La Coopi y el castigo por la gestión solidaria de los Bienes Comunes
La Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada de Villa Carlos Paz, la Coopi, está en plena lucha resistiendo los embates de los gobiernos locales, cómplices de los grupos económicos, que avanzan con la intención de desarmarla. Conversamos con Alejandro Eguiguren, gerente de la Coopi, antes del 26 de febrero, una fecha bisagra para esta experiencia cooperativa y comunitaria.
Por Anabella Antonelli para La tinta
El ataque a la Coopi es una ofensiva feroz del neoliberalismo contra otras formas de gestión, participativa y comunitaria, de los bienes comunes. Mientras el agua dulce cotiza en bolsa, el ejecutivo de Carlos Paz, con un discurso engañoso de municipalización, ataca el tejido cooperativo que cuenta con más de 57 años de gestión comunitaria de servicios esenciales para la vida.
Se trata de un ataque a 400 trabajadores y trabajadoras, y a una forma eficiente de brindar un servicio bajo lógicas que escapan al sistema depredador: humanas, solidarias, comunitarias. “Estamos en una situación de mucha angustia, de movilizaciones, nos metieron en cana al delegado del gremio, tuvimos que sacarlo con movilizaciones la semana pasada, hay que hacerlas todas: estar en la calle, desde un teléfono, poniendo una conexión o en la defensa de la cultura”, dice Alejandro, y contrasta la angustia y la desesperación de les trabajadores con el apoyo y las palabras de mucha gente que “son una caricia al corazón”.
—En los 57 años de La Coopi, imagino que no es la primera vez que sufren un ataque de los gobiernos y los sectores de poder.
—Esto no es nuevo. La Coopi surgió tras los loteos privados en la década del 50 y 60. Para vender los lotes con agua, hicieron muy precarias las conexiones de los servicios y eso explotó cuando empezó a haber en cada loteo más de treinta o cuarenta usuarios. Los privados hicieron tomas en un canal que transportaba el agua a cielo abierto con una distancia de ocho kilómetros, que se llenaba de barro que después se podría, se caían animales, era agua de malísima calidad. Ahí se formó la Cooperativa de servicios públicos en general y de agua en particular, y es la que hizo frente a esta necesidad haciendo las obras básicas: el acueducto, la planta de Cuesta Blanca, el dique y las cañerías maestras que tienen quince kilómetros de largo y une todo el gran conglomerado de loteos. Pero vino la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse y firmaron un contrato con Obras Sanitarias de Nación. Esa estatización podía ser considerada buena, pero Obras Sanitarias venía destruyéndose después de la caída del peronismo y no pudo hacerse cargo ni del agua ni de las cloacas, y empezó la debacle de la Cooperativa porque no se le permitió seguir con las obras de infraestructura. Ahí entró en un largo período de decadencia hasta el año 1987.
—¿Qué pasó ese año?
—Veíamos que el servicio se deterioraba y que había una responsabilidad política de esa destrucción. El Consejo de Administración de la Cooperativa se había ido liberalizando en su concepción política. Como muchos trabajadores éramos jóvenes militantes, comprometidos, de izquierda, decidimos, en los 80, conformar un gremio y ser parte de la solución a la problemática del agua y la Cooperativa. En 1987, el Consejo conservador despide a los tres delegados obreros, eso motivó la movilización más grande del pueblo y fueron reincorporados sin que pudieran asistir al lugar de trabajo. Ahí el poder decidió que tenían que matar a ese movimiento gremial y, al mes, los volvieron a echar. Entonces, decidimos en una gran asamblea de trabajadores un plan para participar en las elecciones de la Cooperativa y, con la fuerza de los trabajadores, pudimos ganar las elecciones. Fue un antes y un después, y ese es el pecado mortal por el que hoy nos matan. Los trabajadores decidimos pasar de ser mercancía a ser actores de nuestro propio destino. Hicimos los planes de mejoramiento y luchamos contra ese contrato con Obras Sanitarias de Nación. Eso hizo que los sectores más reaccionarios y conservadores de Carlos Paz apostaran desde entonces a la muerte de esta generación de dirigentes populares que fueron parte de la dirección hasta el día de hoy.
