Lo que Valentino Blas nos trae hoy: repensar las violencias y los consensos democráticos
Por Valeria Plaza para La tinta
El 7 de septiembre a las 9 horas en Tribunales II, empieza la etapa oral del juicio por el homicidio de Valentino Blas Correas. En el mismo, están imputados 13 policías por el caso. Valentino era un joven de 17 años que había salido a comer con sus amigos y, frente al no acatamiento de la orden policial de detenerse, la policía disparó al auto, uno de esos disparos le acertó a Valentino Blas que iba en el asiento trasero y terminó con su vida.
El caso de Valentino se presenta con características específicas, pero no aisladas, que invitamos a reflexionar y a hacernos nuevas y viejas preguntas frente a esta etapa que inicia.
¿Por qué es un caso socialmente relevante?
El lugar del hecho (la posibilidad de cámaras de videovigilancia que permitieron hacer caer la primera versión policial de “enfrentamiento” y de vecinos que vieron y animan a testificar sobre el intento de alteración de la escena del crimen), la condición de la víctima (no solo su pertenencia social, que, a diferencia de los casos de violencia institucional letal de ese mismo año y en general, no se trata de un joven de barrio popular -un otro estereotipado como conflictivo y peligroso que no genera la misma empatía social que en este caso-, sino también, y sobre todo, las redes familiares y sociales que rápidamente lograron poner en el debate público otro relato que no era el policial desde las primeras horas de ocurrido) y el contexto nacional e internacional (de cuestionamiento a la violencia policial en pandemia con circulación de videos espeluznantes de brutalidad policial por cuestiones raciales en Estados Unidos o a miembros de comunidades originarias en el sur de Argentina). Todo esto influyó para que el caso se instalara en los medios locales y nacionales de manera extendida, dando la palabra a familiares y amigos, y no reproduciendo únicamente la versión policial como suele pasar en estos casos.
¿Por qué fue un caso estatalmente relevante?
Desde el primer momento, las autoridades del área (ministro y, luego, el mismo gobernador) salieron a repudiar el accionar policial y se pusieron “a disposición” de la familia. Apenas sucedido el hecho, se produjeron cambios inmediatos en la cúpula policial y también al poco tiempo, luego de un nuevo caso: el de Joaquín Paredes (15 años), que, en octubre de ese mismo año, fue ejecutado por personal policial cuando se encontraba con amigos en una plaza de Paso Viejo, una pequeña localidad del norte cordobés. Como consecuencia de ello, desde el Estado provincial, se anunció la sanción de un protocolo de uso de la fuerza policial y la remoción del jefe y subjefe de policía. Asumió en sus funciones quien ocupaba el cargo de Directora General de Seguridad, Liliana Rita Zárate, siendo la primera mujer en el máximo cargo de la institución policial. Se anunciaron cambios en la duración de la formación policial y se propusieron otros en el Tribunal de Conducta Policial, plasmados luego en una ley provincial que creó un organismo especializado para la investigación y sanción de las faltas policiales medias y graves.
¿Por qué es ahora, entonces, un caso jurídicamente importante?
En la investigación previa, la fiscalía acredita que no se trata de un accionar aislado de un policía, sino que se inscribe en una modalidad de trabajo policial y que el “hecho podría categorizarse como de violencia institucional, perpetrado por personal de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba” (Auto de Elevación a juicio, p. 103). En el relato pormenorizado del caso, se deja en evidencia cómo la institución policial no está preparada para evitar estos casos y sí para intentar encubrirlos cuando suceden: ¿por qué se llama a un móvil para que acuda a modificar la escena del crimen? ¿Por qué había un arma en el móvil policial, lista para ser “plantada”?
El pedido de elevación a juicio del Fiscal Mana no solo es destacable por la cantidad de efectivos imputados, sino también por la variedad de figuras penales que incluye, lo que refuerza la característica de participación múltiple institucional de estos casos. Están imputados 2 policías como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego; 6 por el delito de encubrimiento y omisión de cumplimiento de deberes de funcionarios públicos, 4 por falso testimonio y encubrimiento, y 1 por encubrimiento.
¿Por qué es importante seguir acompañando el juicio ahora?
En estos días, vamos a escuchar numerosos -y, seguramente, dolorosos- relatos que dan cuenta de lo ya se dijo: no son muertes aisladas, son casos de violencia institucional y, como tal, no es suficiente, aunque deseable, una condena “ejemplar”.
En estos tiempos que tanto hablamos de violencias, es necesario acompañar el juicio para que se desarrolle un proceso judicial independiente que condene a los responsables y encubridores del hecho. Y, sobre todo, para volver a repensar esas violencias que eventualmente condenamos social, estatal y jurídicamente, pero que siguen reproduciéndose día a día, tanto en prácticas de menor intensidad (hostigamiento policial) como de mayor intensidad (golpizas, detenciones arbitrarias y hasta homicidios en ocasiones muy similares a las de Valentino Blas).
Es necesario, entonces, que la violencia institucional deje de ser un debate excepcional solo ante algunos casos y se convierta en central y cotidiano: que hablemos de estas violencias en las escuelas, facultades, lugares de trabajo y en las calles. Que, aunque duela, debatamos estos casos y encontremos alternativas a los conflictos que no sean las violencias policiales. Porque, aunque no parezca, todo está bastante relacionado y, si no empezamos a destejer los entramados sociales que convierten a los jóvenes de sectores populares como alteridades monstruosas merecedores de ejecuciones sin juicios, si no dejamos de depositar el fetiche de que los policías nos tienen que solucionar mágicamente todos nuestros conflictos sociales a cualquier precio, se impone el discurso del odio, de la irracionalidad, de las violencias y de las muertes. Y, entonces, perdemos todos.
Volver a esa terrible mañana del 6 de agosto del 2020, cuando nos enteramos del caso, que poco a poco fuimos conociendo qué y cómo paso, es volver también a pensarnos en una pandemia, en la no circulación por cuestiones sanitarias. Es repensar cómo volvimos a una relativa normalidad de circulación porque encontramos el sentido social del cuidado del contagio y, sobre todo, porque encontramos la vacuna. Ojalá la sentencia de Valentino sea ejemplar y se convierta en nuestro antígeno para empezar a producir anticuerpos ante las violencias a las que habíamos dicho “Nunca más”, y que se convierta en una pieza fundacional en la construcción de nuestra memoria democrática.
*Por Valeria Plaza para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
*Investigadora de CONICET y docente de la FCS UNC. Integra el Grupo Cañada e investiga en temas de
Jóvenes, Seguridad y Policía.
