«La verdad sobre lo irreparable»
Los fiscales federales de Resistencia, Federico Carniel y Diego Vigay, forman parte del equipo que impulsó desde la Justicia la realización del Juicio por la Verdad por la matanza de más de 300 indígenas en 1924, conocida como Masacre de Napalpí. En esta entrevista, cuentan cómo surgió la idea de avanzar en esta medida y qué esperan que ocurra cuando se lea la sentencia por crímenes de lesa humanidad contra, entre otros, el expresidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear.
Por Bruno Martínez Miño para Perycia
La Fiscalía General Federal es una casa vieja, remozada. Se nota por los espacios, por la escalera, por las oficinas apretadas. En este edificio de claustrofobia, ubicado en el macrocentro de Resistencia, se sistematizó gran parte del expediente que luego se transformó en el requerimiento de elevación a Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, la matanza de más de 300 originarios de las etnias qom y moqoit, perpetrada por fuerzas de seguridad el 19 de julio de 1924, en una reducción indígena ubicada a 130 kilómetros de la capital chaqueña.
En uno de los despachos de la fiscalía, y a pocos días del inicio de las audiencias, el fiscal Federico Carniel y su par ad hoc de Derechos Humanos, Diego Vigay, reciben a LITIGIO y PeryCia para dialogar sobre esta histórica instancia judicial.
―¿Cómo surgió la idea de avanzar hacia un Juicio por la Verdad?
—Diego Vigay: En principio, la idea de la Unidad de Derechos Humanos, con Federico (Carniel) desde la Fiscalía General, tuvo que ver con una investigación sobre la Masacre en función de que se estaba ante un crimen de lesa humanidad, que el Estado nacional tenía una obligación de juzgar e investigar, y ver la posibilidad de recopilar y concentrar la mayor cantidad de pruebas posibles. En ese momento, estaba un sobreviviente vivo que era Pedro Balquinta y era urgente poder tomarle testimonio porque tenía 100 y pico de años. Se hizo entonces la apertura de la investigación, no se tenía una idea tan detallada de un Juicio por la Verdad y la posibilidad de una reproducción oral, pública, transmitida y la implicancia que puede tener una reparación de esas características. Lo fuimos construyendo con el transcurso de la investigación, viendo el cúmulo de pruebas que se tenían por el lado documental y, por el otro, tanto de sobrevivientes como descendientes de sobrevivientes e investigadores indígenas y criollos. Y que todo ese grupo de testigos podían reproducirse de manera oral y pública, como un juicio ordinario de lesa humanidad.
—Federico Carniel: En función al proceso que se reinició en 2003 como una política de Estado que tiene como finalidad reconstruir la Memoria, la Verdad y la Justicia, surgió la idea de investigar este hecho que estaba en la memoria colectiva, pero que necesitaba tener alguna visibilización. Y esto lo tengo que reconocer de Diego porque nosotros nos sentamos a intentar ser creativos, a ver de qué manera, utilizando las herramientas del Estado, podemos visibilizar este caso que estaba oculto. Entendimos que todo este proceso de Juicio por la Verdad era el que mejor encajaba para la idea que se tuvo desde un principio. Vale aclarar que, durante las audiencias, va a haber una jueza constitucional, una acusación formal, la participación de las víctimas y va a haber un aporte de la sociedad civil a través de testigos. Esto nos va a permitir a nosotros pasar de la hipótesis delictiva hasta la concreción de un alegato donde se fijen hechos, autores, responsables y víctimas.
―¿Hay algún antecedente en el mundo de un juicio de estas características?
