Gustavo Petro y la gran transformación colombiana
El gobierno colombiano enfrenta una arremetida desde los sectores de la derecha. El presidente denunció la puesta en marcha de un golpe blando en su contra.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta
Mientras el gobierno de Colombia atraviesa una fuerte crisis política por denuncias cruzadas dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro, el mandatario denuncia amenazas de golpe de Estado y busca alternativas para recuperar la iniciativa política, respaldado en su base electoral.
Petro comparó lo que sucede en el país con lo que pasó recientemente en Perú, con Pedro Castillo: “Se llama golpe blando. Es un golpe de Estado, contra la voluntad popular. Una vez que tumben las reformas, piensan destruirme en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo que se hizo en Perú: llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir al jefe del Congreso en el próximo semestre”.
La diferencia, para Petro, será justamente el apoyo del pueblo movilizado y un volumen político con el cual su colega peruano no contaba: “Castillo estaba solo. Acá les decimos: Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de cada rincón, de abajo de cada piedra, de cada municipio, a defender el triunfo popular”, aseguró el mandatario colombiano.
#ENVIDEO 📹| Con un lema 🪧sencillo: "Hay que saltar, hay que saltar, para que se apruebe la reforma laboral" que grita la gente en las calles de las principales ciudades de Colombia 🇨🇴 , avanzan las diferentes marchas en apoyo al presidente #GustavoPetro. pic.twitter.com/1PjW1ZxLK3
— teleSUR TV (@teleSURtv) June 7, 2023
La idea de golpe blando se remonta a cuando distintos presidentes latinoamericanos de izquierda o progresistas fueron removidos de sus cargos mediante mecanismos -en algunos casos, constitucionales; en otros, ilegales-, basados en pruebas que luego resultaron falsas, como ocurrió con Fernando Lugo en Paraguay, Manuel Zelaya en Honduras, Dilma Rousseff en Brasil o Evo Morales en Bolivia.
En ese sentido, Petro salió a jugar fuerte con una serie de reformas ambiciosas: a la salud, al sistema de pensiones y a la legislación laboral. Debido a las diferencias internas, el oficialismo desarmó la alianza parlamentaria que mantenía desde su llegada al Palacio de Nariño y reconfiguró el mapa político legislativo. El jefe de Estado le pidió al Congreso que “sepa que las reformas no son un capricho de un presidente ni son malas, como dicen los dueños del gran capital, sino los deseos de todo un pueblo. Que el Congreso no traicione al pueblo”.
Por estas horas, los principales apoyos del presidente son las organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). El miércoles pasado, esas centrales protagonizaron una multitudinaria marcha en las principales ciudades colombianas, en fuerte señal de respaldo a los anuncios del gobierno. El mismo Petro participó de la marcha en Bogotá junto a su vicepresidenta, Francia Márquez, y varios legisladores y ministros.
Petro se muestra convencido de que su transformación del país será profunda y a largo plazo. “Hay personas que aún no leyeron lo que significa la decisión popular de las mesas electorales del año pasado –remarcó-. Creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio. Decimos con toda claridad que no fue así. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y ambos quieren volver realidad el programa de gobierno por el que el pueblo votó”.
Esto lo diferencia de otros gobiernos de la llamada nueva “ola progresista” de la región, como el Perú de Pedro Castillo, quien no contó con los apoyos políticos suficientes para hacer valer su voluntad, o el Chile de Gabriel Boric, que no parece decidido a encabezar verdaderamente los cambios profundos por los que fue votado y que había prometido en su campaña. Petro se diferencia de ellos porque ha logrado unir bajo su figura a una importante cantidad de sectores populares, al mismo tiempo que ha demostrado tener una voluntad política de conducir las transformaciones necesarias para Colombia.
Además de los proyectos ya presentados, el mandatario aseguró que avanzará con el resto de su agenda en la segunda mitad del año. “El pueblo aprobó esto en las urnas. Es un mandato popular. Vamos por un trabajo digno, por la salud gratuita y para todos, vamos para que cualquier viejo y vieja tenga un bono pensional para poder existir, y vamos por la reforma de los servicios públicos”, manifestó.
Por supuesto, esto genera fuertes resistencias en el establishment colombiano. En las últimas semanas, se produjeron denuncias gravísimas contra el gobierno, las cuales Petro ha negado de manera terminante. La revista colombiana Semana publicó unas filtraciones de quien, hasta hace una semana, era embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, donde le dice a la ya ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia, que había una supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro por 3,5 millones de dólares y que, si lo revelara, todos irían presos. El mandatario afirmó que de ninguna forma recibió dinero del narcotráfico para su campaña y que su gobierno no tolera ni chantajes ni amenazas del “gran capital”. El escándalo de escuchas ilegales y de denuncias sobre la financiación de la campaña obligó al presidente a cambiar nombres en su gabinete y equipo de gobierno, empezando por el mismo embajador Benedetti y la titular de Gabinete, Sarabia.
Para agregar mayor misterio y escándalo a la situación, el coronel Óscar Dávila, adscripto a la seguridad de la Presidencia de la República y relacionado con las interceptaciones telefónicas ilegales a Marelbys Meza, exniñera al servicio de la ex jefa de Gabinete, apareció muerto el sábado pasado. Petro afirmó que se trató de un “suicidio”, pero aún se investigan las causas.
En ese contexto, a fines de la semana pasada, en La Habana, Petro firmó un acuerdo de cese al fuego por seis meses con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más antigua aún operando en América Latina. Se espera que esto pueda ser el primer paso hacia una desmovilización definitiva del grupo insurgente. A finales de marzo de este año, un ataque del ELN con armas largas y explosivos resultó en 10 militares muertos cerca de la frontera con Venezuela, lo que casi dio por terminadas las negociaciones. El presidente colombiano se mostró confiado respecto de que “en mayo de 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado”. Por lo pronto, es el alto el fuego más prolongado acordado hasta el día de hoy con la guerrilla que tuvo en sus filas al sacerdote Camilo Torres. “El mundo de las armas y de matarnos entre todos desde hace décadas (…) debe cesar. La violencia que vivimos por generaciones, de la que hemos hecho parte, pero hemos intentado superar, nos dice que no nos hemos podido construir como nación”, explicó el mandatario. El mismo Petro fue miembro del grupo guerrillero M-19, entre 1978 y 1990, una organización que, a diferencia del ELN o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no eran estrictamente marxistas y pedían “una democracia real para Colombia”.
Los desafíos de Gustavo Petro son muchos y de una gran complejidad, en el marco de un país donde, en las últimas seis décadas, existió una especie de régimen bipartidista en los papeles, mientras que, en los hechos, no había grandes cambios entre un signo político y otro. Petro llegó decidido a cambiar de raíz la estructura económica y social colombiana. Su mayor desafío también será alcanzar las transformaciones culturales y políticas para lograr eso. Por lo pronto, ha demostrado una decisión que no tienen muchos de sus homólogos, lo cual, en este contexto, no es poco.
*Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta / Foto de portada: Reuters.
