¿En qué quedó la denuncia por el endeudamiento con el FMI?
El 1 de marzo de 2021, durante la apertura del 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, el presidente Alberto Fernández anunció que había instruido a su equipo para iniciar una “querella criminal” por el endeudamiento que el gobierno de Mauricio Macri había llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La investigación constaría de tres etapas: la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la confección y presentación de la denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción (OA), y la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional, que encabeza Carlos Zannini. Hoy, más de siete meses después, ¿en qué instancia se encuentra?
Por Diego Moneta para ANCCOM
Acuerdo en falta
El 12 de junio de 2018, la Argentina, a través de una Carta de Intención suscripta en forma conjunta por los entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger respectivamente, solicitó de manera formal el apoyo del FMI. Ocho días más tarde, el organismo internacional aprobó un Acuerdo Stand By por un período de 36 meses.
El esquema completo consistía en desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) un monto equivalente aproximadamente a 57 mil millones de dólares, más del mil por ciento de la cuota de Argentina con el Fondo. Tras la asunción de Fernández, se rechazó el último tramo por lo que la deuda terminó totalizando 44,5 mil millones. Varios sectores que integran el Frente de Todos señalaban el perjuicio del Estado a partir del endeudamiento y no eran pocos los que reclamaron y reclaman que no se abonen los vencimientos.
La decisión de suscribir el acuerdo con urgencia, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo multilateral de crédito, se expresó, según diversos denunciantes, en la violación de normas que debían respetarse en el proceso. El FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento como con el control de su ejecución. La hipótesis principal es que esos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron la fuga de divisas, dada la coincidencia en las sumas del empréstito, la salida de capitales especulativos y la deuda pública y privada generada en el mismo periodo.
Investigaciones previas
Desde que al inicio de mayo, un mes antes de la formalización, Mauricio Macri comunicó que se habían iniciado conversaciones con el Fondo, se suscitaron distintas movilizaciones en repudio a la decisión que luego se traducirían en denuncias judiciales. Estas fueron impulsadas por sectores diversos, que van desde el Centro para la Integración Financiera (CINFIN) al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), pasando por distintos representantes de la oposición política al gobierno de Cambiemos.
La primera demanda promovida fue la del MNER, impulsada por Eduardo Murúa. Buscaba obtener la declaración de invalidez de “las Cartas de Intención y sus memorandos adjuntos” que llevaron al crédito. Luego de que el fiscal de primera instancia sostuviera la legitimación colectiva de la entidad, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo N° 9 rechazó el caso por ausencia de “causa o controversia”. La apelación fue resuelta en abril de este año, alegando que había falta de homogeneidad en las pretensiones y exigiendo la promoción individual de acciones de cada una de las empresas integrantes. El cambio de argumentos, que viola el principio judicial de congruencia, dejó a la parte actora sin una medida ordinaria para interponer.
Meses después, Eduardo Codianni, en representación del CINFIN, presentó un amparo para conocer la “existencia de actos previos” a la firma del acuerdo celebrado, ante la denegación de las autoridades de su pedido de acceso a la información pública. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10 consideró que no podía prosperar porque esa documentación no existía, dado que el Estado nacional no evaluó que hubiera requisitos previos, lo que se convertiría en el elemento central de la querella impulsada por Alberto Fernández con posterioridad. La sentencia fue revocada en septiembre de 2019 por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones y, tras la interposición estatal, nunca hubo una resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, la denuncia que sienta un precedente es la presentada por Claudio Lozano, ex diputado nacional, y Jonatan Baldivieso, fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Tras haber sido archivada por Julián Ercolini en 2018, al año siguiente insistieron y quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, a cargo de Sebastián Ramos. Luego se anexaría a otras causas similares investigadas por la jueza María Eugenia Capuchetti. “Hay incumplimiento de todas las normas jurídicas, administrativas y constitucionales, y hay malversación de fondos”, asegura Lozano, en diálogo con ANCCOM, y agrega que esas “son las mismas dos claves que señala el Poder Ejecutivo en marzo”.