—Vigay: Los Juicios por la Verdad en los años noventa son antecedentes que nosotros tomamos. En varias jurisdicciones de Argentina, entre ellas, el Chaco, juzgados y cámaras federales llevaron a cabo Juicios por la Verdad en el marco de la obligación que tenía el Estado de reconstruir la verdad y reparar por crímenes de la última dictadura en el momento en que no se podía sentar a los acusados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. También existen algunas instancias de juzgamientos de masacres a pueblos indígenas, pero de masacres recientes. No existen antecedentes de masacres que hayan sucedido hace alrededor de 100 años, como es este el caso, y que para la mayoría de los sistemas penales estaría prescripto y sin posibilidad de hacer un juicio.
―La investigación fiscal preparatoria comenzó en 2014 y tomó siete años en realizarse. ¿Qué otros datos sumaron en ese tiempo que no se hayan conocido en investigaciones históricas realizadas con anterioridad?
—Vigay: Con el transcurrir del tiempo, se fueron recolectando los testimonios de los sobrevivientes y de descendientes porque no es una cuestión sencilla. No es que estaban en un listado, sino que fue un trabajo de campo que fue haciendo la comunidad, fundamentalmente con Juan Chico, con docentes bilingües. Es un trabajo de recorrer la comunidad y de ir reconstruyendo la memoria histórica. De ahí fueron surgiendo los testimonios de sobrevivientes y descendientes. Eso fue apareciendo con el tiempo, a cuentagotas. Simultáneamente, aparecieron una serie de investigaciones que se estaban produciendo en ese momento de distintos investigadores que fueron profundizando cada una de las cuestiones y su mismo trabajo de investigación con nuevas fuentes. También surgieron documentos históricos, por ejemplo, del Archivo General de la Nación que armó un equipo de trabajo cuando le pedimos documentación. Estuvo seis meses trabajando y encontró los antecedentes del Ministerio del Interior y de reducciones indígenas que son documentos muy importantes. Y lo último fue el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
―¿Qué hallazgos realizaron los investigadores del EAAF durante las distintas excavaciones?
—Vigay: El EAAF estuvo un mes en Colonia Aborigen. Los testimonios que teníamos, fundamentalmente recolectados por Juan (Chico), tenían que ver con fosas comunes y con cuestiones geográficas de la época, como el “algarrobo gigante” o determinado caudal de agua. Esas referencias, con el tiempo y la urbanización, se fueron perdiendo.
—Carniel: El trabajo del EAAF también fue un aporte nuevo a la verificación de aquel material bibliográfico para darle un soporte probatorio a la cuestión. No porque desconfiemos de la bibliografía, pero nosotros, cuando tenemos un caso, tenemos que agotar todas las instancias probatorias más allá del testimonio bibliográfico y la verdad es que fue un trabajo maratónico lo que hizo este organismo. Quiero reivindicarlo porque tuvieron un profesionalismo impresionante y, a pesar de las dificultades de las referencias, ellos lograron hacer una cuadrícula del lugar. Es un trabajo que va a seguir estando, que no se agotó en esta participación.
―¿Qué encontraron?
—Vigay: Encontraron un cuerpo que, por las características, podía ser de la época de la Masacre. Es un cuerpo que lamentablemente fue intervenido. Es decir que ellos lo retiraron completo de la cintura para abajo. Tendría un disparo en uno de los pies. No tenemos las lesiones de la cintura para arriba. Estaba enterrado a 30 centímetros, con lo cual, de la reconstrucción histórica, te da de que sería un cuerpo de la diáspora que quedaban en el lugar y los enterraban ahí mismo. No los podían traer a la fosa común. Sería una persona joven, entre 35 y 45 años, lo cual es sintomático también. Por los testimonios en la comunidad, sabemos que, hace muchos años, encontraron ahí restos óseos. Lo hicieron mientras ponían un poste, haciendo un pozo de agua o plantando. Lamentablemente, lo descartaron, literalmente, porque ladraban los perros a la noche, porque no le daba la cosecha. Y ellos recién dimensionan lo que fue la Masacre cuando hablaban con nosotros. Pero fácil fueron cuatro o cinco cuerpos de esas características. Y lo otro, que es un testimonio bastante extendido y que se replica, es que los pozos de agua, que estaban cerca de donde fue la Masacre y donde estaba la fosa común, tuvieron durante muchos años sangre y grasa. Con lo cual, para el Equipo de Antropología, existiría un contacto de corriente subterránea de agua de la fosa común con esos pozos. El trabajo que están haciendo ahora es con fotos satelitales que nos aportó el gobierno del Chaco lo más aproximadas para ver la geografía y si pueden encontrar algo que ellos relacionen con fosas, y están estudiando el tema de las corrientes. La idea es volver y continuar el trabajo en búsqueda de la fosa común.
