Se cumple el primer aniversario de la Ley de Aborto: actualidad y desafíos
Tras décadas de lucha incansable, terminamos el 2020 con una de las leyes más discutidas, deseadas y luchadas de la historia. No fue el fin del patriarcado, pero sí una buena continuación de esta marea verde que demostró su fuerza. Contamos con los primeros datos oficiales, una diversidad de realidades en su implementación y desafíos para los próximos años.
Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta
Desde 1921, el aborto aparecía en el Código Penal como un delito, con algunas excepciones de aplicación. Con los años y el impulso de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la marea verde logró que, de a poco, algunas personas puedan acceder más frecuentemente a la práctica. Dejamos de hablar de aborto no punible para decir Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE e ILE). No quedó mesa familiar, escuela, espacio laboral, grupo de amigues sin verse atravesado por la discusión. Los sucesos que tiñeron de verde el 2018 hicieron que el aborto sea tan legítimo como legal. La palabra recorrió todos los rincones del país y salió de la clandestinidad.
En estos años de resistencia, dentro y fuera del sistema de salud, nos fuimos dando estrategias para que deje de ser una práctica insegura. El misoprostol revolucionó la historia del aborto. Las complicaciones se redujeron enormemente, porque las agujas de tejer, las perchas y el tallo de perejil fueron desplazadas gracias al activismo transfeminista que abrió márgenes de acceso a la información sobre el aborto con pastillas.
El año 2020, atravesado por la pandemia de COVID-19, la cuarentena y el aislamiento, fue un duro período para nuestras generaciones. Ese 30 de diciembre, exactamente un año atrás, después de un largo “debate” legislativo, logramos que haya ley. ¿Con quiénes te abrazaste? ¿A quién le escribiste ese día? ¿En quién pensaste? ¿Qué memorias te atravesaron el cuerpo? ¿Por qué lloraste? El acceso a la interrupción voluntaria es legal en nuestro país. Miles de pañuelos se agitaron en abrazos que desafiaron el aislamiento.
La promulgación, a fines de enero de 2021, puso en marcha este nuevo derecho. El sistema de salud, en una crisis histórica y muy golpeado por la pandemia, debió responder a una vieja-nueva demanda: la interrupción del embarazo. Para algunos equipos fue más sencillo porque algunes de sus integrantes lo venían garantizando, pero para muchos fue algo completamente novedoso. Al terminar este año, oficialmente 1.238 hospitales y centros de salud públicos en todo el país garantizan la práctica, el 30% más que antes de la Ley.
Conocimos las listas de objetores de conciencia, desde la cocinera hasta le anestesista, aunque la ley es clara en que solo quien interviene de manera directa pueda serlo. Así, en muchos servicios, fueron pocas personas quienes garantizaron el derecho, lo que significó una sobrecarga para poques, con la demanda en aumento. En algunos servicios, incorporaron nueves trabajadores, pero el contexto de COVID-19 fue esta vez el motivo para que se desplazaran los programas que hacen a nuestra salud sexual y (no) reproductiva.
Hasta el año pasado, no contábamos con cifras exactas ni aproximadas de la cantidad de abortos realizados en el país. Hoy sabemos que en el sistema público de salud, en los primeros 11 meses de implementación, se realizaron 32.758 abortos en condiciones seguras. Más del 90% con medicación. Seis de cada diez personas gestantes tenían entre 18 y 28 años, y solo el 4% menos de 18 años. La mayoría de las interrupciones voluntarias se hacen en el primer trimestre de gestación, lo que significa que la atención temprana se relaciona con que la legalización disminuye el estigma y el miedo a solicitar un aborto. Estas cifras no incluyen los procedimientos efectuados en el sector privado, en la cobertura de obras sociales y prepagas, o autogestionados por las mujeres o personas gestantes.
