“El Gobierno de Córdoba está desmontando la Ley de Ambiente”
Este martes 17 de agosto, en la vigésima primera sesión de tablas del año, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo -«con un tratamiento exprés y sin participación ciudadana»-, la Legislatura cordobesa aprobó en general y en particular modificaciones a los anexos I y II de la Ley 10.208 de Política Ambiental Provincial. El proyecto, elevado por el Poder Ejecutivo, contó con despacho favorable por parte de las comisiones de Ambiente y de Legislación General. Organizaciones ambientales denunciaron y solicitarán formalmente el veto.
Por Redacción La tinta
Distintas organizaciones ambientales de la provincia están en alerta y denuncian que el Gobierno de Córdoba sigue privilegiando el negocio de la obra pública e inmobiliario por sobre el medioambiente. “El Gobierno de Córdoba está desmontando la Ley de Ambiente”, describió el Movimiento Verde Cordobés. Y agregaron: “Mediante un tratamiento exprés y sin participación ciudadana, el oficialismo cordobés modificó la Ley de Ambiente. Está ley fue resultado de la lucha socioambiental que surgió contra el proyecto de instalación de la planta de Monsanto”.
Pablo Riveros, intendente de Villa Ciudad Parque y referente de este movimiento, opinó en un comunicado publicado en las redes sociales que “la nueva ley viene a legitimar el desmonte realizado por la obra pública sobre zonas rojas y a impulsar el negocio inmobiliario sin control”.
Por su parte, en diálogo con La tinta, Federico Kopta, biólogo y miembro del Foro Ambiental Córdoba, informó que solicitarán formalmente el veto. “El proyecto fue propuesto por la Secretaría de Ambiente de la Provincia y firmado por el gobernador Juan Schiaretti. Implica que habría menos exigencias para proyectos relacionados con loteos, antenas de telefonía celular y silos. También cambió un artículo sobre desmontes”.
Según Kopta, las preocupaciones relacionadas con la modificación de la Ley 10.208 tienen dos aspectos fundamentales: “Por un lado, lo relacionado a la falta de participación e información del proceso de modificación de la ley, que justamente también sienta precedentes para otras, por ejemplo, podría sentar precedente para la Ley de Bosques. El otro tiene que ver con la implementación de loteos de lotes grandes, que pueden ser aprobados sin el requisito de estudio de impacto ambiental y audiencia pública (atento a que si los lotes tienen un cuarto, media hectárea, una hectárea, pueden pasar con un trámite administrativo del que solo nos enteramos mediante un aviso de proyecto y sabemos que todo eso se termina aprobando), y además, una proliferación de soportes de antenas de telefonía celular que, con solo el trámite comunal o municipal, se van a aprobar”.
La vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, integrante del bloque Hacemos por Córdoba, al momento de informar la iniciativa, señaló que el objetivo fundamental era “actualizar y dotar de mayor precisión algunos conceptos previstos en los referidos anexos de la mencionada ley (…) El proyecto que hoy tratamos no es una reforma de ninguno de los aspectos esenciales de la Ley 10.208, sino que, por el contrario, solo se modifican parcialmente puntos específicos de sus anexos que obedecen casi pura y exclusivamente a objetivos prácticos y de técnica legislativa, a los fines de dotar de mayor efectividad a la ley”. Los cambios aprobados fueron en los puntos 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47 y 48 del Anexo I “Proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública”, y del Anexo II “Proyectos obligatoriamente sujetos a presentación de aviso de proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental”, el punto 2 inciso 5 y el punto 3 apartado B inciso G.
Sin embargo, Riveros señala que buscan “flexibilizar los requisitos para aprobar loteos, permitiendo que numerosos emprendimientos inmobiliarios no requieran del Estudio de Impacto Ambiental previo”. Y concluyó: “Ni los incendios ni las sequías, ni los lagos y ríos contaminados, ni el aumento desmesurado de los casos de cáncer y enfermedades en las zonas fumigadas hace reflexionar al gobierno y los legisladores sobre el cuidado del ambiente que debe ser una prioridad y que la naturaleza debe ser también sujeta de derechos”.
A última hora de ayer, jueves 18, abogades de ambientalistas de la provincia hicieron público un comunicado en el que expresan: “Repudiamos esta modificación inconsulta, claramente regresiva, que no solo se dicta de espaldas al pueblo, sino en medio de la peor situación medioambiental de la historia de la Provincia de Córdoba, lo que ha llevado a proponer a quien lidera la coalición gobernante traer agua a Córdoba desde el río Paraná, una de las cuencas más contaminadas y colapsadas que tiene nuestro país, con un altísimo costo energético y económico. El Gobierno debe actuar en forma urgente, utilizando los mecanismos constitucionales con los que cuenta a fin de evitar que los cansados ciudadanos y ciudadanas tengamos que recurrir a una desprestigiada y cuestionada Justicia provincial que, a tenor de los acontecimientos, llegará demasiado tarde”.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: El Resaltador.
