El juicio por Rodrigo Sánchez está cerca de su fin, ¿será justicia?
Este viernes 1 de marzo, finalmente —y después de 8 años de lucha y espera—, se conocerá el veredicto que definirá la sentencia para el expolicía Lucas Gastón Carranza, quien asesinó por la espalda al joven de 17 años, Rodrigo Sánchez, el 19 de septiembre de 2015 en pleno mediodía, en la intersección de Av. Colón y Sagrada Familia.
Hace una semana, y luego de repetidos aplazamientos, comenzó el proceso que juzga a Carranza por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. «No se trata sólo de Rodrigo, sino de todos y cada uno de los pibes que el aparato represivo se lleva puestos y que no obtienen justicia», dijeron desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de Córdoba. Madres y familiares vinculadas a este espacio señalan que el Poder Judicial nunca cumple su función cuando los jóvenes asesinados estaban involucrados en una situación de robo. En cambio, buscan justificar el accionar policial, valorando la propiedad por encima de la vida y llevando la contradicción a límites paradójicos, como en este caso, donde el mismo efectivo fue detenido por robar una campera en un shopping meses después de cometer el homicidio.
Las primeras audiencias
El primero en presentar su testimonio durante el día uno del juicio fue el asesino, Lucas Carranza, quien negó el hecho y se abstuvo de declarar al respecto. Luego, fue el turno de Gabriela Sanso, madre de Rodrigo, «luchadora, testigo y querellante». Desde la Coordinadora, señalaron que la mujer tuvo que enfrentar un cuestionario incisivo y tendencioso por parte de la fiscal, Laura Battistelli.
El jueves, en la segunda audiencia y durante más de dos horas, el joven que estaba con Rodrigo en el momento del asesinato ratificó el accionar de Carranza: el policía, de civil, sin identificarse y sin dar voz de alto, disparó alrededor de cinco veces, a dos metros de distancia y apuntándole directamente a la espalda.
En la tercera jornada continuaron los testimonios y, de los cinco testigos citados, solamente se presentó uno. Según detallaron desde la Coordinadora, a pesar de la insistencia de la fiscal de centrar su atención en el robo (que ya fue juzgado en otra instancia), la audiencia corroboró todas las versiones que demuestran que sólo hubo un arma presente en el hecho: la del policía.
En las próximas instancias, se espera el testimonio de Gonzalo Cumplido, exjefe de la zona sur de Córdoba capital. En el 2020, Gabriela Sanso acusó al exfuncionario de haber encubierto al policía que fusiló a su hijo en 2015. Se trata del mismo comisario que estaba a cargo de la zona donde ocurrió el asesinato de Valentino Blas Correas. «Quisieron instalar que los chicos venían armados, en persecución, pero no tenían ni idea quiénes eran. Si era un Rodrigo más, un chico de barrio, esto hubiera pasado como si nada», expresó Gabriela hace más de tres años.
Idas y vueltas a la complicidad
Este juicio llega tras un arduo camino de pedido de justicia, «debido a las trabas que impone un Estado indolente y perverso ante el gatillo fácil», como dicen quienes vienen poniendo cuerpo y alma en esta lucha. Además del dolor, la familia de Rodrigo tuvo que enfrentar amenazas, demoras, maltratos y el agotamiento cruel generado desde la gran maquinaria institucional que lleva ocho años sin dar respuestas certeras.
La primera fiscal a cargo de la causa fue Jorgelina Gutiez, quien intentó sobreseer a Carranza en dos oportunidades, alegando «legítima defensa» y el «cumplimiento del deber como funcionario público». Aunque las medidas fueron apeladas y tanto el Juzgado de Control como la Fiscalía de Cámara de Acusación dispusieron la producción de nueva prueba, el expolicía siempre permaneció en libertad.
En 2022, cuando se cumplieron siete años desde el asesinato de su hijo, Gabriela Sanso se encadenó a las rejas de la entrada del edificio de Tribunales II. Una decisión urgente que le impidió sostener su trabajo de ese entonces, como comentaban compañerxs de Gabriela hace pocos días en la radio abierta que acompaña cada instancia del juicio desde la vereda de Tribunales. «Una medida ante el cansancio y el dolor, ante la complicidad y la impunidad», expresaba en aquel entonces la madre de Rodrigo con una cadena entrelazada en su cuerpo.
Aquel día, después de nueve horas denunciando que el expediente llevaba cuatro años guardado en un cajón, Gabriela fue recibida por las autoridades que le comunicaron la asunción de un nuevo fiscal, Gerardo Reyes, y prometieron una solución en el plazo de diez días. El 6 de octubre, la causa fue elevada a juicio.
Con el reemplazo de Gutiez, el proceso empezó a tomar otro rumbo. Entendiendo que su antecesora judicial había «construido» el hecho con la intención de instar al sobreseimiento del efectivo, Reyes citó a declarar nuevamente al policía homicida. A su vez, se realizaron modificaciones fundamentales para el expediente: el fiscal confirmó que —como lo indicó siempre su familia— Rodrigo no portaba un arma y no se produjo ningún enfrentamiento entre él y el policía Carranza.
Además, la nueva lectura reconoció que el policía de civil incumplió los protocolos de acción previstos para el tipo de situación en la que estaba. Y, finalmente, acusó a Carranza de disparar a Rodrigo por la espalda con su arma reglamentaria, sabiendo del resultado mortal que podía ocasionar.
Originalmente, la fecha del juicio estuvo prevista para los primeros días de octubre de 2023. Sin embargo, cuatro días antes del inicio, le informaron a la familia que se suspendía hasta febrero de este año, extendiendo nuevamente la espera. Hace dos semanas, se produjo un nuevo cambio en la causa: la fiscal Laura Battistelli asumió el lugar de Gerardo Reyes. Después de los primeros tres días de audiencias, Adolfo Allende Posse, el abogado de la familia de Rodrigo, criticó el accionar de la fiscalía, denunciando públicamente los intentos por poner el foco en el robo, cuando el hecho que se está juzgando es un asesinato.
Aún con las graves —pero frecuentes— fallas del sistema, la familia de Rodrigo Sánchez consiguió sentar a Carranza en el banquillo de acusados y, esta semana, el juicio puede llegar a su fin. Amigxs, compañerxs, familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones convocan a acompañar las últimas audiencias los días miércoles, jueves y viernes en Fructuoso Rivera 920, a partir de las 9 horas. En las rejas de Tribunales II, un altar de Rodrigo se levanta para recordarnos que todas las vidas valen, que lxs pibxs asesinadxs por el Estado siguen presentes y que observan atentamente, junto a sus familias, el accionar de cada integrante del entramado institucional que les debe justicia.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
