Los 6.402 falsos positivos de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez
La política sistemática del Estado colombiano de asesinatos masivos sigue vigente. Durante la administración de Uribe, los “falsos positivos” se convirtieron en un método genocida.
Por Milena Passos para Revista Crisis
El acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP crea la Justicia Especial para la Paz (JEP), como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este tribunal transicional se encarga de investigar -en macro casos- las violaciones de derechos humanos cometidas con ocasión del conflicto armado. El caso 03 corresponde al de “los falsos positivos” y ha sido, quizás, uno de los más controvertidos por tocar directamente la responsabilidad del Estado colombiano en la comisión de crímenes graves que involucran a las fuerzas armadas.
La semana pasada, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de hechos y conductas de la JEP presentó un informe que afirma que, entre 2002 y 2008, hubo 6.402 civiles a los que las fuerzas militares mataron y presentaron como bajas en combate, a cambio de bonificaciones monetarias, permisos, vacaciones, ascensos o cualquier otro incentivo. Esta cifra es tres veces mayor a la presentada por la fiscalía, que reportó ante el tribunal que había 2.248 víctimas de falsos positivos ocurridos entre 1988 y 2014.
En el informe, se lee que el departamento de Antioquia, donde opera la IV Brigada del ejército, fue donde más casos se identificaron (1.603), seguido del Meta (394), Caquetá (344), Cesar (323), Norte de Santander (298), Tolima (284), Huila (274), Casanare (246), La Guajira (218) y Cauca (206). Lo abrumador es que la cifra supera las 3.200 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero en un periodo de tiempo más corto y durante una “democracia”. Esta es la consecuencia de la política de guerra y terror de Seguridad Democrática, que prometía acabar por medio de las armas con las guerrillas, desconociendo las causas históricas que dan origen a la confrontación, y, con esto, agudizando las contradicciones sociales que perpetúan su continuidad.
La organización de las Madres de los falsos positivos sostiene que son más los casos ocurridos y señala que los crímenes fueron motivados por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez -durante el cual se registró el 78 por ciento del total de la victimización histórica-. Por ello, las Madres piden como medida de reparación que Uribe acuda a la JEP junto a sus entonces ministros de Defensa, Juan Manuel Santos y Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal.
La responsabilidad del Estado en estos crímenes se evidencia en la directiva secreta 29, de 2005: “Política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley”. En esta, se establecen pagos ilimitados de hasta 3,8 millones de pesos (unos 1000 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos, que serían cubiertos del presupuesto nacional y de la cooperación económica nacional e internacional.
La labor emprendida por la JEP es histórica, pues permitirá develar si estas ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por militares que se desviaron de su deber, como lo ha sostenido el gobierno, o si, por el contrario, hubo políticas que incentivaron estos crímenes. En última instancia, se tiene que determinar quién dio la orden y cómo se ejecutó. Por esto, las descalificaciones del uribismo sobre el tribunal son recurrentes. El ex presidente Uribe no tardó en calificar de sesgado el comunicado presentado por la JEP. Su cinismo trata de contradecir la evidente sistematicidad de los hechos y la plausible impunidad sobre los mismos.
Según la JEP, cerca de 1.500 militares podrían tener responsabilidad frente a los falsos positivos, sin embargo, muy pocos de ellos han sido juzgados o investigados. La justicia penal militar los ha encubierto y la fiscalía no ha sido diligente frente a las investigaciones, superando los plazos razonables para adelantar estos procesos. Solamente iniciada la labor de la JEP, algunos militares, amparados en el compromiso de aportar la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto, han hecho masivas e importantes declaraciones al respecto. El nivel de masividad de este crimen no tiene antecedentes en el mundo y las investigaciones podrían arrojar otras atrocidades inimaginadas.
La discusión sobre un número mayor o menor de casos no es una frivolidad: se trata de dimensionar que al menos 6.402 familias vieron arrebatada la vida de sus hijos, para acrecentar el orgullo de una institución corrupta y validar una política de muerte. Política de muerte que perpetúa, aun en la actualidad, el conflicto social, político y armado que vive el país.
*Por Milena Passos para Revista Crisis / Imagen de portada: AFP