―Teniendo en cuenta la cantidad de muertes que se estiman, y que hasta ahora no se haya podido encontrar esas fosas comunes, ¿barajan la hipótesis sobre la posibilidad de que los genocidas se hayan llevado los cuerpos del lugar tras la matanza?
—Carniel: Es una cuestión que puede llegar a surgir en el juicio. Pero más allá de eso, como se dieron los hechos y de la manera en que se procedió a realizar la Masacre, entiendo que el objetivo de ellos era otro. No era la impunidad: todo lo contrario. Demostrar que el que no hace lo que se dice, termina así.
—Vigay: De los testimonios, se habla de la fosa común y que prendieron fuego los cuerpos. Había niños, ancianos, mujeres e incluso animales que también fueron enterrados en el mismo lugar. La reconstrucción del número es una cuestión muy interesante. Se tiran distintas cifras y no hay posibilidad de determinar la cantidad de víctimas, pero la población (y esto lo trabajó mucho Juan Chico, que fue un gran aporte) de ese momento de la reducción Napalpí eran unas mil personas. De los testimonios de sobrevivientes y descendientes, reconstruyendo a quiénes perdieron de sus familias, te dicen que perdieron dos abuelos, un tío, un hermano y así. Algunas familias se fueron el día antes, asustadas por lo que iba a pasar, pero de las que quedaron en el lugar, perdieron entre un 30 y un 40% de su familia. Entonces, de ahí, el número se aproxima entre 300 y 400. Poquito más, poquito menos. Tenemos varios testimonios que van a declarar en el juicio o ya declararon. Fuimos preguntando qué parte de la familia perdió cada uno. Y eso da una proyección de la cantidad.
―En relación a esas entrevistas que hicieron con familiares de sobrevivientes, ¿con qué se encontraron en esas charlas? ¿Qué percibieron durante ese trabajo de campo?
—Carniel: Lo que yo pude ver es que el hecho sigue vivo. Que fue un hecho de trascendencia tal dentro de la comunidad que se mantuvo de generación en generación. Al contrario de lo que pasó en la población criolla, que si esto no lo sacamos a la luz, no existe en la agenda de nadie. Sin embargo, consideramos que es una agenda central de las comunidades. Y eso es valorable porque te das cuenta de lo que caló este tipo de hechos en ellos. Es parte del daño que se produjo. En cuanto al trabajo en sí, lo que nos plantean las normas internacionales es que, para trabajar con las comunidades, tenés que tener primero el consentimiento. Nosotros no podemos meternos en tierra sagrada a revolver todo sin tener su consentimiento. Se generó ahí un debate interesante donde fueron varios caciques y representantes de las comunidades una mañana en San Bernardo donde le expusimos a corazón abierto qué era lo que nosotros queríamos hacer. Ellos tuvieron una discusión muy acalorada.
―¿Qué les plantearon?
—Carniel: Que tenían miedo de que esto sea puro marketing o una aventura para un interés personal nuestro. Pero cuando vieron que había representantes de organismos oficiales que fuimos, dimos la cara y comentamos, ellos dieron su voto de confianza. Firmamos un documento donde ellos aceptaron y autorizaron a avanzar. Cuando vieron que el EAAF estaba haciendo pozos y excavando en tierra sagrada, hubo un rechazo que, si nosotros no dábamos ese paso previo, podríamos llegar a la circunstancia que se paren en frente de las máquinas, digan que no se podía seguir más y echar por tierra todo el trabajo.