Las Socorristas en Red-feministas que abortamos publicaron en sus redes que desde el 20 de enero al 30 de octubre acompañaron a 9200 personas en sus abortos, de las cuales 7523 decidieron autogestionar su aborto con medicacion por fuera del sistema de salud. Vale aclara que no contamos con datos de los procedimientos efectuados en el sector privado, en la cobertura de obras sociales y prepagas o acompanamientos realizados por otras redes autogestivas de aborto.
La Ley también es un avance muy importante para quienes integran los equipos de salud porque obliga a preguntarse cómo dar una respuesta de calidad, cómo cumplir con la normativa vigente en torno a la confidencialidad, la privacidad de las prácticas, no juzgar, la autonomía de quien es partícipe de su proceso de salud y respecto a la Ley de Procreación Responsable, contemplando el deber de ofertar un método anticonceptivo postaborto.
La línea 0800-222-3444 de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva recibió 19 mil consultas sobre interrupción del embarazo, una cifra que supera el total de las llamadas sobre el tema en los últimos diez años. Muchas de las consultas son de localidades alejadas o provincias conservadoras en las que es difícil acceder a la IVE o la ILE. A pesar de que la Ley es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, sin necesidad de adhesión de las provincias, su garantía sigue siendo muy dispar. En general, la respuesta se concentra en las grandes urbes. Las localidades rurales o más alejadas no cuentan con personal que facilite el proceso de la IVE/ILE.
Desde la aprobación de la Ley hasta el momento, organizaciones antiderechos presentaron al menos 36 acciones jurídicas, de las cuales solo dos han prosperado y esperan una resolución de la Corte Suprema de Justicia, aún sin fecha prevista. Una específicamente preocupa a las organizaciones transfeministas: la causa iniciada en Tartagar que implica a la médica salteña Miranda Ruiz por realizar un aborto legal.
Es imposible que se vuelva atrás con la Ley, pero el objetivo de estas acciones es generar confusión y disciplinar a les efectores sobre la aplicabilidad de la norma, difundiendo información tergiversada. Desde estos espacios han avanzado también con escraches a trabajadores y nosocomios, poniendo mesas en la puerta de las instituciones y hasta ofreciendo acompañamiento a las personas gestantes que llegaban a pedir información.
Las libertades que nos faltan son los desafíos que nos quedan
“Yo no me morí en un aborto. Lo pude pagar hace 17 años, cuando todavía era una mala palabra, y pude hacerlo hace cuatro meses en la legalidad. Que pasé riesgos, seguro, tal vez como con cualquier intervención médica. Pero el privilegio de clase me puso en otro lugar y, cuando era una piba, habité más la culpa que la preocupación por salir viva, y cuando tuve 36 años, pude elegir cómo, dónde y con quién hacerlo, sin estar a merced de las obras sociales o los tiempos del sistema sanitario público. Este tiempo es radicalmente mejor, sin dudas, gracias a nosotras, pero todavía falta y lo que falta nos pasa violentamente por los cuerpos”.
Hasta las 14 semanas de gestación, las guías internacionales recomiendan dos tipos de tratamientos para el aborto: el farmacológico y la aspiración endouterina (manual o eléctrica). Para el primero, es recomendable, por su alta efectividad y rapidez, la combinación del misoprostol con la mifepristona. Esta última es una medicación que aún no está disponible en el país, por lo que las personas gestantes que acceden a las IVE, si bien reciben un esquema seguro, no tienen posibilidad de elegir el más efectivo. El registro de la mifepristona es una necesidad imperiosa.
El 90% de los abortos en este periodo de gestación se realizaron con medicación, pero no necesariamente por elección de las personas gestantes, sino porque se les presenta como la única opción terapéutica. La aspiración manual endouterina (AMEU) casi no está disponible en el sistema de salud y, al haber escasa oferta, se la prioriza solo para situaciones específicas, cuando debería ser una técnica tan conocida como el farmacológico.
