La familia de Facundo Castro recusó a la jueza
La jueza a cargo de la investigación por la desaparición forzada y muerte de Facundo Castro fue recusada por la familia del joven de Pedro Luro, detenido por la Policía Bonaerense el 30 de abril por violar el ASPO y cuyos restos óseos aparecieron en un cangrejal de Villarino Viejo. María Gabriela Marrón debería apartarse de la causa, pero, en caso de que no lo haga, esto podría ser resuelto por las instancias superiores. “En esta lucha contra gigantes, la jueza está actuando de una forma infantil porque aprovechó cada presentación de los fiscales para advertirle a la Policía sobre lo que se iba a hacer, por lo que no ha dejado llevar adelante la investigación como se debía”, dijo Cristina Castro, madre de Facundo, en declaraciones a Télam.
«Consideramos que la conducta que está teniendo la magistrada es temeraria por ser violatoria de principios con raigambre constitucional y de normativa internacional», reza el escrito al que accedió Página/12 con las firmas de los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto en representación de Cristina Castro. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) no suscribió ese texto, pero adhirió a la presentación con uno propio.
«Tal actitud ya está causando gravámenes irreparables en la investigación, ya que su conducta obstruye la instrucción, avasalla las funciones principales del Ministerio Público Fiscal, instaura sospechas en el accionar de la víctima, manipula elementos de prueba dándole un sentido diferente al que consta en el expediente, demora y desestima medidas esenciales para esta investigación sin una argumentación jurídica fuerte y protege a las fuerzas de seguridad», agregaron los letrados en nombre de la madre de Facundo. El extenso escrito ponderó de manera positiva lo realizado por los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim, titulares de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) y de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), respectivamente, quienes, desde el 28 de agosto, intervienen en forma conjunta o alternada con el cuestionado fiscal Santiago Ulpiano Martínez.
Marrón, hija del almirante que fue secretario de prensa de la Armada durante la dictadura, se negó en forma sistemática a apartar a Martínez, tal como pedían las querellas particular (Cristina Castro) e institucional (CPM), del mismo modo que rechazó poner en marcha el paquete de medidas de prueba solicitado por Heim y Azzolín luego del hallazgo del cuerpo del joven y de su autopsia. Los abogados Peretto y Aparicio destacaron que fue esta magistrada la que tuvo a su cargo la causa por la infracción al artículo 205 del Código Penal, usado por la Policía de todas las provincias para detener personas en medio de la cuarentena obligatoria impuesta por Alberto Fernández a través de un DNU. Es decir que, si los policías que detuvieron al joven por circular sin permiso cometieron irregularidades en su actuación, estaban bajo su órbita.
Durante este proceso, la jueza cuestionó al perito de la familia y a uno de sus abogados, además de «avasallar las funciones» de los fiscales que son los encargados de llevar adelante la investigación. Por último, la querella particular argumentó sobre la “tendencia de parcialidad y defensa ‘corporativa’ de las fuerzas de seguridad” manifestada por la jueza Marrón. Esta magistrada se negó a secuestrar los teléfonos de los policías sospechados del encubrimiento del caso, así como a allanar las comisarías de Teniente Origone y General Daniel Cerri, invocando que esto significaba «abrir las puertas a la persecución y la venganza». Sin embargo, el mes pasado, la Cámara Federal de Bahía Blanca falló a favor de los fiscales en tanto la jueza debía atender sus solicitudes respecto a las medidas de prueba necesarias para esclarecer la desaparición forzada y muerte de Castro.
Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García adhirieron a la recusación con un escrito propio en el que manifestaron que «los hechos y motivos esgrimidos por la señora Cristina Castro resultan suficientes para tener por acreditada la falta de objetividad necesaria, la violación de la garantía de juez imparcial y, por ende», apoyaron el pedido de «apartamiento de la Magistrada que ha demostrado a las claras no poder cumplimentar con dicho principio, cayendo incluso en manifiestos absurdos en sus resoluciones».
*Por Adriana Meyer para Página/12.
