Terminar con las distintas formas de la institucionalización
Dos organismos que luchan por la salud mental y los derechos humanos de las personas con discapacidad elaboraron un documento en el que cuentan la situación de vulnerabilidad que se atravesó en los hospitales psiquiátricos durante la pandemia, la violación de leyes y convenciones, y el reclamo urgente de desinstitucionalizar.
Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., y Observatorio de Salud Mental y DD. HH.
A principios de este año, la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, organizó reuniones para hablar con personas con discapacidad de todo el mundo sobre la pandemia, sobre cómo viven las personas con discapacidad en la pandemia, sobre las instituciones de salud mental y de encierro, sobre la necesidad de cambiar las instituciones y prestaciones que encierran, y sobre las experiencias buenas que hay de desinstitucionalización, es decir, de salir de las instituciones a vivir de forma independiente, en comunidad. También pidió escritos con las opiniones sobre estos temas.
Desde la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, y el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, mandamos un documento que escribimos las dos organizaciones y lo compartimos, con un lenguaje accesible y sintetizado. También se puede descargar aquí.
Este documento lo presentan dos organizaciones: la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., y el Observatorio de Salud Mental y DD. HH. Las dos organizaciones están formadas por personas con discapacidad y sus aliados.
Luchamos por nuestros derechos. Luchamos para que se cumpla la convención y para que se respete la Ley Nacional de Salud Mental. Las dos organizaciones trabajamos en Córdoba, Argentina.
En este escrito, queremos decir que la Convención es una ley muy importante en Argentina. Es tan importante como la Constitución. Pero no se cumple. Sabemos que no se cumple porque, en Argentina, todavía hay leyes que institucionalizan. Eso quiere decir que todavía se permite que las instituciones decidan cómo deben vivir las personas. En Argentina, hay leyes que segregan porque permiten que algunas personas con discapacidad vivan separadas del resto de la sociedad.
En Argentina, todavía hay leyes que fomentan la dependencia porque esas leyes buscan que las personas con discapacidad dependan de otros para vivir. Un ejemplo de esto que decimos es la Ley 24.901.
Esto tiene que cambiar. Las prestaciones que hay en esa ley no piensan primero en la vida independiente de las personas con discapacidad. No piensan en la autonomía. No piensan en los apoyos. No piensan en la inclusión. Algunas prestaciones de esa ley son escuela especial, hogares, centros de día. Para tener acceso a esas cosas, se necesita la autorización de un médico.
Eso tiene que cambiar.
Hace poco tiempo, la Agencia Nacional de Discapacidad propuso que se revisen las prestaciones de esta ley. Nosotros creemos que no es suficiente que se revise, tienen que ser transformadas, cambiadas. Y tiene que haber una política integral que garantice nuestros derechos. La ley tiene que estar en armonía con la convención y con el modelo social.
En el año 2010, en Argentina, se logró otra ley importante: la Ley 26.657 de Salud Mental. Esta nueva ley cambió la forma de entender la salud mental en Argentina. Pero ya pasaron 10 años y esta ley tampoco se cumple. Lo sabemos porque, en Argentina, todavía hay manicomios.
Además, cuando se cambia un servicio monovalente, eso quiere decir un hospital psiquiátrico o manicomio, se cambia por un hogar o un pequeño hogar, lugares que vuelven a segregar porque las personas que viven en esos hogares están separadas del resto de la sociedad.
En 2019, se hizo un censo en Argentina para conocer cuántas personas estaban internadas en hospitales psiquiátricos: ese censo mostró que 12 mil personas todavía viven en hospitales psiquiátricos.
Cuando una persona con discapacidad tiene problemas de vivienda o tiene problemas de trabajo, o tiene problemas de salud, o perdió el apoyo de su familia, el Estado le ofrece, como única opción, vivir en un hospital psiquiátrico. Eso tiene que cambiar porque está prohibido por la ley y por la convención.
