A cuatro años de la Masacre de Pergamino, el reclamo es cárcel común y efectiva
Se cumplen cuatro años de la Masacre de Pergamino. Los familiares de las siete víctimas y el Colectivo Justicia x los 7 demandan que cuatro de los seis policías condenados cumplan sus penas en la cárcel y no en la comodidad de sus casas.
Por Brenda Sosa Vico para La tinta
Se atragantaron los sueños,
en medio de una garganta rasposa, asfixiada
y que no aprende a toser.
Se apoderaron los miedos
de esta gran balanza tramposa, gastada
y que tiende a imponer
esa puta costumbre de perder.
Y siempre habrá que escuchar, no importa el momento,
todo lo que el alma diga.
Y es imposible evitar aferrarse con todas tus fuerzas
a lo único que te abriga en medio de la tempestad.
(“En medio de la tempestad”, de La Chancha Muda)
Este martes, se cumplen cuatro años de la masacre en la comisaría primera de la ciudad de Pergamino, una de las más atroces ocurridas en la provincia de Buenos Aires. Las víctimas fueron, son y seguirán siendo para quienes los recuerdan, Sergio Filiberto, Fernando Latorre, Franco Pizarro, Federico Perrota, John Mario Claros, Alan Córdoba y Juan José Cabrera.
Ese 2 de marzo, los siete pibes murieron calcinados en un calabozo ante la inacción para salvarlos de cada uno de los seis policías que se encontraban de guardia (incluido el entonces comisario Alberto Sebastián Donza) y por sus acciones concretas para decidir juzgar y dejar morir a quienes, en ese momento, estaban privados de la libertad. Por eso, dejar morir también es matar.
“Justicia x los 7” es el colectivo social, político y de derechos humanos que se creó entre conocidos, desconocidos y algunos consternados por lo que estaba aconteciendo en Pergamino, en la misma noche que la falsa calma de la ciudad se interrumpía, primero, amontonados en la esquina de la comisaría, después, en las salas velatorias.
Por esos días, varias de las personas que transitaron los primeros pasos en este espacio de lucha no se conocían entre sí. Pero los unía la injusticia imperante que buscaron instaurar desde la cúpula policial y social, y que sólo pudo comenzar a revertirse con la lucha cotidiana de familiares, amigos y del Colectivo, que hoy, desde las 18.30, realizará una jornada de reflexión en las puertas de la ex comisaría primera.
Justicia x los 7 -que, a causa de la pandemia del coronavirus, impulsó la última actividad pública para el aniversario anterior- no dejó de ejercer como un brazo consolidado antirrepresivo. Actuó en tres situaciones de torturas, en diferentes episodios, pero, esta vez, en la comisaría tercera de la ciudad. También acompañó diferentes situaciones que ocurrieron en la región: apremios ilegales, hostigamiento, el femicidio de Úrsula en la vecina ciudad de Rojas, siendo este último hecho un disparador clave a la hora de entender la lucha contra un sistema policial en permanente putrefacción.
La bandera de Justicia x los 7 recorrió las calles de Rojas, exigiendo justicia por Úrsula y alertando sobre la impunidad policial que reina en las ciudades de la provincia. Las calles de Rojas, por las que, hace unas semanas atrás, se pedía justicia por la joven víctima de femicidio en manos del oficial de la bonaerense Matías Ezequiel Martínez, ya se encontraban “stencileadas” con la imagen de Justicia x los 7, ya que uno de los responsables de la masacre y penalmente condenado a 11 años, Brian Carrizo, goza del beneficio del arresto domiciliario en Rojas.
Entonces, nos podemos preguntar: ¿quién cuida a la policía?, ¿quién nos cuida de la policía? Si la forma para abandonar es idónea para causar la muerte, entonces, no es un abandono, sino un homicidio. Si la intención es matar, omitir las acciones de salvamento significa matar. Esto fue lo que sucedió en la dependencia policial de Pergamino el 2 de marzo de 2017, en un edificio lindero con el Palacio Municipal y a media cuadra de la peatonal.
El cambio de carátula de “abandono de persona seguido de muerte” por “homicidio doloso” fue un recurso de casación que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interpuso finalizado el juicio oral y público, en diciembre de 2019, por no coincidir con la calificación legal del delito. A más de un año de la presentación de esta medida, el recurso todavía no fue resuelto por el Poder Judicial.
Los saldos judiciales de la masacre tienen altos niveles de impunidad, con vericuetos legales que permiten que alguien condenado a una pena de 10 años de cárcel pueda cumplir esa sanción en su casa. Así lo demostró ante el Máximo Tribunal, en plena lectura de la sentencia, el ex policía Carrizo, que arrojó una silla dentro de la sala hacia donde estaban los familiares de las víctimas. Aun así, salió por la puerta de los acusados hacia el living de su casa, donde ahora cumple condena.
Cuando Carrizo fue citado por el Fiscal General (después de que la CPM interponga un recurso para que la causa no quede archivada de buenas a primeras), el condenado reconoció el accionar y se justificó en un “impulso”. Pero al Tribunal Oral Criminal N°1 de Pergamino no le alcanzó para revocar el beneficio del arresto domiciliario, como había solicitado la CPM.
Cuando se habla de impunidad policial, además de todos los artilugios que común y públicamente se denuncian por parte de los efectivos de seguridad, también se puede afirmar, al menos en el caso de la Masacre de Pergamino, que si un policía es citado en una causa judicial a declarar por un hecho sucedido en una dependencia de la fuerza, el uniformado puede mentir y no pasará nada. Esto fue lo que constó en actas durante los últimos días de febrero de este año con dos declarantes testimoniales en el juicio de octubre de 2019. La CPM, a partir del juicio oral y público, solicitó la extracción de ocho testimonios de funcionarios policiales que presentaron declaración y que brindaron falsa información. De estos ochos, al ex efectivo policial Eduardo Hamué (desafectado de la fuerza por injuriar y amenazar en redes sociales) y al policía Renzo Giracci les abrieron una causa por falso testimonio. A diferencia del proceder común -usualmente, cuando la mentira queda de manifiesto, a la persona declarante la detienen en el momento y la indagan-, a estos efectivos de seguridad los citaron 16 meses más tarde. Se presentaron y ninguno de los dos declaró. Ahora, siguen caminando por las calles de la ciudad, impunes, porque el hecho de mentir delante de un tribunal para cubrir a sus camaradas no tiene costo alguno. O eso, al menos, evidencia el sistema judicial.
Mientras las respuestas judiciales no vayan de la mano con la justicia efectiva, necesaria y reparadora, para que la violencia institucional deje de ser una política pública socialmente instaurada y de práctica cotidiana, en Pergamino, nunca habrá justicia por los siete. Mientras las responsabilidades políticas sigan impunemente archivadas, cajoneadas y esperando novedades, todos estos episodios evitables van a seguir sucediendo, porque la violencia institucional es una política de Estado que no distingue partidos políticos ni formas de gobierno. Eso sí, las respuestas sociales, con tiempo, con calle y con lucha, se siguen conquistando.
*Por Brenda Sosa Vico para La tinta / Imagen de portada: Enredando.
