¿Para qué una Ley Nacional de Abordaje Integral de la Violencia Institucional?
A principios de mes, el plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación consiguió dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios. En esta nota, la doctora Valeria Plaza, abogada e investigadora de CONICET, se refiere a la importancia de que se promulgue la legislación y se refiere al caso de Córdoba, donde no hay ley provincial que trate la problemática.
Por Redacción La tinta
El proyecto de abordaje integral de la violencia institucional, que obtuvo dictamen la primera semana de julio, es una iniciativa necesaria y urgente. El objetivo, como se lee en el documento, es generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional ejercida por fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, y propone otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional, así como también afianzar políticas de bienestar policial.
La abogada, investigadora de CONICET y docente de grado y posgrado de la UNC, Valeria Plaza, trabaja -desde la investigación y extensión- en el campo de la seguridad, lxs jóvenes y los derechos humanos desde hace más de una década.
“La sanción de la ley será importante porque establece un marco mínimo de acuerdo de intervención en estos temas a nivel nacional. Como las sanciones a los policías son competencia provincial, en muchos casos, las provincias tienen diferentes maneras de registrar y articular junto con el poder judicial esas posibles sanciones. La ley hace foco no tanto en la injerencia del poder judicial -que también es una deuda, una materia pendiente cómo estos casos debieran protocolizarse en su investigación-, sino en la cuestión del ámbito ejecutivo, sobre todo, entonces, en la cuestión preventiva”, explica Plaza en diálogo con La tinta.
“En particular, pensando el contexto local, me parece que la obligación -o la reafirmacion de la necesidad- de crear una ley, de crear comités locales de prevención contra la tortura, es interesante porque Córdoba es una de las provincias que no tiene su ley”, agrega la integrante del colectivo Grupo Cañada. Si bien hubo proyectos que llegaron a estados avanzados de acuerdo en las comisiones de la Unicameral cordobesa, la ley nunca fue sancionada.
La especialista en seguridad añade que el proyecto de ley presentado “inaugura también un trabajo articulado entre las distintas competencias para pensar justamente de qué manera podemos tener registros unificados (ya que se va a capacitar para ello y lo que hay en el país, en general, son registros de organizaciones sociales y espacios universitarios, no hay registros estatales de los casos de violencia institucional) y establecer, al menos, un piso (que habrá que discutir en las legislaturas locales) de estrategias de prevención. Así ya no sólo hablaríamos de violencias letales, sino de la prevención de la violencia incluso en sus escaladas de baja intensidad”.
Por último, Plaza agregó que -como cuestión a pensar- es un proyecto muy interesante, pero está diseñado para que su órgano de aplicación sea la Secretaría de Derechos Humanos o los espacios que trabajan esta área.
“Algunas de las observaciones que creo hay que tratar de realizar a nivel local es que debiera haber mayor articulación e injerencia con las áreas de seguridad, que son quienes tienen a su cargo las policías, en todas las provincias y en el ámbito nacional también. Ahí creo que hay que pensar en cómo fortalecer, para que no sea algo que solo se gestione en los ámbitos de derechos humanos, sino que también se pueda profundizar la articulación con las áreas de seguridad”, finalizó la investigadora.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
