Transfeminismo popular ante la violencia machista
Las violencias no paran, las estrategias comunitarias tampoco. Ante nuestros cuerpos feminizados acechados, las organizaciones populares inventan respuestas colectivas de cuidado transfeminista. En esta nota, repasamos la situación en Córdoba y conversamos con lxs promotorxs territoriales en prevención de violencia de género del Movimiento Evita.
Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta
Elizabeth, Leonela, Luana, Oriana, María Marcela, Susana, Margarita, Virginia, Susana y su hijo, Yamila. Las historias son únicas, particulares y también se repiten en un loop de terror. Varían sus edades y los territorios: sus femicidios sucedieron a lo largo y ancho de la provincia. Comparten la violencia previa; en casi todos los casos, los asesinos fueron parejas o exparejas, algunos se suicidaron, otros montaron escenas del crimen más o menos creíbles.
En los pasillos judiciales, los últimos meses, la violencia de género tuvo su protagonismo, aunque con claroscuros. Exfuncionarios imputados, sentencias inexplicables, otras que llaman “ejemplificadoras”, juicios irregulares, causas prescriptas.
A los pocos días de comenzar este año, nos enfrentamos al suicidio femicida de Luana Ludueña, la joven bombera de 26 años que había denunciado al exdirector de Defensa Civil de la provincia de Córdoba, Diego Concha, por violación y amenazas reiteradas. El 8 de julio pasado, la fiscal de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, decidió ampliar la imputación a «homicidio calificado con motivo de abuso sexual con acceso carnal en ocasión de sus funciones y violencia de género». Concha, además, está acusado de violencia de género por parte de su expareja.
Hace poco menos de un mes, la Cámara Tercera del Crimen condenó a Brando Ariel Larrubia López a 9 años y 6 meses de prisión por el asesinato de su pareja, Katherine Saavedra, en Malvinas Argentinas. Para la Justicia, el crimen no fue un femicidio, sino un homicidio preterintencional, es decir que el agresor quiso provocar lesiones, pero ella murió. En otro extremo, tal vez, está la sentencia a José Coronel por el femicidio de Karina Bustos, trabajadora del Ministerio de Educación provincial, el 11 de mayo de 2020. Coronel confesó ser autor del crimen y el juicio terminó con la condena máxima para este delito.
Los juicios de Nora Dalmasso y de Cecilia Basaldúa se desarrollaron dejando en evidencia agudas irregularidades judiciales en los procesos. El 5 de julio pasado, después de 15 años del femicidio de Dalmasso en Río Cuarto, Marcelo Macarrón, quien era su marido y el único acusado, fue absuelto por falta de pruebas, prescribiendo la causa en un juicio sin querella. En el caso de Cecilia, el 1 de julio, la Justicia absolvió a Lucas Bustos, la única persona imputada por su muerte. Su familia y el equipo de trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa reclaman una investigación seria del caso.
La violencia de género en números
Pese a las políticas implementadas en los últimos años, el número de femicidios no disminuye. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina de 2021, en Córdoba, se iniciaron 17 causas judiciales relacionadas con femicidios, hubo 17 víctimas directas, todas mujeres de nacionalidad argentina. Calculan, además, que en la provincia hay un femicidio directo cada 114.080 mujeres.
El Observatorio MuMaLá «Mujeres, Disidencias, Derechos» dio a conocer el registro nacional de muertes violentas de mujeres, travestis y trans en el primer semestre del año, que ubica a Córdoba como la segunda provincia -luego de Buenos Aires- con mayor número de femicidios.
Desde el 1° de enero al 29 de junio de 2022, se registraron 175 casos, es decir, una muerte violenta de mujeres, travestis y trans en Argentina cada 25 horas. De estos, 114 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios, 34 muertes violentas asociadas al género vinculadas a economías delictivas o colaterales, y 20 son muertes violentas en proceso de investigación. En ese registro, hubo 7 suicidios femicidas, es decir, situaciones donde personas se quitan la vida por los abusos reiterados o por la violencia de género sufrida.
Además, hubo 222 intentos de femicidios. El 68% de los crímenes fue cometido por parejas o exparejas, la edad promedio de las víctimas es de 39 años y la edad promedio de los victimarios es de 40 años. De ello, el 18% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor, el 60% de ellas tenía orden de restricción de contacto o perimetral, y el 20% además botón antipánico. El 7% de los femicidios fue cometido por integrantes de fuerzas de seguridad. El 45% de los asesinatos con armas de fuego fueron con armas reglamentarias.
Un dato particular que registran desde la organización son las muertes de mujeres, adolescentes y niñas que fueron asesinadas en contextos de violencia urbana vinculada al narcodelito. Según remarcaron desde MuMaLá, el número registrado en el primer semestre del año es de 24 víctimas que encontraron la muerte por quedar en la línea de fuego o que han sido específicamente buscadas por su relación con ese entorno. Ante esto, reclaman políticas que entiendan un arco de violencias más amplias que tiene como protagonistas a los cuerpos feminizados.
Espacios de protección feminista
Colectivos feministas y organizaciones sociales desarrollan hace años propuestas para combatir la violencia machista en diversos territorios. Desde el Movimiento Evita, trabajan como promotoras territoriales en prevención de violencia de género en alrededor de 20 barrios de la ciudad de Córdoba y en otras localidades como ciudad de Alta Gracia, Río Cuarto, Tulumba, Dean Funes, Las Playas y Mansilla. «Las formas de comprender, vivir y construir los feminismos son múltiples, y todas tienen que ver con el momento histórico que la sociedad está atravesando. Desde el Movimiento Evita, nos posicionamos desde el transfeminismo popular para construir la militancia, el trabajo y la vida”, explican integrantes de la agrupación. En diálogo con La tinta, comparten su experiencia.
