La Interrupción Voluntaria del Embarazo sigue vigente en Córdoba
Grupos fundamentalistas en todo el país presentaron estrategias jurídicas para detener la implementación de la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Córdoba no fue la excepción. La Justicia provincial rechazó la medida cautelar y la ley sigue vigente en la provincia.
Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta
“Las organizaciones y activistas que integramos la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba, junto a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, estamos trabajando arduamente para que la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) N° 27.610 sea accesible en cada punto de nuestra provincia. Estamos organizadas también frente a cualquier maniobra judicial que busque obstaculizar nuestros derechos”. Así comienza el comunicado publicado el 27 de abril, difundido en redes.
El 13 de abril de 2021, el ex legislador Aurelio García Elorrio presentó un amparo contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba ante la Cámara Contencioso Administrativa N° 1. El fundador y referente de la organización antiderechos Portal de Belén protesta contra el programa que implementa el Ministerio de Salud provincial para garantizar el acceso a la IVE, en cumplimiento de la Ley 27.610. Además, solicitó que se suspenda la aplicación de dicha ley a través de una medida cautelar.
Mayca Balaguer es abogada y coordinadora de Asuntos Legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS). En conversación con La tinta, explicó que “la Ley está vigente, su judicialización no impide su aplicación. Es una ley de orden público, que se cuestionen determinadas cosas del texto de la Ley en los tribunales no obstaculiza la aplicación. Lo único que podría impedirlo es la concesión de una cautelar, que fue rechazada”.
“Es un avance importantísimo para la marea verde que la Justicia provincial haya rechazado la medida cautelar, garantizando así que el derecho a la IVE siga vigente en en nuestra provincia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aún debe decidir sobre su apelación, pero sería inadmisible suspender la aplicación de una ley nacional por vía cautelar”, expresaron las organizaciones en el comunicado.
García Elorrio y el buen ciudadano
La Ley de Amparo explicita que una persona o colectivo puede solicitar la intervención de un Tribunal cuando hay una afectación en un derecho constitucional. “Cualquiera, por cualquier motivo, puede hacer una demanda y solicitar la intervención de un Tribunal, si siento que se violenta un derecho o si estoy en un conflicto en el cual quiero que la Justicia dé una respuesta” -explica Mayca- “Que sea procedente y obtenga una resolución favorable va a depender de la sustancia de la presentación”.
Para la abogada, la presentación de García Elorrio es errónea, pero responde a una estrategia judicial de él y su organización. “Por un lado, cuestiona la Ley Nacional N° 27.610, entonces, no tiene sentido una presentación en los tribunales ordinarios de la provincia de Córdoba. Además, desde Portal de Belén, ya hicieron una presentación en la Justicia Federal en contra del Estado Nacional, que está pendiente de aprobación”. Esta vez, con el mismo abogado patrocinante, Rodrigo Agrelo, lo presentó en nombre propio, fundamentando que va como ciudadano afectado. “Es una estrategia de desgaste judicial, porque lo mismo que le está pidiendo a un tribunal Federal, teniendo como contraparte al Estado Nacional, ahora viene y se lo plantea a la provincia”, afirma Mayca.
En la presentación, García Elorrio aclaró que lo hace como representante del niño por nacer, apelando a la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes. Señala que los funcionarios del Ministerio de Salud no protegen al niño por nacer porque implementan un programa de IVE que, en sus palabras, atenta contra la vida del niño y que las madres también fallan en esa protección al no desear los embarazos.
“Como nadie los protege, no queda otra que venir él a hacerlo. Dice que lo hace como ciudadano porque paga sus impuestos y con la plata de sus impuestos se hacen abortos, y eso contradice el artículo 5 de la Constitución Provincial que protegen su libertad de conciencia. No se entiende si quiere proteger al niño o se quiere proteger a sí mismo y a sus impuestos”, expresa Mayca.