Por otro lado, hay otra convención: la Convención de Derechos del Niño, que tampoco se cumple.
Sabemos que no se cumple porque, en el año 2006, Argentina creó un sistema de protección para los niños, las niñas y los adolescentes que no tienen los cuidados de sus padres o sus madres, y que no tienen otras personas que les cuiden. Este sistema se llama “medida excepcional” y dice que los niños, niñas o adolescentes tienen que vivir en una institución porque no tienen cuidadores. Supuestamente, no pueden vivir ahí mas de tres meses. Eso no se cumple. Hay niños, niñas y adolescentes que viven en hospitales, en hogares del Estado o en hogares de organizaciones de la sociedad civil por más de tres meses. Eso debe cambiar.
Hace poco, conocimos una denuncia realizada porque, en uno de estos hogares, una niña con discapacidad fue abusada. En ese lugar, había muchas cosas irregulares. Por ejemplo:
-Sobrepoblación (vivían más personas de las que podían vivir).
-Faltaban camas (algunas personas dormían en colchones en el piso).
-Había poco personal (había pocas personas para cuidar a los niños y niñas, y eses cuidadores trabajaban muchas horas. Estaban muy cansades y cobraban muy poco por su trabajo).
-Otra irregularidad en ese hogar era que no había privacidad (no había puertas en los cuartos).
-Les cuidadores no sabían apoyar a los niños y las niñas en los hábitos de higiene personal, por eso, había muchas enfermedades.
-Había abusos sexuales.
-Muchos niños y niñas eran castigades y aislades o encerrades.
-Otro problema en ese hogar es que no había actividades afuera del hogar.
-Los niños y las niñas tomaban más medicación de la que necesitaban, no se cuidaba su salud metal.
Durante la pandemia, muchos problemas de las personas que viven en hospitales psiquiátricos se hicieron más graves. A muchas personas se las sacó del hospital donde vivían. Se las llevó a otro muy rápidamente sin explicarles nada.
Algunos hospitales psiquiátricos dejaron de atender y las personas se quedaron sin su psicólogo, sin su medicación, y nunca se les explicó nada. Durante el aislamiento por el coronavirus, había muchos policías en la calle y a veces trataban con violencia a las personas con discapacidad psicosocial.
Muchos programas de apoyo al trabajo se suspendieron: por ejemplo, el Programa Primer Paso se suspendió, el programa de inclusión profesional también se suspendió.
Algunas personas comenzaron a recibir más medicación de la que necesitaban. Algunas personas que están en su casa fueron internadas aunque no lo necesitaban.
En todos estos problemas graves que sucedieron durante el aislamiento por coronavirus, las personas con discapacidad no fuimos consultadas. Se armaron estrategias para la pandemia sin consultarnos. Por eso, se cometieron errores graves y hubo muchos contagios de coronavirus en hogares para personas con discapacidad.
Por todo esto, decimos que la desinstitucionalización es urgente y para lograrlo:
-Se tiene que cambiar el sistema de prestaciones, tiene que cambiar la Ley de Prestaciones.
-El Plan Nacional de Salud Mental se debe cumplir.
-Debemos tener servicios de salud mental en la comunidad.
-Debemos tener vida independiente.
-Los programas políticos deben ser integrales: eso quiere decir que deben tener en cuenta los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y las niñas, de las mujeres, de las personas travestis y trans. Los programas políticos deben cuidar la salud de todes, garantizar la educación de todes, asegurar el trabajo para todes y, para eso, deben tener un presupuesto igual para todas las regiones.
Sabemos que hay organizaciones que se benefician cuando las personas con discapacidad viven en instituciones, por eso, no quieren que las cosas cambien. Se resisten, pero eso va en contra de nuestros derechos.
Descargá el documento sobre desinstitucionalización.
*Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y DD. HH., y Observatorio de Salud Mental y DD. HH.
