¿Puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?
Las mujeres en el continente sostienen una lucha constante por el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Las experiencias en diferentes países muestran cómo es el mapa del aborto legal, seguro y gratuito.
Por Mariana Fernández Camacho para El Salto Diario
El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta.
Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.
No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “deben permanecer vigilantes”, como adelantó Simone de Beauvoir.
Venas abiertas
Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas, se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto, con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres -que representan el 59 por ciento de las mujeres en edad reproductiva- viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.
Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales: transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina, el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer, tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto, hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América Latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.
México
México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende, la ley varía según el estado.
La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación y algunos agregan otros supuestos, como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales.
La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021, se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.
“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir, obviamente, que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), que resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina.
Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobre todo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”, agrega.
Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico.
Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera, básicamente, le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida, desde el momento de la concepción -tal como la entienden los grupos conservadores-, también es inconstitucional”.
Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida, pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, han habido discusiones sobre la objeción de conciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud, a la vez que establece muy claramente que la objeción de conciencia no puede ser institucional. “En este sentido, obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite –apunta-. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.
Cuba
Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961, la práctica salió de la clandestinidad y, en 1965, se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud, sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita.
Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo, siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo, se siguen criterios médicos.
Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936, el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.
“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución de 1959 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal, no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo, tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así lo explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo, desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.
Según Villares Parejo, en Cuba, existe un método menos invasivo de interrupción, que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia, porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.
Para Villares Parejo, tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial, la demora, el burocratismo, son muy fuertes. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”.
El Salvador
El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias.
La historia de Manuela -una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña- es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció, alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después, le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos.
“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que, entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Así lo resume Sara García, activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos, que cree que, en la actualidad, se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder, desdibujando la separación de poderes de Estado.
“Encima, la nueva Asamblea Legislativa, conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno, ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.
Nicaragua
En Nicaragua, la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…). Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico -aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro-, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.
Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”. La periodista aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.
Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1.600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a la justicia, a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.
Chile
La ley 21.030, del año 2017, reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación -siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación-.
Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.
Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico, que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.
Uruguay
La ley 18.987 aprobó, en 2012, la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación y los datos oficiales cuentan que son 75.000 las mujeres que, en ocho años de servicios, pasaron sus abortos por el sistema de salud.
Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas, se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.
“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”.
Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.
“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido, porque los opositores -que hoy gobiernan el país- constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma, llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25 por ciento de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9 por ciento y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.
Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas ni la ley integral para personas trans. Y en campaña, declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.
Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista, debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso, creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino, sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.
Argentina
El 30 de diciembre de 2020, se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021, entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales, y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 –inclusive- del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).
Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América Latina, hay una marea verde muy grande y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo, porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.
Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610, con fecha junio de 2021, son: 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021.
Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos”, dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas, festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.
Julieta Bazán, médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, reflexiona: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios, que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo, notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes, hubo un aumento de la demanda y de tratamientos, pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.
De punta a punta, América Latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina.
*Por Mariana Fernández Camacho para El Salto Diario / Foto de portada: La tinta