—Ese “antes y después” se ve reflejado en una inmensidad de obras que llevaron adelante, en la prestación del servicio de agua como en otras áreas sociales.
—El servicio estaba en crisis porque no había obras básicas y nosotros hicimos un acueducto nuevo de catorce kilómetros, sin un mango para comprar la cañería, pero decidimos hacerlo por administración, con los ingenieros de la Cooperativa que diagramaron la obra. Hicimos el emplazamiento de la cañería y la colocación, una obra increíble hecha por administración sin contratar a una empresa, porque nos hacen creer que no hay capacidad técnica y financiera, entonces tenemos que sacar créditos internacionales. Nosotros no teníamos un mango, teníamos una tarifa que la manejaba políticamente el municipio, así que decidimos poner en la factura de agua $2,80 y conseguimos que nos financiaran la cañería, y trabajamos primero con picos y palas, luego, compramos dos retroexcavadoras, hicimos los catorce kilómetros cruzando el río San Antonio tres veces. Lo digo con orgullo porque fui parte de esa gesta. Pusimos el cien por ciento de medidores, no nos dieron tarifa por cuatro años, entonces no pudimos cobrar medido, lo que hace que se haga un uso racional del agua. Si se mide, disminuye el consumo domiciliario entre un 30 y un 50 por ciento, esto significa que las obras, su costo y el mantenimiento también disminuyen entre un 30 y un 50 por ciento. Planteamos que el agua debía ser para todos y pusimos redes en los asentamientos y tomas de tierra, era un derecho que debíamos brindarles, entonces Carlos Paz tuvo, desde los 80, provisión de agua potable en todos lados. Nos corrieron con la policía más de una vez en defensa de la propiedad privada, pero volvíamos y lo hacíamos sábado y domingo, a la noche. Acá no pasó lo de la Villa 31, que está en el lugar más rico del país, donde está la empresa más grande de agua, y se murió por COVID una compañera de Garganta Poderosa. Acá no pasó por una política concreta de prestación de servicios públicos universales, imaginate cómo le puede doler esto al poder.
Luego de la crisis de 2001, conseguimos la ampliación para la construcción de 280 mil metros de cañerías de gas en la periferia, dimos el doble de conexiones de gas que tenían la zona céntrica, que es la que interesa a los grupos económicos. Hay una ordenanza de utilidad pública y pago obligatorio, donde todo el mundo paga la obra a las distribuidoras, que es una vergüenza. Nosotros hicimos las conexiones con pago voluntario y la pagamos con la rentabilidad que sabíamos que daba la venta de gas por redes y que, por supuesto, las empresas encubren en los fraudulentos estados contables que presentan. Fuimos la distribuidora y subdistribuidora en el país que más metros proporcionales de red hizo desde que se constituyó, y dimos más conexiones que cualquier empresa, eso sirve para ver que nos están currando y engañando.
El municipio no se bancó esto. En el 2011, ganó la intendencia Esteban Avilés, que había sido ocho años concejal y hoy es presidente de la Agencia Córdoba Turismo. Lo primero que hizo fue expropiar las acciones de Carlos Paz Gas, una Sociedad Anónima que tuvimos que crear, atentando contra la propiedad privada. Fuimos a la Corte Suprema, no pudieron expropiarla, pero, el año pasado, con el intendente Daniel Gómez Gesteira, amigo y socio de Avilés, terminó el contrato social de quince años. En general, si son empresas que no quiebran, se renueva, sin embargo, el socio municipal que es concesionario del servicio no renovó el contrato social y decidió liquidar la empresa, algo aberrante por ser del Estado.
—¿Cuáles son las razones que esgrimen?
