Los números de una ciudad para pocos
El martes pasado la organización TECHO presentó en simultáneo, en Córdoba y la Ciudad Autónoma, los resultados de su Relevamiento de Asentamientos Informales del año 2016. La información presentada da cuenta de la gravedad de la problemática del acceso al hábitat: en la provincia de Córdoba se identificó un total de 170 asentamientos informales en los que viven 18.755 familias.
La imposibilidad de acceder a los servicios básicos y a la propiedad de la tierra por parte de un gran número de personas contrasta con la proliferación de countries, complejos de edificios o casas de alta gama y centros comerciales. Ambas dimensiones forman parte de un modelo de ciudad excluyente consolidado con el protagonismo de las empresas desarrollistas y la colaboración de las políticas del Estado.
Sobre el relevamiento: objetivos, alcances y resultados.
El relevamiento se planteó “identificar, caracterizar y georreferenciar los asentamientos informales” en 10 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esa meta, se definió como asentamiento informal a “un conjunto mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas), en donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal)”. Es decir, no abarca a la totalidad de las personas que no poseen un acceso adecuado al hábitat, sino sólo a las que se encuentran en el mayor estado de gravedad.
De acuerdo con la metodología utilizada, en los 11 territorios relevados en todo el país existen 2.432 asentamientos informales, donde se estima que viven 650.700 familias. De ese número, 170 asentamientos y 18.755 familias se encuentran en la provincia de Córdoba, alcanzando un total aproximado de 86.720 personas.
En lo que se refiere al acceso a los servicios básicos, los resultados presentados son evidencia de la profundidad de la problemática del acceso al hábitat en la provincia. En el 65% de los asentamientos los hogares no cuentan con conexión formal a la red pública de energía eléctrica. Por otra parte, el 95% de los asentamientos se ven impedidos del acceso a la red pública de agua corriente. Además, casi la totalidad de ellos (99%) están privados de la conexión a la red cloacal pública.
Esta situación trae graves consecuencias para la higiene, la seguridad y la vida de las personas que habitan en los asentamientos. Más aún si consideramos que cerca del 70% de los asentamientos está amenazado por un factor de riesgo (basural, ribera de un curso de agua, camino de alto tráfico, pendiente) dentro del mismo barrio o a menos de 10 metros del mismo y que el 55% se inunda cuando llueve.
El desarrollismo inmobiliario como eje de una ciudad excluyente
Los datos presentados por TECHO son sumamente útiles para darle visibilidad a una problemática que pretende ser escondida detrás del principal motor de la urbanización en la ciudad de Córdoba, la provincia y el país en lo que va del nuevo siglo: el desarrollo inmobiliario.
La realidad cotidiana de los asentamientos, villas, y barrios populares contrasta con la proliferación de countries, complejos de edificios o casas de alta gama y centros comerciales. La inversión inmobiliaria se consolidó como uno de los destinos primordiales de los excedentes obtenidos en las actividades productivas que lideraron el crecimiento económico durante la etapa. En este contexto, las grandes desarrollistas inmobiliarias (GAMA, Edisur, GNI, entre otras) se convirtieron en las promotoras del avance del capital sobre el espacio urbano y en las protagonistas de un modelo de ciudad pensado por y para las clases dominantes.
Algunos números son una muestra de la intensidad de este proceso. Por un lado, entre 2003 y 2014, en la provincia de Córdoba el sector de la construcción creció a una tasa del 6,6% promedio anual. Este crecimiento verificado en la construcción fue de la mano de un mayor ritmo de valorización del suelo: de acuerdo con datos del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción, entre 2005 y 2015 el precio mínimo en dólares del m2 de la vivienda a estrenar en la ciudad de Córdoba creció un 11% por año, mientras que el precio máximo lo hizo a un ritmo del 7,7%.
Estos datos sugieren que el mercado ha operado como un mecanismo de exclusión, dejando sin la posibilidad de acceder formalmente a la vivienda a quienes no están en condiciones de afrontar la suba en su valor. Sin embargo, no ha sido el único. En los casos en que ha sido necesario, el avance mercantil se ha complementado con el desalojo y la relocalización de barrios populares con el objetivo de garantizar el espacio para que el desarrollo inmobiliario pueda desplegarse plenamente.
En consecuencia, se ha consolidado un modelo de ciudad para pocos, que privilegia la mercantilización de la tierra por sobre el acceso a una vivienda en condiciones dignas.
La necesidad de caminar hacia otra ciudad
Asentamientos informales, villas y barrios populares, por un lado; countries, centros comerciales y grandes complejos habitacionales, por otro: esas son las dos caras de la moneda de un proceso de urbanización ideado desde y para los sectores dominantes.
En este sentido, una de las conclusiones principales presentadas es que la cuestión del acceso al hábitat es un problema estructural, que atraviesa al Estado en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal). Es decir, todos los gobiernos son igualmente responsables de la situación y la ausencia de información pública respecto a este fenómeno es una muestra clara de ello. Lejos de pensarse medidas estratégicas para mejorar las condiciones de vida de los sectores populares, las políticas públicas implementadas han contribuido a consolidar un modelo de ciudad excluyente.
Frente esta situación, hay otro dato presentado por la organización que merece ser destacado: en el 58% de los asentamientos identificados fueron los vecinos quienes se organizaron para acceder a los servicios. Ante el avance mercantil y la complicidad estatal, a organización colectiva desde los mismos barrios aparece cada vez con más fuerza como la única alternativa viable para garantizar un acceso a la vivienda digna.
*Por Colectivo de Tierras – EO
