Despedir sin costo: qué hay detrás de la propuesta del PRO y la UIA de eliminar las indemnizaciones
Mientras la UIA y la oposición repiten viejas recetas y proponen eliminar las indemnizaciones por despidos, del otro lado de la grieta, actores del arco sindical pujan por la reducción de la jornada laboral. ¿Qué hay detrás de estos debates?
Por Nahuel March Rios y Jeremias Herrera para El Grito del Sur
La propuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA) de eliminar las indemnizaciones por despidos tuvo su punto de apogeo en plena campaña electoral cuando fue retomada por los candidatos de Juntos por el Cambio. Si bien dicha iniciativa se viene instalando en la agenda desde hace algunos meses de la mano del empresariado fabril, durante las semanas previas a las PASO, se convirtió en uno de los ejes programáticos de la oposición, hecho que amplificó el debate y partió aguas entre los sectores que piden una reforma del régimen indemnizatorio y los que defienden a regañadientes las leyes laborales tales como están. Uno de los voceros de la propuesta empresarial fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se expresó en distintos medios a favor de reemplazarlo por un “seguro” como el que rige en la industria de la construcción. “Hay que implementar el modelo de la UOCRA”, aseguró. Lo mismo repitieron María Eugenia Vidal y Martín Tetaz en los canales de televisión. Luego de la victoria electoral de la oposición, la iniciativa fue llevada al Congreso en forma de proyecto de ley por el senador Martín Lousteau.
El debate por la reforma viene de largo aliento y los sectores empresarios que la impulsan tienen pensado ir a fondo. Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, explicó este lunes en Urbana Play Radio que el modelo de “fondo de cese laboral” que rige en su actividad viene funcionando desde 1969 y que se adecúa a las características de la industria de la construcción. “Permite que los trabajadores no pierdan ni un centavo de su derecho indemnizatorio, porque las empresas aportan mensualmente el 12% del monto del sueldo en una cuenta especial y, cuando finaliza la obra, el trabajador puede optar por retirar o no ese dinero de su cuenta bancaria”, detalló.
Lo que no explicaron Larreta ni Gerardo Martínez es que el régimen que tiene la UOCRA se debe a la característica estacionaria de la actividad. El “fondo de cese laboral” funciona en la construcción porque las obras comienzan y terminan en diferentes momentos, y les trabajadores suelen pasar de una empresa contratista a otra, según los proyectos. Este régimen no evita que en la rama exista un alto grado de precariedad laboral, aunque sí otorga un marco legal ante una modalidad de empleo volátil. Por esta particularidad del sector es que Gerardo Martínez, al ser consultado por la posibilidad de trasladar ese mecanismo a otras actividades -como propuso el Jefe de Gobierno de la Ciudad-, esquivó la pregunta y dijo que “cualquier nueva alternativa se tiene que dar por la vía convencional entre los dirigentes sindicales y los empresarios. Debe estar sujeto a los intereses de las partes”. Dejando igualmente la puerta abierta a futuros cambios.
Es un hecho que la crisis provocada por la pandemia afectó el funcionamiento de las empresas de diversas actividades y, en mayor medida, a los trabajadores y las trabajadoras que allí se desempeñan. Los efectos devastadores de una crisis sin precedentes aún siguen pegando el coletazo. No obstante, las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tendieron a asegurar cierta estabilidad en los niveles de empleo. Ahora bien, es discutible si tuvieron el éxito esperado o no, pero lo cierto es que la prohibición de despidos sin causa y el derecho a la doble indemnización fueron medidas aplicadas en pos de asegurar las fuentes de trabajo.
Pero, ¿por qué proponen la eliminación de las indemnizaciones? En primer lugar, hay que aclarar que esta retribución que obtienen les trabajadores cuando terminan una relación laboral está contemplada en la Ley de Contrato de Trabajo y es garantizada por la Constitución Nacional. Todo trabajador y trabajadora en relación de dependencia sabe que, si lo despiden, el empleador debe pagarle una indemnización acorde a su antigüedad. En segundo lugar, es un sistema que otorga estabilidad y genera seguridad a la hora de reclamar por otros derechos.
Por su parte, especialistas agrupades en la Asociación de Abogados Laboralistas vienen sosteniendo que el crecimiento de la actividad productiva, el desarrollo de la industria y el incremento de los puestos de empleo dependen centralmente de la política económica que se aplique. Hay un patrón común que se repite a lo largo de la historia argentina reciente: cada vez que hay una crisis económica, el capital concentrado puja por una reforma laboral acorde a sus intereses.
