¿Cláusulas latinoamericanas en la nueva constitución de Chile?
Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta
A solo meses de que se realice el plebiscito de salida para una nueva constitución en Chile, la discusión que se tendrá este 2022 sobre los contenidos de la carta magna en el país se comienzan a dilucidar, luego de la presentación de más de 400 iniciativas populares de norma constitucional y más de 183 mil firmas de apoyo a cada una de ellas.
Es así como se han presentado distintas iniciativas ciudadanas, en donde destacan demandas como la regulación de derechos sexuales y reproductivos, educación feminista y no sexista, desprivatización del agua y derechos de la naturaleza, reconocimiento de pueblos indígenas y plurinacionalidad, reconocimiento de diversas formas de familia, incorporación a los animales como sujetos de derecho, entre muchas otras.
No obstante, lo llamativo de todo este proceso participativo en curso es que aún no se presenta ninguna iniciativa relacionada a algún tipo de integración latinoamericana o regional, luego de revisar las presentadas hasta el momento en las siete comisiones existentes [1].
Asimismo, esta ausencia latinoamericana en las iniciativas populares de norma tampoco se ha puesto en discusión en medios de información, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil ni en las y los propios constituyentes, lo que evidencia la nula importancia que se le ha dado a un tema que debiera ser central en la discusión que se tendrá próximamente en el país.
Lamentablemente, como bien plantea el investigador colombiano Juan Camilo Herrera, este desapego de Chile con la región nos distancia mucho del resto de los países, los cuales en su gran mayoría han incorporado en sus constituciones ciertas cláusulas de integración latinoamericana, impulsadas tanto por sectores liberales, conservadores como progresistas.
De ahí que a pesar de las grandes diferencias existentes entre distintos procesos y momentos políticos en la región, de países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, tengan preámbulos y artículos en sus constituciones, en donde América Latina aparece mencionada
En consecuencia, solo retrata el profundo racismo histórico e institucional de Chile, el cual con la constitución dictatorial y neoliberal de 1980, impuso violentamente un nacionalismo de mercado, el cual ha estado marcado estos últimos 30 años por una política exterior economicista, que privilegió múltiples tratados de libre comercio con países fuera de la región, en vez de liderar procesos de integración latinoamericana.
Dicho lo anterior y revisando el texto constitucional de 1980, aparece explícitamente en el artículo 32 que es el presidente quien debe “conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país” [2].
Es decir, una mirada completamente subordinada a los grandes poderes imperiales (Estados Unidos, China u otro), en desmedro de la construcción de un bloque regional autónomo, que haga cierto contrapeso a esos países y a las grandes empresas transnacionales existentes, las cuales concentran cada vez más la riqueza.
De hecho, revisando la investigación de Juan C. Herrera, en su libro “Las Cláusulas durmientes de integración latinoamericana”, nos muestra cómo la discusión previa de la constitución de 1980, a través de la Comisión Ortúzar, estuvo marcada por posiciones ultra conservadoras, que incluso compararon a Chile con Inglaterra: “En este momento, en este país no solo existe desencanto por lo que pasó, por lo que le pasó a esta democracia nuestra tan orgullosa: «Ingleses de América Latina», el país más sólidamente organizado de América del Sur”[3].
Una idea de ser los ingleses de la región, que solo reproduce un patrón eurocéntrico y un desprecio por el resto de los países, como si Chile viviera en un oasis de desarrollo, dentro de un mal barrio, lo que se ha traducido en su errático rol en América Latina estas últimas tres décadas, caracterizado por beneficiar a los grandes grupos económicos del mundo.
Se podrá decir que Chile ha sido parte de varios de los distintos organismos regionales creados históricamente (OEA, ALALC, SICA, Parlamento Latinoamericano y Caribeño, CAN, Caricom, SELA, ALADI, Mercosur, Proyecto Mesoamérica, ALBA-TCP, Unasur, Celac, Alianza del Pacífico, Prosur), pero mientras no incorpore explícitamente en la nueva constitución cláusulas de integración latinoamericana, siempre cumplirá un rol secundario.
Por otro lado, si bien esos organismos han servido para agrupar a países de la región, muchas veces han sido meros medios para agendas propias de algunos Estados, como ha pasado imperialmente con la OEA (Estados Unidos), pero también gubernamentalmente con la Unasur (Venezuela y Bolivia) o con Prosur (Colombia y Chile), en donde sus presidentes lo han usado para protegerse a sí mismos.
Por lo mismo, la integración latinoamericana y la idea de un constitucionalismo transformador tiene que ser impulsado contra cualquier tipo de injerencismo (estadounidense o chino), pero también más allá de los gobiernos o caudillos de turno de la región, los cuales han cooptado procesos políticos.
Las razones para impulsar aquel derecho común latinoamericano van mucho más allá de algo nostálgico en nuestra historia (sueño bolivariano) o pragmático (integración económica), ya que tiene que ver con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y también de los Derechos de la Naturaleza.
América Latina (Abya Yala) es la región más biodiversa en el planeta, con mayores reservas de agua, con una alta migración interna y con múltiples pueblos indígenas, por lo que, más que una opción, se vuelve una necesidad el tener una política regional centrada en proteger las enormes riquezas naturales y humanas existentes.
Nos encontramos como región en un proceso muy complejo para todas y todos quienes vivimos en este gran territorio del sur global, en donde padecemos el extractivismo imperante, la violación a los derechos humanos de parte de gobiernos, la crisis humanitaria de miles de migrantes, la violencia de grandes narcotraficantes, el racismo contra pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia patriarcal contra las mujeres y contra las disidencias sexuales, y los propios efectos sociales y para la salud mental que está generando la pandemia actual.
Frente a esto, que la integración regional nos permita el impulsar políticas que pongan en el centro el cuidado de los bienes comunes y una ecología de saberes entre distintos pueblos, en donde la plurinacionalidad, la sustentabilidad y los buenos vivires nos hagan ser un referente mundial, dentro de un planeta amenazado por una crisis climática (antropoceno) y civilizatoria (moderna) de más de 500 años.
Por todo lo señalado anteriormente, Chile no puede estar ajeno a este proceso integrador en su nueva constitución. Le hemos dado la espalda a la región por demasiado tiempo, por lo que es el momento propicio de hacer un giro latinoamericano constituyente, que vaya acompañado por políticas de Estado, que estén en directa relación con el resto de los países de América Latina.
*Por Andrés Kogan Valderrama para La tinta / Imagen de portada: Nueva Sociedad.
[1] https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/
[2] https://leyes-cl.com/constitucion_politica_de_chile/32.htm
[3] https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6416/6416h.pdf
