Disidencias de Pilar.
Diego Concha, exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer desde el 26 de noviembre del 2021, un día después de renunciar a su cargo, a raíz de la denuncia de su exesposa por “lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción”. También era bombera, integrante del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y parte del cuerpo de Bomberos que depende de la Policía de Córdoba.
Luana Ludueña tenía 26 años, era enfermera y bombera voluntaria, y había entrenado a su perro como animal de búsqueda y rescate. A los días de la detención de Concha, sintió que podía denunciar la situación de abuso vivida con el funcionario. Ella había accedido a encontrarse con su jefe, ante el ofrecimiento de un posible ingreso al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Luego de la denuncia, la familia de Luana contó “el calvario” que vivió la joven; fue apartada de su trabajo y hostigada y presionada para retirar la denuncia. En enero del 2022, se suicidó. Había tenido dos intentos previos y estuvo más de 20 días internada en una clínica psiquiátrica. La mamá de Luana expresó: “No encontrábamos forma para contenerla”.
“Lo que ocurrió con Luana es un hecho de abuso de poder. Diego Concha, en ese momento en funciones como director de Defensa Civil, ejerció abuso de poder sobre una persona que estaba a su cargo y que pudo ser posible porque existe un contexto que acompaña y es cómplice. La estructura institucional que existe permitió que esto pueda ocurrir, no hay garantías para que las víctimas puedan denunciar, sino mecanismos de presión para que no denuncien”, detalló Romina Corbalán, integrante del Colectivo de Mujeres y Disidencias de Pilar, en diálogo con La tinta.
“Exigimos prisión perpetua para Diego Concha, que se realice una exhaustiva investigación y sean juzgados todos los responsables”, comunicó la familia de Luana, con motivo de iniciarse el juicio.
Un hombre de poder entre cuarteles de bombero y defensa civil
Diego Concha tiene una historia propia y dos generaciones en cuarteles de bomberos. Con 35 años de experiencia, siendo durante 25 años jefe del Cuerpo de Bomberos de Icho Cruz y los últimos 10 años ocupando el cargo de Director Provincial de Protección Civil, designado por el exgobernador De la Sota en su tercer mandato. “Coordinó acciones desde entonces con la cúpula de la policía provincial. Discutido por los militantes por la defensa del medio ambiente de la zona, fue señalado como rostro cómplice de un gobierno sospechado de dejar avanzar múltiples incendios a los que, señalan los vecinos, siempre acudió a destiempo. También Concha, desde Defensa Civil, estuvo a cargo de la búsqueda de personas, entre ellas, Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, quienes finalmente aparecieron muertas. En ambos casos, se criticó su lentitud y escaso accionar”, expresó la periodista Bernardina Rosini en una nota publicada en enero del 2022. También por ese entonces, desde el portal Sala de Prensa Ambiental, se manifestaron sobre el historial de la gestión del exfuncionario, dejando expuestas críticas desde una mirada ambiental.
La acusación
El exfuncionario va a juicio por “lesiones doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”, más “agresión con toda arma” y “coacción” ejercidas a su exesposa. Y por “homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y en contexto de violencia de género”, en el caso de Luana. Este último podría sentar precedentes y abrir un nuevo camino legal.
“Al comienzo, se habló de suicidio y, luego, pudo cambiarse la carátula a homicidio con motivo de abuso sexual, esto lo convierte en un caso particular. En primer lugar, pretendemos que este juicio siente precedente para que otras denuncias puedan tener como guía o antecedente este caso. Y, por otro lado, queremos que se investigue a todos los responsables porque, desde que Luana hizo la denuncia por abuso sexual hasta que acabó con su vida, recibió presiones, hostigamientos y aprietes de parte del entorno de Concha para que cambie su declaración y quite la denuncia. Por eso, hablamos de más responsables”, expresó Corbalán.
El cambio de la carátula en la causa de Luana es uno de los elementos claves en este juicio, al plantearse que la decisión de suicidio de la joven está directamente relacionada con la violencia que sufrió. El abogado de la familia, Carlos Nayi, solicitó este cambio citando como antecedente el caso de Sathya Aldana, quien, a los 19 años, se suicidó, luego de años de abuso por parte de su padre biológico, Walter Emanuel Insaurralde. En mayo de 2017, en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su colegio, Sathya se largó a llorar y contó por primera vez lo que había vivido. La causa estuvo parada durante dos años, la joven sufría depresión, había intentado suicidarse anteriormente y estado internada en un hospital psiquiátrico.
Insaurralde fue condenado a cadena perpetua en un juicio histórico sin precedentes en el país, al ser responsabilizado por el suicidio de la víctima. La Cámara Tercera del Crimen de Córdoba junto al veredicto del jurado popular introdujeron la figura del “abuso sexual seguido de muerte”, responsabilizando a Insaurralde por los abusos reiterados y por el fallecimiento de Sathya.
Los movimientos feministas latinoamericanos y caribeños hablan hace tiempo, dado que es un patrón que se ha reiterado en muchas historias de abuso lamentablemente, de suicidio femicida. En América Latina, sólo en El Salvador y Chile, existe el delito y la condena por “suicidio feminicida”.
Un pedido de justicia y de cambio en la desprotección de quienes denuncian abusos
“Queremos una condena ejemplar para Diego Concha, por eso, hacemos el pedido de condena perpetua. También una condena para Emiliano Conti, uno de los acusados que estuvo constantemente hostigándola para que desistiera del proceso legal”, refirió la integrante del Colectivo de Mujeres y Disidencias de Pilar. Conti está imputado en una investigación que lleva adelante otra fiscalía de «privación ilegal de la libertad calificada por el uso de amenaza», explicó Corbalán.
La búsqueda de justicia para Luana va de la mano del pedido de sus familiares y amigues de aportar mecanismos para develar y romper la impunidad en quienes ocupan cargos públicos y hacen abuso de poder y con razones de género. “El Estado debe garantizar los recursos necesarios para que las víctimas de violencia puedan ser asistidas a tiempo y la Justicia pueda actuar rápidamente”, expresó la familia de Luana en un reciente comunicado.
Este caso apunta a las estructuras institucionales y sus mecanismos de complicidades para los abusos de funcionarios, también a mostrar la inacción en las denuncias por abuso y los sufrimientos que padecen quienes deciden denunciar. Esto demuestra por qué muchas no se animan a hacerlo cuando advierten que no es un camino fácil. Romina Corbalán manifiesta que, ojalá, a partir de este caso, “el resto de las personas que trabajan en estas instituciones tengan la garantía de poder trabajar libremente y con total confianza de que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir, que no siga habiendo abuso de poder de parte de las autoridades ni de ninguna persona que ocupe un cargo público y que se cuente con garantías de denunciar sin ser perseguidas ni apartadas de su trabajo”.
El proceso legal estará a cargo de la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, integrada por un jurado popular y un tribunal técnico conformado por los vocales Ángeles Palacio de Arato, Gustavo Ispani y Leandro Quijada. En la acusación, estará el fiscal subrogante Fernando López Villagra. Carlos Hairabedian y Sebastián Becerra asumen la defensa del exfuncionario.
El abogado Carlos Nayi patrocina al padre y madre de Luana, y también es querellante en la causa la expareja del acusado, representada por la abogada Laura María Teresa Pedernera. También está demandado civilmente el Gobierno de la Provincia, representado por Diego Sánchez Bustos, Mariano Armando Andruet y Fernando Maldonado.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: A/D.