—¿Qué actividades desarrollan?
—Lxs promotorxs acompañamos, sostenemos, organizamos la demanda y articulamos con el Estado generando las condiciones para el acceso de información y a la justicia, buscando garantizar derechos sistemáticamente vulnerados. Una de nuestras políticas fundamentales es la construcción de Consejerías de Género y Salud Integral, pensadas como un espacio de abordaje territorial-comunitario que se dirigen específicamente a abordar, desde la perspectiva de género y de una manera integral, las distintas problemáticas que se presentan en los territorios.
Estos espacios nacen de la construcción colectiva de una estrategia que busca dar respuesta a la violencia machista y heteropatriarcal, una problemática concreta que atraviesa la sociedad en general y los distintos barrios populares de Córdoba. Están compuestas por mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries de esos barrios, y muchxs nos encontramos inscriptxs al Programa Nacional Potenciar Trabajo. En algunos casos, las consejerías están compuestas también por equipos técnicos que acompañamos los espacios, conformados por militantes del Movimiento Evita, estudiantes y por profesionales como abogadxs, psicólogxs, trabajadorxs sociales y politólogxs.
Hay un Equipo Técnico Central que trabaja de manera articulada y en conjunto con todas las consejerías y espacios de género, como así también con el Estado y otras organizaciones e instituciones, pensando de manera integral estrategias y realizando acompañamientos a situaciones de violencias por motivos de géneros, tanto desde la escucha, contención emocional y psicológica, asesoramiento legal, como desde la gestión de programas alimentarios, educativos, de sustento económico y laboral, priorizando la autonomía y decisiones de la persona acompañada o por acompañar.
—¿Creen que la pandemia generó o puso de relieve situaciones nuevas que atraviesan los cuerpos feminizados?
—La pandemia puso de manifiesto la esencialidad de nuestro trabajo en los territorios, porque llegamos a través de la organización popular y comunitaria a espacios donde el Estado no llega, y mantenemos allí una presencia constante y comprometida. En la pandemia, las esferas de lo productivo/reproductivo y público/privado se vieron aún más difuminadas, los cuerpos feminizados no solo se hicieron cargo de los cuidados en el ámbito doméstico, sino que también se pusieron al hombro el cuidado comunitario, desde las copas de leche y merenderos para asegurar la alimentación de lxs vecinxs, las postas y jornadas de salud en la inscripción a la vacunación, las Casas Pueblo acompañando situaciones de consumo problemático, las Consejerías de Género acompañando situaciones de violencia, etc.
Durante la pandemia, las medidas tomadas dificultaron el acceso a derechos fundamentales como la salud y la justicia. Ante la situación de aislamiento social, preventivo y obligatori, no se reconoció a promotorxs como trabajadorxs esenciales, lo que nos impidió contar con un permiso de circulación para garantizar el acompañamiento a las personas en situación de violencia o continuar con el trabajo de las Consejerías de Géneros y Salud Integral, exponiéndonos a circular sin permiso e impulsándonos a generar otras estrategias.
—Desde los transfeminismos, hemos avanzado en muchos sentidos, también en relación a las políticas públicas. ¿Cómo ven lo logrado y qué creen que falta?
—A nivel nacional, tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, lo cual no es menor. También contamos con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que saldó una deuda de la democracia para con los cuerpos gestantes ampliando el derecho a la salud integral. A nivel provincial, contamos con el Polo Integral de la Mujer que, a pesar de sus déficits, nos permite articular las diversas situaciones que acompañamos desde los distintos barrios de la capital.
Aún así, sabemos que falta un montón para el real acceso y la respuesta integral de las problemáticas vinculadas al género. Entendemos al Estado como un actor fundamental para abordar estas violencias, creemos que se debe seguir avanzando en más políticas, dispositivos e instituciones que atiendan estas problemáticas, pero también creemos que ese avance debe ser en diálogo y articulación con las organizaciones sociales y movimientos populares que acompañan territorialmente estos procesos. No solo porque estamos donde el Estado no llega, sino también porque, a lo largo de los años, la organización comunitaria ha desarrollado una serie de políticas y construcciones que, por su inserción, participación y protagonismo popular, logran dar respuestas realmente integrales. Por eso, desde Mujeres Evita, acompañamos y sostenemos la lucha por el reconocimiento económico, social y político de lxs promotorxs de género.
—El trabajo en red es una de las características de la política feminista, ¿qué articulaciones sostienen con otras organizaciones?
—La importancia de situarnos a la hora de intervenir y generar estrategias nos hace preguntarnos: ¿dónde estamos? ¿Cuáles son las características del barrio? ¿Con quiénes podemos articular? Se vuelve fundamental, a la hora de nuestras prácticas, generar articulación entre diferentes actores del barrio, tanto con organizaciones sociales fortaleciendo las redes comunitarias en los territorios, como con los distintos dispositivos del Estado (centros de salud, escuelas, policía barrial, etc).
Ante la lógica imperante del individualismo neoliberal, las organizaciones construimos comunidad como respuesta. Desarrollamos y sostenemos redes populares porque entendemos que nadie se salva solx y, desde la articulación, el trabajo en conjunto y en unidad, podemos avanzar en la construcción de una realidad más justa e igualitaria.
*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Ana Medero para La tinta.
