Arroyo alambrado: la mercantilización del agua en el Gran Córdoba
Parte del Poder Judicial cordobés se expresó a favor del tendido de alambre con el que el barrio privado Potrerillo de Larreta, en Alta Gracia, impide el uso de cuatro kilómetros de arroyo a la comunidad. Los argumentos de algunos jueces no tienen en cuenta al agua como bien colectivo y caen en la mercantilización del recurso.
*Por Diego Heredia para Prensa Comunitaria Córdoba
El crecimiento demográfico del departamento Santa María, que al norte limita con la capital provincial, se explica en parte por la cantidad de emprendimientos inmobiliarios que proliferaron en los últimos 20 años como parte de la expansión del Gran Córdoba.
Así, localidades como Alta Gracia, Malagueño, Santa Ana, Villa del Prado, Los Cedros, Anisacate y Falda del Carmen, entre otras, tuvieron un salto demográfico muy importante que seguramente se ratificará con el censo de este año.
Este nuevo escenario planteó conflictos por el acceso a los servicios públicos, a los recursos naturales y a los derechos de la ciudadanía en general. Una de las consecuencias en ese nuevo contexto para la región, aunque la lógica se viene replicando en otros valles de la provincia, fue la apropiación de recursos acuíferos, en este caso, de los arroyos.
Por el tamaño y la dimensión, el caso más simbólico es el de Potrerillo de Larreta, un “country club” que cuenta con una cancha de Golf reconocida en Sudamérica, que tiene una hostería donde se alojan asiduamente “celebridades” como el ex presidente Mauricio Macri y que ha formado alianzas desarrollistas, como el caso de Edisur.
Ese barrio privado, en aproximadamente cuatro kilómetros, mantiene alambrado el arroyo Los Paredones, que es el principal afluente del arroyo Chicamtoltina o arroyo de Alta Gracia. Hace casi una década, el country inició un juicio contra la Provincia porque la Policía Ambiental removió los cercos ilegítimos en 2011.
Potrerillo de Larreta se benefició con la judicialización del caso, no solo porque a través de medidas cautelares mantuvo el alambre, sino también porque la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Novena admitió recientemente su pedido para mantener el alambre sobre el curso de agua. O sea, por el momento, está logrando legitimar el alambre sobre el espacio público con un fallo inédito.
Hay que recordar que esta sentencia se da luego del fallo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, del Conciliación y Familia de Segunda Nominación de Alta Gracia, a cargo de Graciela Isabel Cerini, que se había pronunciado contra el alambrado.
La Cámara, que revirtió la decisión de Cerini, impidió además que el caso llegue al Tribunal Superior de Justicia y ahora la Provincia analiza llevarlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La situación es compleja, ya que la lamentable decisión de la Cámara podría generar un antecedente muy peligroso sobre la apropiación de recursos públicos a manos de privados en la Provincia y el país.
El riesgo de perder un arroyo
El artículo 37 del Código de Aguas de Córdoba señala que “toda persona tiene derecho al uso común de las aguas terrestres (subterráneas, surgentes, corrientes, lacustres y pluviales) siempre que tenga libre acceso a ellas y no excluya a otro de ejercer el mismo derecho”.
Entre otros argumentos, el fallo de la Cámara entiende al agua como un recurso para su utilización, pero omite el concepto del recurso acuífero como un bien común. Esta omisión habla por sí sola y nos lleva a concluir que entienden al arroyo como un elemento apropiable. Asistimos de esta manera a la mercantilización del recurso.
La Cámara, en uno de sus fallos, parafrasea incluso a los representantes legales de Potrerillo de Larreta al decir: “El dominio público sobre cursos de agua se fijó teniendo en cuenta el valor de la cosa ‘agua’, para la preservación de su caudal, su pureza y para asegurar el mayor acceso posible a la satisfacción de necesidades primarias del hombre; no para que sobre cada curso de agua exista una senda de tránsito para cualquier persona de la comunidad”.
Está claro, el country intenta desprender el aspecto cultural, social y patrimonial de la causa, y la Cámara, integrada por los vocales Jorge Eduardo Arrambide, María Mónica Puga y Rafael Garzón Molina, compra ese argumento.
Desde su conformación, el colectivo Todos por Nuestros Arroyos puso el eje en discutir el agua como un bien colectivo, que no solo se entiende en su acceso para uso diario, sino desde su mirada social, ambiental y cultural.
En este marco, con el apoyo indispensable de Fundeps, el colectivo solicitó participar en el expediente como tercero interesado, justamente para advertir la necesidad de un abordaje socioambiental. Pero la mirada parcial del Poder Judicial, que abordó el juicio como una cuestión únicamente vinculada con la propiedad privada, los dejó afuera del conflicto.
Sobre lo ambiental, un solo aspecto. Sin ánimos de profundizar demasiado en el uso de agua que hace el barrio privado -que brinda elementos para escribir un artículo completo-, según un informe basado en fuentes oficiales y publicado en 2012 por el periódico semanal altagraciense, Papel Tortuga (que ya no se publica en su formato en impreso), el 87 por ciento del agua que se extraía en las bombas declaradas por el barrio cerrado (las bombas no están en el arroyo según su declaración) se utilizaba para el riego de la cancha de golf.
Más allá de que el juicio no tuvo en cuenta la cuestión ambiental, como mencionamos anteriormente, es importante rescatar que la actividad que realiza este emprendimiento inmobiliario tiene un gran impacto en la comunidad, lo que hizo que miles de personas se movilizaran en distintas oportunidades.
El modelo
Este caso desnuda el modelo en el que vivimos, donde se evidencia qué sectores de la población tienen acceso a qué tipo de recursos. En lo particular, es más obvio si tenemos en cuenta que este barrio privado se relaciona con el poder cordobés y con el nacional también.
El colectivo Todos por Nuestros Arroyos construyó la premisa “más derechos, menos privilegios”, como una bandera que hizo frente al avance de lo privado sobre lo público. También levantó la voz ante los actos, propios de este modelo, que promueven una suerte de categorización de ciudadanos, que se tipifican en base a los recursos económicos y a la posición social.
Por eso, la organización sostiene que no está sola en la lucha. Porque más allá de la propia articulación que se da diariamente, comparte la causa de los conflictos con muchas organizaciones hermanas que promueven el “buen vivir”.
Está claro que este tipo de fallos, a espaldas del pueblo, no serán aceptados, porque desconoce la historia, el patrimonio y la identidad de un pueblo. Por ello, pese a toda la voracidad que puedan tener estos actores, se encontrarán con la organización ciudadana dispuesta a no permitir más abusos.
*Por Diego Heredia para Prensa Comunitaria Córdoba. Periodista de Radio Tortuga de Alta Gracia | Integrante del colectivo social Todxs por Nuestros Arroyos.