Hay que recordar que durante la década de los 90, la legislación laboral sufrió diversas modificaciones (muchas de las cuales aún permanecen). Entre ellas, se incorporó el denominado “período de prueba” para contratos por tiempo indeterminado, durante el cual el empleador adquirió el derecho de despedir al trabajador sin incurrir en el pago de indemnización, e inclusive se llegó a reducir, o incluso a exceptuar, el pago de algunas contribuciones patronales a la seguridad social. Además, y sin objeción de un sector del sindicalismo, se incorporaron nuevas formas que flexibilizaban las contrataciones: el contrato por tiempo determinado sin causalidad objetiva para la temporalidad, los contratos por “aprendizaje” y las “pasantías”. En estos dos últimos casos, se asumía una relación contractual no laboral, por lo cual se exceptuaba al empleador del pago de aportes y contribuciones a la seguridad social. Finalmente, por estas reformas (entre otras), la situación del mercado de empleo se fue deteriorando y subió el desempleo, el subempleo y se precarizaron las relaciones laborales.
En contraposición, entre 2003 y 2012, se crearon alrededor de 5 millones de nuevos puestos de trabajo. En términos porcentuales, el desempleo pasó del 22,5% en 2002 al 7% en 2012. El crecimiento de la producción y del empleo en ese período fue posible por la política económica de expansión de la demanda agregada, a través del consumo privado y de la inversión pública. En diciembre de 2015, el salario promedio de los argentinos, medido en dólares, era uno de los más altos de Latinoamérica, mientras que, durante el periodo de gobierno macrista, se fue licuando estrepitosamente y, en 2019, llegó a ser uno de los más bajos, pasando de representar US$ 1.385 en 2015 a US$ 771 en 2019, una caída del 44,3%. La salida de la convertibilidad y posteriormente la recomposición de la economía nacional reinstauró la vigencia de los convenios colectivos de trabajo y se impulsaron las negociaciones paritarias libres. “Lo que funcionó para que no se siguieran perdiendo puestos de trabajo fue aumentar el costo del despido y justamente esa es la lógica que tiene nuestro sistema de indemnizaciones. A las empresas se les permite despedir sin causa, pero eso tiene un costo porque en nuestro país se reconoce que es un acto que causa un daño”, explicó la doctora Cynthia Benzion en una entrevista brindada a este medio.
En este sentido, una de las medidas que permitieron elevar los niveles de empleo a partir de la asunción de Néstor Kirchner fue la derogación de la Ley Banelco sancionada en el 2000, la cual constituyó el inicio del fin del gobierno de la Alianza. Las sospechas de pago de coimas a los senadores justicialistas para que votaran a favor y una seguidilla de acusaciones cruzadas, en medio de un país asediado por los altos índices de desempleo y pobreza, provocaron la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez. En aquel momento, también se creía que era posible combatir una crisis económica con una reforma de flexibilización laboral. Una iniciativa similar cobró vuelo en 2017 bajo el gobierno de Macri y fue frenada a fuerza de movilización popular. Ahora, a la salida del peor momento de la pandemia, el capital concentrado propone las mismas recetas que desregularon el mercado laboral en los noventa.
Claro que la situación actual es compleja: según la OIT, “se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento”. Pero las recetas no pueden ser siempre las mismas y mientras Juntos por el Cambio vuelve a incurrir en los mandatos de la Escuela de Chicago, en el mundo crecen ideas como la repartición de las horas de trabajo a partir de la reducción de la jornada laboral. Durante la campaña de las PASO, se dijo muchas veces que había dos modelos en pugna. Esta polarización queda en evidencia debido a que, para aumentar el empleo, desde un lado, se propone cambiar el régimen indemnizatorio, mientras que, del otro lado de la grieta, se insta a reducir la jornada laboral con proyectos como los presentados en el Congreso por el bloque de diputades sindicales.
Antes de volver a probar con las recetas que fallaron, se podría avanzar en la reducción de la jornada laboral como posibilidad para destrabar el problema de la caída sostenida del empleo registrado y del poder adquisitivo del salario.
*Por Nahuel March Rios y Jeremias Herrera para El Grito del Sur / Imagen de portada: El Grito del Sur.