Decidir cómo quiero abortar es una prioridad, no da igual. No todas las personas sentimos de la misma forma ni necesitamos los mismos procesos. Es una situación que nos atraviesa fuertemente y es fundamental poder decidir sobre nuestros cuerpos en la situación de aborto. Es urgente acceder a la AMEU en las instituciones de manera masiva.
Muchos equipos de salud no tienen la capacitación necesaria para brindar una atención de calidad. Es necesario que todo el equipo de salud, desde le guardia de seguridad, le administrative, médiques, enfermeres, trabajadorxs sociales, psicólogues, entre otres, conozcan sus obligaciones respecto de la Ley vigente, para la atención y para dar información veraz y oportuna a quien solicita una IVE o una ILE.
¿Quién vio una publicidad oficial de la IVE o ILE? Si no hay difusión de los contenidos de la Ley y de las formas seguras de abortar, sigue siendo algo alejado de la realidad de millones de personas. Para poder exigir un derecho, es necesario conocerlo y sigue siendo el rol de las organizaciones transfeministas la difusión en el área.
La Ley establece que el plazo para dar una respuesta a una solicitud de interrupción es de diez días. Sin embargo, muchos equipos de IVE/ILE refieren que es imposible cumplirlos sin la incorporación de más personal. Les trabajadorxs deben contar con el tiempo suficiente para realizar una atención de calidad y con la amorosidad que supone este y todos los procesos de salud. Existe además la necesidad de multiplicar las instituciones que garanticen la práctica y en todas las localidades del país sin tener que derivar y dilatar el proceso.
Un punto importante a tener en cuenta es la necesidad de contar con servicios que acompañen interrupciones en el segundo y tercer trimestre. En países donde el aborto es legal hace años, el 14% de las personas gestantes interrumpen en este periodo de gestación. Esto se debe a diversos motivos: demoras en el reconocimiento del embarazo, obstáculos logísticos para solicitar un aborto, actitudes críticas en el servicio, maltratos y humillación, desconocimiento de las leyes sobre aborto, cambios en la salud de la persona gestante, modificación en la relación afectiva, problemas genéticos fetales de incompatibilidad con la vida extrauterina, entre otros. En Argentina, actualmente son muy pocos los hospitales que acompañan estas situaciones y quienes solicitan la práctica se someten a un derrotero de sufrimiento y peregrinaje.
Las obras sociales y las empresas de medicina prepaga son, cuándo no, un dolor de cabeza. Algunas no tienen lugar donde derivar a sus afiliades, otras tienen un solo centro de prestación que no da abasto con la demanda. Hay personas que narran haber esperado semanas para acceder a un aborto o lo terminaron pagando de manera particular para agilizar el procedimiento, aunque la Ley obliga a que la cobertura sea gratuita.
Por último, la objeción de conciencia, que siempre es todo un tema. La discrecionalidad es brutal. Algunes son objetores solamente en algunas situaciones, dependiendo de cuán conmovide se encuentre con el contexto que está atravesando la persona gestante, o bien hace uso de este privilegio en el ámbito público, pero no en el privado. Esto es disímil según la región: algunas provincias como Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe difundieron con claridad los límites y deberes asociados a la objeción de conciencia; otras como Mendoza y Córdoba están explorando modalidades, como realizar listados donde les trabajadorxs que deciden alegar objeción deben anotarse o bien dejarlo librado a cada institución.
Celebramos este primer aniversario de la Ley, nacida al calor de años de luchas, que lleva consigo miles de vidas de personas que, con el deseo de no maternar, perdieron sus vidas en la clandestinidad. Una Ley que contagió al mundo con la potencia de cambiarlo todo, que hoy saca de la clandestinidad el deseo de vivir libremente nuestras vidas y destinos. Quedan desafíos, muchos, sabíamos que no se terminaba acá. Celebramos entonces la confianza en nuestra lucha, la de todes les activistes que hace años batallan para que hoy podamos decir que, HACE UN AÑO, EL ABORTO ES LEY EN ARGENTINA.
*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