Cronología de una denuncia
La primera parte de la “querella criminal” ya estaba avanzada. La SIGEN verificó que el Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el FMI en 2018 fue contraído sin la previa intervención de los órganos competentes ni con la información necesaria para su celebración. Así mismo, el BCRA contribuyó con informes complementarios.
De esta manera, el 12 de marzo, la Oficina Anticorrupción, comandada por Félix Crous, realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Capuchetti, por defraudación al haber administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública, y malversación de caudales públicos. Los señalados son el expresidente Macri, los ministros de Hacienda y Finanzas, el mismo Dujovne y Luis Caputo respectivamente, y los titulares del BCRA, el citado Sturzenegger y Guido Sandleris. Dicha sede judicial ya tramitaba otros sumarios por hechos total o parcialmente coincidentes. En este punto, en palabras de Crous para con ANCCOM, la OA “deja de evaluar pasos a seguir”.
La demanda presentada señala antecedentes y distintas instancias de incumplimiento del acuerdo impulsado por Macri. Por un lado, la eliminación de controles cambiarios, el sostenido aumento de la tasa de interés y de las LEBACS (Letras del Banco Central), y la especulación y formación de activos externos. Por otro, no respetar procesos establecidos en la Constitución Nacional y en leyes presupuestarias, procedimentales, de administración financiera y hasta de traducciones públicas. Además, a partir de la inacción frente a la sobredemanda y salida de dólares, se concluye que el objetivo fue “generar una transferencia extraordinaria de activos desde el sector público hacia un grupo selecto del sector privado”, perjudicando los intereses del país.
El 8 de abril, salía publicado en el Boletín Oficial el decreto, con la firma del presidente Fernández, del por entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero, del ministro de Justicia Martín Soria y de su par de la cartera de Economía Martín Guzmán, que instruía la presentación como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional. El 21, el organismo – con la firma de Zannini y del subprocurador Horacio Diez- solicitaba su inclusión en la causa, indicando que existían elementos para “atribuir a los funcionarios la vulneración de múltiples normas de orden público de naturaleza constitucional y administrativa».
Al día siguiente, el fiscal federal Franco Picardi dio impulso a la denuncia asentada, para investigar si se había incurrido en delitos, al ampliar el requerimiento de instrucción en el marco de otro expediente iniciado y en el que los mismos acusados ya se encontraban imputados. En la actualidad, la “querella criminal” anunciada por Fernández se halla en la etapa preparatoria de producción de prueba, la cual es secreta y está a cargo de la jueza.
El Tesoro querellante
En paralelo a las conversaciones del Gobierno Nacional con el organismo internacional para renegociar el acuerdo, a mediados de agosto, la Procuración fue aceptada como querellante. Capuchetti hizo lugar a sus pedidos y solicitó nueva información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Por un lado, los fondos y las personas que compraron LEBACS desde diciembre de 2015 a octubre de 2019, discriminando entre argentinos y no residentes. Por otro, los nombres de empresas e individuos que vendieron dichos títulos de deuda a partir de la corrida cambiaria de 2018 que derivó en el préstamo del FMI. El objetivo es determinar si existieron vínculos entre funcionarios y compradores para asegurar ganancias.
A su vez, la jueza le volvió a pedir a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior del Congreso de la Nación que remita toda documentación en su poder vinculada al acuerdo en cuestión como así también de sus renegociaciones posteriores. Para Claudio Lozano, la actitud de la Procuración es la única que haría la diferencia con respecto a otras denuncias. “Tendría que apurar presentándose de manera sistemática y exigiendo respuestas al fiscal y a la magistrada”, desliza.
En paralelo, el presidente Fernández, cada vez que participa de algún encuentro multilateral, insiste en estas cuestiones. Desde la denuncia de un “endeudamiento tóxico” con el FMI a la propuesta de canje de “deuda por acción climática” para quienes están en vías de desarrollo, el primer mandatario reclama un “reordenamiento de la arquitectura financiera internacional”. En simultáneo, continúan las negociaciones con el organismo de crédito y se siguen abonando los vencimientos a la espera de un programa que le permita al país una recuperación económica, si es que eso es posible.
*Por Diego Moneta para ANCCOM / Imagen de portada: Télam.