―Una de las imputaciones que hay es contra el expresidente Marcelo Torcuato de Alvear. ¿Cuál es la acusación?
—Vigay: Es contra todos la misma: homicidio agravado con ensañamiento en reiteración de hechos, en concurso premeditado de dos o más personas, conductas catalogadas como delitos de lesa humanidad.
—Carniel: Es lo mismo que hicimos en los juicios de lesa humanidad. Hay una responsabilidad en la toma de decisiones. En ese momento, el Chaco era territorio nacional donde había un delegado. No era provincia. Y los actos que se realizaban en el territorio eran responsabilidad directa del Poder Ejecutivo nacional. Las fuerzas armadas de ese momento fueron el brazo ejecutor a pedido de aquellos representantes económicos que solicitaban la intervención de la fuerza estatal para disipar lo que le generaba un riesgo en la producción algodonera.
—Vigay: Son fuerzas federales las que actuaron, tanto la policía del territorio nacional como la gendarmería volante. Era una reducción indígena que era una administración del gobierno nacional. Es un delito federal por donde se lo mire y existe una responsabilidad muy clara del Estado nacional en lo que fue la masacre.
—Carniel: Acá había intereses económicos detrás. En ese momento, el algodón era como la soja en este momento. Quisieron transformar la cultura de los pueblos originarios de esa época, que eran poblaciones nómades que vivían de lo que la naturaleza les daba, y tratar de encasillarlos en reducciones. Y a través de eso, explotarlos laboralmente para que produzcan más al menor costo.
―Las audiencias del juicio se realizarán en Resistencia, Machagai y Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué se eligieron esas locaciones?
—Carniel: Sobre todo para evitar el desgaste de los testigos. En Machagai, porque es un lugar donde la población originaria se puede trasladar de manera más sencilla. La provincia va a aportar los recursos para trasladar a los testigos ahí. Además queremos llevar el juicio al interior, que pueda ser compartido por la población. Y en Buenos Aires también por lo mismo. Si bien se puede hacer por videoconferencia, la jueza (federal de primera instancia de Resistencia, Zunilda Niremperger) entendió que es mucho más rico estar presente, poder conversar, preguntar y repreguntar de una manera más directa. Entonces como nosotros no tenemos problema de movilidad, dijimos que la Justicia se mueva y vaya a distintos lugares antes de esperar que se muevan todos para acá, para Resistencia.
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―¿Qué esperan de este juicio?
—Carniel: En lo general, espero haber contribuido al esclarecimiento y poder visibilizar un hecho que siempre estuvo, pero que quedó oculto en la historia. Generar un reconocimiento hacia esas víctimas que encontraron la muerte de la manera más horrenda. Que nos ayude a reconocer cuando estamos en alguna amenaza de que algún poder fáctico pueda llegar a contribuir a tomar este tipo de actitudes contra alguna facción de la sociedad que esté debilitada por el motivo que fuera. Más allá de proclamar por la justicia, lo que estamos proclamando acá es la visibilización y que esto sea un disparador para que sea discutido y que sirvan para las generaciones futuras que se interesen y evitar que se vuelva a repetir. En lo personal, creo que el día que termine el juicio me voy a considerar una persona mucho más rica por haber hecho un aporte mínimo a la consolidación de los conceptos de Memoria, Verdad y Justicia.
—Vigay: Ojalá el juicio pueda servir como un granito de arena de reparación a los pueblos indígenas víctimas de esta masacre, como sucede en muchos juicios de lesa humanidad que cada uno de esos debates y las sentencias permiten una pequeña reparación a algo que, en términos generales, es irreparable.
*Por Bruno Martínez Miño para Perycia / Imagen de portada: B.M.M.
*Cobertura conjunta con Revista Litigio.
