Intento de homicidio a campesina de MOCASE-VC
Marina Aguirre es parte del pueblo sanavirón y está organizada en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC). El 16 de agosto pasado, en las tierras de su hermano en Campo Pinto, Aurora Álvarez la amenazó de muerte y la atacó con un arma blanca. Mientras se recupera, Marina denuncia a los empresarios del agronegocio y a sus bandas armadas que atropellan campesines para despojarles de sus tierras ancestrales.
Por Redacción La tinta
Es conocido el nivel de violencia, atropello y abuso de los empresarios del agronegocio contra les campesines en la provincia de Santiago del Estero. Ante un despojo que no cesa, las personas encuentran en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina (MOCASE-VC) un espacio de resistencia colectiva. La organización nació hace más de 30 años por la defensa de los derechos de las familias rurales frente a los atropellos de los grandes empresarios. Actualmente, enfrenta numerosos intentos de usurpación de los territorios comunitarios por parte de terratenientes con bandas armadas, frenando y denunciando desalojos, desmontes y fumigaciones.
Marina Aguirre es integrante de la comunidad indígena Sentimiento de mi Tierra, del Pueblo Sanavirón. Hace 31 años que su familia se organiza en el MOCASE-VC. En medio de un conflicto por sus tierras ancestrales, el 16 de agosto pasado, fue atacada por Aurora Álvarez con un arma blanca, propinándole una herida en el abdomen. El campo de su hermano Miguel, legítimo poseedor de las tierras, está en Campo Pinto, departamento Aguirre, una de las regiones amenazadas.
En diálogo con La tinta, Marina relató que, ese lunes, se encontraban con su hermano y su niña de 9 años cuando llegaron Aurora Álvarez con su hija Luciana Quinteros, Elizabeth Quint y dos personas más de la zona. “Llevaban un arma blanca y palos. Nos gritan que nos tenemos que ir, que nos van a matar, que se la van a agarrar con nuestros niños. Han amenazado a mi hermano con agarrarle la nena de él. Nos han tirado gas pimienta, primero a mi hermano y después a mí, y entramos a forcejear. Salen diciendo que Miguel le pegó a la hija de Aurora, pero no fue así. Aurora me apuñaló a mí”, explicó.
Pero el conflicto no empezó ahí. En diciembre pasado, Álvarez ingresó al predio en Campo Pinto, instaló una casilla y “sacó el techo de nuestra casa que estaba construida ahí”, dice Marina. La familia Aguirre denunció estos hechos y el conflicto llegó a la justicia. La fiscal a cargo ordenó entonces que, hasta tanto se resuelva, un policía haría guardia para evitar disturbios entre las partes. Sin embargo, el lunes, el efectivo estuvo presente durante el ataque sin interceder en ningún momento.
Marina asegura que, en estos meses, Álvarez provocaba continuamente a su hermano, lo filmaba, le gritaba, denunciaba hechos falsos, inventaba agresiones y amenazas. “Lo que pasó ahora es un intento de homicidio, pero ni así vamos a dejar de luchar por lo nuestro, vamos a seguir firmes”, agrega mientras se recupera de la herida.
Alianza para el despojo
“Son innumerables las denuncias que se vienen realizando en sedes judiciales, policiales y públicas sobre los actos de violencias que ejerce el grupo asociado a Santiagueños en Defensa de la Tierra, el empresario español Rodriguez Saenz y el líder de Cambiemos, ex senador Emilio Rached, que orquestan una campaña de criminalización y violencia contra las comunidades y familias organizadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero”, expresa en sus redes sociales la organización campesina.
Santiagueños en Defensa de la Tierra es un espacio que se presenta en la red social Facebook como “autoconvocados en defensa de nuestra tierra, el arraigo y la vida rural”. Publican a diario denuncias contra el MOCASE-VC, criminalizando sus acciones con un discurso similar al de los movimientos rurales. “Hace cuatro meses han armado este grupo, apoyado por todos los grandes empresarios, para confundir al movimiento, publicando falsedades” -explica Marina- “Nosotros no nos vamos a confundir, porque somos quienes vivimos en cada comunidad y cada paraje, y más que nadie sabemos quiénes somos y que ellos son los que vienen de afuera y nos quieren quitar nuestro territorio”.
Así, el hecho no es aislado, forma parte de un entramado de actores que parecen aliarse y utilizar los mismos métodos en diferentes zonas de la provincia. Algunos de los integrantes de la agrupación son los empresarios David Sandoval, Carlos Roberto Córdoba, pareja de Aurora Álvarez, y el español Fernando Rodríguez Saenz, hoy prófugos por una causa que investiga la privación ilegítima de la libertad de cinco trabajadores rurales en la tierra conocida como “El Guazuncho”. Es vox populi que la organización es liderada por Emilio Rached, referente de Cambiemos y accionista de la empresa AFAGRO SA, señalado como una pieza clave en la avanzada de los empresarios del agronegocio y sus bandas armadas.
El ingreso a la política de Rached se remonta al año 1983 en la Unión Cívica Radical (UCR), siendo en 1993 concejal de Pinto, localidad ubicada a 235 kilómetros de la capital provincial, donde está el campo en conflicto de Aguirre. Dos años después, fue elegido intendente de la ciudad, cargo que ocupó durante 10 años, y en 2005, fue vicegobernador de Santiago del Estero, en la lista junto a Gerardo Zamora, por el Frente Cívico por Santiago, una alianza entre radicales y peronistas que apoyaban a Néstor Kirchner.
En 2007, asumió como Senador Nacional y tuvo un rol importante en 2008 al votar contra “la 125”, la Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, traicionando a su espacio político y convirtiéndolo en opositor de la gestión zamorista. Hoy, integra la UCR y Juntos por el Cambio, y está procesado por “malversación de caudales públicos” durante su intendencia en Pinto. Se lo acusa de no haber utilizado el dinero enviado desde la Nación durante la gestión de Mauricio Macri para una obra pública de mejoramiento barrial que jamás se realizó.
Desde el MOCASE, aseguran que ese dinero fue utilizado para ampliar sus negocios agropecuarios y financiar desalojos a las comunidades campesinas indígenas de la zona, extendiendo así sus campos, en alianza con empresarios del agronegocio. “Este siniestro personaje desplegó bandas armadas por las comunidades campesinas del departamento Aguirre con dinero que debía ser destinado a viviendas sociales, para usurpar tierras”, señalan.
El 30 de julio de 2021, el MOCASE convocó a una marcha en las calles de Pinto reclamando los derechos ancestrales sobre la posesión de la tierra, la producción y el cuidado de la madre tierra. “Éramos más de 1.000 compañeros pidiendo justicia por el tema de las bandas armadas que nos llegan a atropellar en los territorios y que se entere el pueblo de Pinto quiénes son los cabecillas que están mandando”, explica Marina.
Los territorios que pretenden usurpar son tierras ancestrales, reconocidos como territorio de la comunidad indígena. “Además, ni siquiera llegan con papeles truchos, nunca nos han presentado nada, pero nosotros sabemos que somos más dueños que nadie de estos lugares, donde vivimos desde hace muchos años”, concluye Marina.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Mocase Vía Campesina.