—Ninguna, lo mismo que con el agua. La cooperativa no tiene sanciones ni multas, ni una sola en su historia. Se venció el contrato del agua y no tuvimos un nuevo contrato, el objetivo era destruir la Coopi. Hace unos años, Avilés decidió “retomar” el servicio de agua, algo imposible porque el municipio nunca tuvo el servicio de agua. Tenían que hacerlo por ley, no podían hacerlo por decreto, y tiene que ser votada por dos tercios de los concejales. Envió el proyecto de ordenanza para que sea tratado en el concejo, pero, como no tenía los ocho votos, lo sacó y lo hizo por decreto. Fuimos a la justicia, ganamos el fallo en primera instancia, lo apelaron y, en el Tribunal Superior de Justicia, que es DelaSota-Schiarettista, nos salió en contra. Apelamos a la Corte Suprema de Justicia y discrecionalmente decidieron no tratarlo y dejaron firme el fallo del Tribunal Superior. En diciembre, salió el fallo de la Corte Suprema, que es cuando salen siempre los fallos que castigan a los sectores populares, y el intendente decidió que retomaba el servicio el 26 de este mes, cuando perdemos la concesión del servicio de agua. El servicio de cloacas empezó el mismo proceso cuando terminó el contrato de concesión y seguimos el mismo camino judicial, pero dijeron que se había vencido el contrato y que eso era motivo suficiente para que el municipio nos quitara el servicio de cloacas. Apelamos en el Tribunal Superior, que le dijo a la cámara que no podía dar esas razones y que se abocara a estudiarlo más profundamente. La cámara dijo que tenía razón el intendente y el Tribunal Superior dijo lo mismo, o sea que puede caer el servicio de cloacas también este mes o el que viene. Iremos a la Corte Suprema de Justicia en las mismas condiciones o peores que en el tema de agua. En resumen, se nos caerían las tres prestaciones.
El motivo fundamental es que las reservas de mercado y los grupos económicos no toleran que una experiencia exitosa de los usuarios unidos a través de una cooperativa pueda demostrar en la práctica que se puede hacer todo lo que la Coopi hace. Porque, además, tenemos Radio VillaNos, un Banco de Sangre, la prestación de telefonía en las zonas menos rentables, un servicio de internet. También, desde 1992, hicimos los Encuentros Latinoamericanos de la Cooperación, en una carpa cerca de los caminos municipales donde vinieron intelectuales y luchadores sociales de toda Latinoamérica, hasta que no se pudo seguir más por la agresión del municipio. Era un lugar de resistencia en pleno menemismo.
—¿Qué significa esta municipalización del acceso al agua dulce cuando el agua cotiza en bolsa?
—El tema de la municipalización nos mete en un dilema para poder explicarlo, en Punilla y Sierras Chicas, el Ministro de Obras Públicas Fabián López plantea hacer entes intermunicipales porque saben que la resistencia de las cooperativas siempre fue en contra de la privatización, entonces deja un espacio para los medios pagos de cómo resolver esa aparente contradicción con el discurso pretérito. Es una cuestión cultural y discursiva de fuerte impacto, pero es una estatización para luego privatizarla.
El agua dulce es un commodity desde hace años, los negociados son enormes, por ejemplo, dentro de los megaproyectos actuales está traer el agua del Paraná. Es una obra que ya está licitada, están los créditos, y que podrá ser necesaria quizás alguna vez, pero hay cien metros de diferencia de altura, lo que significa bombeo permanente, traspasar de una cuenca a otra, y el agua en Córdoba no tiene medidores porque Aguas Cordobesas no cumplió con el contrato de concesión que firmaron durante el menemismo, porque se reduce el 50% del consumo domiciliario, y esto podría ahorrar y postergar las inversiones, pero dónde está la ganancia de las empresas, de los créditos internacionales, de la fuga de capitales. La patria contratista que sigue en pie está haciendo grandes negocios.
—Evidentemente, la Coopi es la prueba de que otra forma de gestión de los bienes comunes es posible.
—Sí, es una demostración de que otro mundo no es posible, otro mundo se hace posible porque la necesidad es la que manda. Esa necesidad fue la que hizo posible y, por supuesto, una dirección concreta y el compromiso de los trabajadores, muchos con conciencia de clase, que hicieron que en los servicios se reflejara la cultura del trabajo, de la resistencia, de lo popular, contrahegemónica, y por eso se hace todo lo que se hace y por eso todo el apoyo.
Estamos en un momento de movilización permanente, La Coopi y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, defendiendo este espacio de lucha y resistencia. Presentamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un juicio y una cautelar, para que nos cautelen antes del 26 de febrero, es poco probable, pero se hicieron todos los caminos legales e institucionales posibles. Tenemos mucho apoyo internacional y el cooperativismo del país en general apoya. Veremos qué sucede el 26.
*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: La Coopi.