El amparo tiene tres objetivos: por un lado, suspender la aplicación del programa de IVE que aplica la ley. Por otro lado, suspender la ley, argumentando que contradice las normas sobre las facultades no delegadas de la provincia a la nación. Sin embargo, hay muchas leyes nacionales que crean derechos en materia sanitaria, sin que se cuestione el tema de las facultades. El tercer objetivo del Amparo es suspender la entrega de misoprostol a niñas menores de edad, basándose en el prospecto del misoprostol, “pero no es el lugar donde se tiene que cuestionar eso. Si hay algún problema con el misoprostol, se lo tendrá que cuestionar a la ANMAT, que es el organismo que aprobó el medicamento y, si se tiene un conflicto con ANMAT, lo debe resolver la Justicia Federal”, explica Mayca.
Los loops de las estrategias
“Esta estrategia es idéntica a la que la Asociacion Civil Portal de Belén utilizó con el protocolo provincial para abortos no punibles” -refiere Mayca- “Además, la otra estrategia que repite es la de solicitar una cautelar que es idéntica al objeto del Amparo”.
El objetivo de estas acciones es suspender el derecho, “aunque sea por un tiempo, porque después sabemos que la sentencia de fondo protege la ley, como pasó con la causa de protocolo de aborto no punible, que se rechazó el amparo, pero el problema fue tener la suspensión del protocolo durante tantos años. Es una estrategia que busca repetir un poco esta historia, por eso tenemos que estar atentas”, agrega la abogada.
La IVE en Córdoba hoy
“Estamos logrando que se abran servicios de atención de ILE e IVE en más hospitales y centros de salud de distintas localidades y comunas de Córdoba. Trabajamos para que las prácticas en salud sean cada vez más amorosas y de calidad”, expresan las organizaciones en el comunicado.
Conversamos con María Julia Córdoba, médica Generalista, trabajadora del Centro de Salud Municipal N° 72 e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Cuenta que “a partir de la aprobación de la ley, aumentó la demanda. Las mujeres llegan a solicitar las interrupciones a los servicios de salud, accediendo a un derecho amparado por ley y los equipos de salud de muchos espacios están respondiendo a estas solicitudes”, explica.
Además, se ampliaron y abrieron servicios nuevos: “En la municipalidad, se conformó una comisión de salud sexual integral hace dos años. A partir de la aprobación de la ley, se diseñaron capacitaciones y, a partir de estos espacios, se sumaron más centros de salud y más profesionales para garantizar el derecho”, señala María Julia.
Sin embargo, desde la provincia no hay capacitaciones para trabajadores y equipos de salud, y es la Red de Profesionales la que las lleva a cabo por solicitud de las instituciones o localidades. “Algunos equipos de salud quizás se decían objetores y no realizaban la práctica basados en prejuicios, mala información o desinformación sobre la práctica. En las capacitaciones, mostramos números reales, a nivel internacional, provincial y desde la municipalidad de la ciudad de Córdoba, acerca de cómo se utiliza el tratamiento, su efectividad, las posibles complicaciones y riesgos. Así se han ido sumando a garantizarlas”, explica María Julia y agrega: “Hay predisposición de los equipos de salud y de los profesionales para acompañar y garantizar, pero a veces desde las direcciones o jefaturas de servicios se presiona o se obstaculiza”.
“Los sectores antiderechos juegan con información falsa, sobre la práctica en sí y sobre los riesgos, usando el miedo y la desinformación como herramientas para amedrentar. Es importante capacitarse sobre las obligaciones que nos corresponden como equipos de salud, ya que la Ley sanciona penalmente a quien la incumpla, por ejemplo, brindando información errónea, dilatando el tiempo de los diez días establecidos, no derivando correctamente al servicio que corresponda, negando la información y/o la asistencia. Todo esto tiene implicancias legales penales”, concluye Julia.
“Nosotras conquistamos el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. No vamos a permitir que ninguna persona u organización nos avasalle. Abortar es legal, seguro y gratuito. En Córdoba, también: todas las mujeres y personas gestantes pueden acceder y cuentan con profesionales de la salud en todo el territorio provincial para acompañarles. Estamos juntas y juntas vamos a defender la ley”, cierra el comunicado.
*Por Anabella Antonelli y Nadya Scherbovsky para La tinta / Imagen de portada: La tinta.
