¿Narco-terrorismo o narco-Estado? Políticas estatales y la crónica de un fracaso anunciado
Por Valeria Plaza para La tinta
I- Los datos que tenemos: Rosario no es Córdoba, Córdoba no es Rosario
Desde hace años, las violencias y delitos en Rosario son diferentes al resto del país y, en particular, de una provincia limítrofe como Córdoba, sobre todo, con relación a la tasa de homicidios. Este índice es el más fiable, ya que las muertes en Argentina se registran por doble sistema y, por lo tanto, es difícil que no se computen (como pasa con otras violencias delictivas como el robo que, por diferentes razones, muchas veces no se denuncia o tiene formas deficientes de registro).
Los homicidios dolosos son la tercera causa de muerte violenta desde el 2017. La tasa nacional es de 4,31 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Si bien en términos absolutos la provincia de Buenos Aires continúa concentrando la mayor parte de las víctimas ―aunque su participación sobre el total disminuyó, principalmente por el descenso de los homicidios en el Gran Buenos Aires―, la provincia de Santa Fe tiene la tasa de homicidios dolosos más alta: 22,1 (casi 5 veces más alta). Córdoba se mantiene debajo de la media(en el 2020, con un total de 121 homicidios dolosos anuales ―tasa 3,2― y, en el 2021, con un total de 88 ―tasa de 2,3―). La Pampa, Catamarca y San Juan tienen las tasas más bajas.
II- Los datos que nos faltan: los consumos y los diagnósticos diferenciados
Ya en la campaña del 2023 de la entonces candidata a presidenta y hoy ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aparecen elementos que vuelven indiferenciable el límite entre seguridad interior y narcotráfico, lo que habilita la definición de un nuevo enemigo interno: el «criminal-narcotraficante». Se va consolidando una construcción discursiva de campaña que lo presenta como un victimario peligroso y fantasmal, y, en alguna medida, ajeno al «nosotros nacional». El narcotraficante (denominado narcoterrorista más recientemente) constituye una amenaza que parece dejarnos frente a una única solución posible: la «aniquiliación», en general, a través de las fuerzas armadas.
Días atrás, Bullrich anunció en Córdoba (acompañada del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros) con bombos y platillos un «nuevo cuerpo de elite para la lucha contra el narcotráfico«, Grupos Operativos Conjuntos (GOC), conformados por la Policía de la Provincia de Córdoba y la Fuerza Policial Antinarcotráfico, con asesoramiento de la DEA. Una vez más, estamos frente anuncios sin precisiones y cuerpos policiales que nunca se crean o que funcionan como pantalla del abordaje de un problema serio y complejo: ¿cuántos efectivos? ¿Cómo se articulan? ¿Qué presupuesto y capacitación están previstos?
En esta ocasión, la ministra hizo referencia a la necesidad de crear estos cuerpos a partir de un supuesto «secuestro de fentanilo cerca de Fuerte Apache». Cabe preguntarse: esta droga, que está generando efectos muy perjudiciales a la salud en países como EE. UU., ¿ya ingresó a Córdoba? ¿Se cree realmente que ingresa sin complicidad en los controles aeroportuarios? ¿Con un cuerpo de elite se puede evitar o reducir, o es necesario que el Estado investigue ―de una vez y en serio― al mismo Estado que es parte del mercado?
Necesitamos diagnósticos de los consumos, geo-posicionados e indicando las violencias que producen, y dejar de teatralizar los allanamientos de dosis menores de marihuana o cocaína en pequeños kioscos de barrios de sectores populares, donde la persecución a «narcoterroristas» se agota en las detenciones a jóvenes varones que participan eventualmente del negocio o mujeres sostenes de familia que, en contextos de crisis económicas como la que atravesamos, encuentran en los mismos una estrategia de supervivencia.
III- Las políticas que fracasan una y otra vez. Los debates pendientes
¿Qué decimos cuando decimos «narcotráfico»? ¿Lo vamos a seguir asociando solo con el microdelito urbano o es posible relacionarlo también con la criminalidad en ámbitos superestructurales? Para avanzar sobre este futuro eje de análisis, será necesario revisar la relación entre narcotráfico e inseguridad urbana: revisar qué delitos están relacionados y cuáles no. Se puede sospechar que dicha relación se ha fortalecido a través de la constante enunciación de la «intensificación de la violencia» relacionada con el narcotráfico.
En este sentido, es importante:
―No simplificar ni homogeneizar el fenómeno: evitar las propuestas de sobre-intervención policial en las zonas fronterizas, basándose en una concepción simplista y homogénea del fenómeno, ignorando así las investigaciones locales que consideran que se trata de estructuras delictivas con fuerte participación estatal y que dan cuenta de las modificaciones del mercado en la actualidad, donde se pasó de ser un país de tránsito a un país de consumo de algunas sustancias.
―Avanzar en propuestas de agencias estatales dedicadas a la investigación criminal compleja, debilitando así el esquema que proponía el control de otras áreas del Estado hacia la agencia policial, debido justamente a la alta participación de la misma en estos tipos delictivos.
―Abandonar la falsa promesa de «conjurar el narcotráfico» y omitir propuestas para los problemas relacionados (problemas educativos, sociales, culturales, de seguridad, corrupción, etc.): aparece una y otra vez, y el desafío que sigue es revisar qué implica el amplio significante ubicado tras el tópico narcotráfico, cuáles son sus sentidos en disputa y cómo les exigimos a los/las funcionarios/as nacionales y provinciales propuestas reales.
―Incluir debates «espinosos», como el pendiente acerca del prohibicionismo: ¿el Estado no debería regular en vez de prohibir algunos consumos de sustancias?
Es necesario re-pensar estrategias frente a la corrupción (la regulación estatal del negocio) que, en caso de Rosario, se relaciona con el puerto y el negocio agroexportador. Se trata de estructuras delictivas con fuerte participación estatal, por lo tanto, requiere la implementación de agencias estatales dedicadas (y preparadas) a la investigación criminal compleja.
La saturación policial propuesta por Nación, a la que se sumaría la provincia, sin diagnósticos previos de los distintos mercados con las distintas modalidades de violencia que implican, parecen meras medidas dirigidas a la espectacularidad publicitaria.
*Por Valeria Plaza para La tinta / Imagen de portada: Prensa Córdoba.
