¿Parálisis constituyente en Chile?
El proceso constituyente está jaqueado. La derecha chilena niega cualquier intento de retomar las discusiones para cambiar la Carta Magna mientras que los impulsos gubernamentales para avanzar están bloqueados.
Por Andrés Kogan Valderrama, desde Chile, para La tinta
Llevamos más de dos meses desde que el pueblo de Chile votó, de forma contundente, en contra de la nueva Constitución propuesta y, hasta ahora, no se ve con claridad cómo se podría seguir con un nuevo proceso, lo que es bastante preocupante para la democracia en el país.
De ahí que el resultado no solo no fue el esperado, y el voto obligatorio nos mostró una parte del país que no quisimos ver durante todo este tiempo, sino que ha generado un escenario actual tremendamente desesperanzador y paralizante.
La sola posibilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente pareciera bloquearse por una negación completa de lo ocurrido en octubre de 2019 en Chile, tanto por las violaciones a los derechos humanos como las demandas existentes, buscando vaciarlo completamente de contenido y despolitizar todo lo ocurrido.
Es lo que están intentando hacer distintos sectores políticos, empresariales y mediáticos, los cuales se han apropiado del resultado del 4 de septiembre para no solo bloquear un nuevo proceso constituyente, sino que también cualquier intento de reforma del gobierno del presidente Gabriel Boric.
Son los casos de la reforma tributaria y la reforma al sistema de pensiones, las cuales han tenido un verdadero muro por parte de la oposición de derecha en el Congreso, aludiendo que son reformas perjudiciales para el país y que solo dañarían la economía.
El punto es que los argumentos que usan son exactamente los mismos para rechazar la nueva propuesta constitucional, en donde el discurso estado-fóbico estuvo en el centro de sus planteamientos, así como poner los derechos de propiedad por sobre cualquier otro tipo de derechos.
Por eso, el rechazo a la nueva Constitución sea leído por estos sectores como un rechazo al llamado octubrismo, como le llaman a la revuelta social de manera despectiva. Tanto la derecha tradicional como la nueva derecha están dejando pasar el tiempo para hacer vincular el fracaso constituyente con el accionar del gobierno.
Es cierto, muchos y muchas de nosotras nos equivocamos al creer que la revuelta social y el proceso constituyente generarían tal nivel de politización en la población que sería muy difícil revertirlo en el plebiscito de salida. Pero de ahí a negar los profundos malestares sociales de la sociedad chilena es volver a creer que, a nivel político e institucional, estamos haciendo las cosas perfectamente bien.
A su vez, tampoco dimensionamos los efectos materiales y el miedo que generó la pandemia durante el proceso constituyente mismo, derivados de la suba del costo de la vida, el aumento de la inseguridad y, por supuesto, los miles de muertos como resultado de la COVID-19. No por eso vamos a desconocer los altos niveles de desigualdad, segregación, abuso y endeudamiento de las familias para poder vivir, los cuales, precisamente, están peor que antes.
En consecuencia, caer en un negacionismo de octubre, como si lo ocurrido fuera una mera acción anómica, como diría Carlos Peña, o solo una mera reacción envidiosa, como sostendría Axel Kaiser, es ignorar los profundos problemas estructurales generados por el modelo de acumulación híper-concentrado chileno y la baja intensidad democrática en estos últimos 30 años en el país.
Asimismo, reducir lo ocurrido a la mera violencia física durante las protestas, tildando de estallido delictual o anti-social a lo acontecido en 2019, como plantean las derechas constantemente, es no hacerse cargo de demandas sociales que llegaron a un punto de inflexión aquel año y que generaron las bases para abrir un proceso constituyente inédito en Chile.
Por lo mismo, se podrá decir que en el país no se generó el sujeto constituyente que creíamos que existía, pero de ahí a cerrar cualquier proceso transformador es simplemente generar las condiciones políticas para un nuevo estallido social en el futuro, que podría ser mucho más violento de lo que nos imaginamos.
Frente a esto, la necesidad de un nuevo acuerdo constitucional en el país, que nuevamente dé esperanza al pueblo de Chile, no puede seguir estancado por intereses mezquinos de ciertos partidos políticos de derecha, justificados por el resultado del proceso constituyente anterior.
No hay tiempo para seguir esperando y paralizados. El Congreso debe dar respuesta al malestar ciudadano y actuar con responsabilidad, así como lo hizo con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el 15 de noviembre del año 2019. Y, ahí, debemos estar apoyando un nuevo proceso quienes aún creemos en un país distinto, sin purismos ideológicos y con el aprendizaje del proceso anterior.
*Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta / Foto de portada: Celag.
