Por una política de cuidados con perspectiva de discapacidad
Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos
Convocada por la Agencia Nacional de Discapacidad, participamos desde la Mesa en una reunión con organizaciones sociales para plantear aportes a un futuro proyecto de Ley, que impulsará una políticas nacional de cuidados y que se está elaborando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se espera que este proyecto de ley ocupe parte de la agenda política en los próximos meses. En esta nota, compartimos la información central de este proceso, la descarga de algunos documentos y los comentarios que realizamos junto a otras organizaciones de personas con discapacidad.
En octubre pasado, la Resolución 309 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creó la “Comisión redactora de un anteproyecto de Ley para un Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género”, esta comisión redactora, durante los meses siguientes, debía nutrirse de los aportes de distintos actores, principalmente de una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, conformada por distintos sectores de gobierno, como las carteras de Salud, Trabajo, Desarrollo Social, el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), el PAMI y la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad), entre otras. El 12 de febrero, la Andis presentó su documento, que incorporó comentarios y aportes de diversas Organizaciones de Personas con Discapacidad (ODP), entre ellas, la Mesa. La comisión redactora está conformada por un grupo notable de especialistas en distintos campos: las políticas públicas y sociales, la economía feminista, la salud, la educación, el derecho, la administración pública, etc. Corina Rodríguez Enríquez, Virginia Franganillo, Marisa Herrera, Laura Pauttasi, Natalia Gherardi, Eleonor Faur, Romina Rubin, Jorge García Rapp y Mercedes Mayol Lasalle conforman el grupo responsable de la redacción del anteproyecto de ley.
“Garantizar una perspectiva de discapacidad en el anteproyecto de ley” podría ser el título de los aportes realizados desde las organizaciones sociales que participamos el martes 2 de febrero, coordinada por las funcionarias de la Andis que llevarían luego las propuestas del campo de la discapacidad a la comisión redactora. Ya desde el organismo, abrieron la reunión con las ODP con ese mandato: “Proponemos presentar sólidamente la perspectiva de la discapacidad en la propuesta que elevemos a la comisión redactora de la ley de cuidados, lejos de un modelo asistencialista, y entendiendo a la persona con discapacidad como un sujeto de derechos”. Esta reunión es, en realidad, la primera instancia de diálogo y aportes para incidir en el debate de la futura ley, que continuará con un trabajo durante todo el año. Las oportunidades estarán marcadas por las etapas de elaboración del anteproyecto primero y su debate posterior.
Susana Underwood y Verónica González son las funcionarias que integran, desde la Andis, la Mesa Interministerial y quienes coordinaron diversos encuentros con organizaciones. En la que participamos, coincidimos con REDI, APADEA, FAICA, ASDRA, Senderos del Sembrador, AMIA y la Mesa. Luego de detallar el proceso de consultas e incorporación de aportes (además de las ODP, contaron con aportes del Consejo Federal de Discapacidad y distintos organismos del Estado nacional), se generó un rico diálogo, brindando respuestas a la pregunta: ¿Qué se debe considerar en una política federal de apoyos desde una perspectiva de discapacidad?
Se destacó que las personas con discapacidad no son sólo destinatarias de cuidados, que también pueden brindarlos (de hecho, muchas personas con discapacidad suelen ser cuidadoras) y que, en ambos casos, pueden o no necesitar de apoyos. En este punto, además, destacando que puede ser una ocupación laboral para personas con discapacidad, que puede vincularse con la promoción de cooperativas y que debe eliminarse incompatibilidad con la Pensión no Contributiva.
Desde la Mesa, también advertimos que, más allá de que la idea de cuidados haya avanzado y ya no se la entienda de manera asistencialista o sobreprotectora, esto no está instalado socialmente. Por lo tanto, se debe hacer un trabajo fuerte antes y durante la discusión de esta ley, para que no se generen confusiones desde diversos sectores, como los medios de comunicación, y evitar que se instale la idea de personas con discapacidad u otros grupos como dependientes, y, en cambio, promover la idea de interdependencia, derecho a contar con apoyos para la toma de decisiones, etc.
Las organizaciones participantes también planteamos que esta política no quede entrampada en el sistema prestacional establecido por la Ley 24.901, por lo que esto implicaría: seguir fomentando la “industria de la discapacidad”, por las condiciones de precarización laboral que este sistema permite y, sobre todo, el modelo médico sobre el que se asienta. ¿Qué puede implicar, por ejemplo, que esta política esté financiada desde la seguridad social, las obras sociales? También resulta evidente que una futura política integral de cuidados con perspectiva de derechos deberá repercutir, más temprano que tarde, en un profundo debate histórico para la transformación del sistema prestacional. De lo contrario, coexistirán dos sistemas en contradicción: el promovido desde el modelo médico, en prácticas reconocidas dentro de la Ley 24.901, y lo que cree la ley de cuidados.
Otro punto crítico son las diferentes realidades y situaciones desiguales que se viven en el territorio nacional, según la provincia en que se encuentre. Una política integral y federal de estas características, que evite la discrecionalidad de la aplicación por parte de los gobiernos provinciales y garantice que la perspectiva de discapacidad y apoyos esté presente en todo el territorio nacional plantea un desafío muy grande. Un ejemplo es el caso de Irene, de Alta Gracia, en el que el Estado Nacional parece no poder hacer suficiente para defenderla frente a la vulneración de sus derechos, por parte de la obra social provincial y el Gobierno de Córdoba, que deniega los apoyos adecuados que nuestra compañera requiere para una vida de dignidad; aún cuando una sentencia de amparo de la CIDH lo demanda.
La perspectiva de derechos, los apoyos y la autonomía, el modelo social de la discapacidad son los aspectos centrales de una perspectiva de discapacidad en una política de cuidados. Se traduce, por ejemplo, en el derecho a decidir cómo, por cuánto tiempo, para qué instancias de la vida se realizarán las tareas de cuidado. Garantizar esta perspectiva requiere una formación sólida y práctica de las personas dedicadas a estas tareas en el enfoque de derechos humanos, el modelo social, etc. Esto también implica no vincular linealmente la necesidad de cuidados con grados de dependencia, porque pueden requerirse determinados cuidados por parte de personas que ejercen un grado de autonomía en diversos aspectos de su vida cotidiana. En este punto, y en general en toda la discusión, la idea de cuidados parece tocarse, solaparse, complementarse y a veces fundirse con la idea de apoyos. Es necesario que las definiciones de determinados conceptos, así como sus relaciones, sean precisadas en la ley.
La construcción de una política pública que organice las tareas de cuidados, que integre perspectivas feministas y de género, con la perspectiva de discapacidad, la interculturalidad, los derechos de las personas mayores y el enfoque de derechos humanos en general es una gran oportunidad histórica que repercutirá en la mayoría de los sectores de la sociedad (¿qué sector social podría pensarse ajeno a un debate sobre los cuidados?) y que integrará al colectivo de personas con discapacidad en una preocupación social integral. En definitiva, esta iniciativa estará ligada a la transformación de pautas culturales arraigadas, de estructuras de funcionamiento social, de instituciones y también de intereses económicos. Transformaciones necesarias y por las cuales, desde la Mesa, también militamos.
*Por Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos / Imagen de portada: Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
