La Defensoría del Pueblo de Artsaj presentó un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas azeríes, turcas e israelíes contra los armenios.
La Defensoría del Pueblo de Artsaj (Nagorno Karabaj) presentó un informe con los resultados de las hostilidades de Azerbaiyán contra el pueblo armenio, iniciadas el pasado 27 de septiembre. Además de las agresiones sobre posiciones militares, “las fuerzas azeríes atacaron zonas residenciales civiles, incluida la ciudad capital de Artsaj, Stepanakert”.
“Los ataques contra objetos de carácter civil fueron deliberados e indiscriminados”, alertaron desde el organismo y denunciaron que las arremetidas de las fuerzas azeríes “contra hogares civiles pusieron en peligro real la vida y la salud de niños, mujeres, ancianos y toda la población, así como sus propiedades, escuelas y otros bienes civiles”. Además, estas ofensivas no se moderaron en relación con otros objetivos e incluyeron el uso completo de la fuerza aérea, misiles, artillería, informó el portal Nor Sevan.
“Desde el 27 de septiembre, al menos 50 civiles murieron, incluido un niño, y al menos 163 resultaron heridos, entre ellos, nueve niños”, detalló la investigación.
Los bombardeos los sufrieron diferentes ciudades y pueblos de Artsaj, incluida la capital Stepanakert, los pueblos de Shushi, Hadrut, Martuni, Martakert, Askeran, Karvajar, Berdzor, Taghaser, Vardashat, Spitakshen, Maghavus, NerkinHoratagh, Alashan, Mataghis.
Un edificio bombardeado en la ciudad de Shushi, en Artsaj / Reuters
“Los ataques contra la población y los objetos de carácter civil se produjeron desde el comienzo de la ofensiva azerbaiyana, no solo a lo largo de la línea de contacto, sino también en ciudades y pueblos a unos 90-100 km de profundidad en la retaguardia”, señalaron.
La Defensoría del Pueblo de Artsaj repudió “el empleo de armas de alta precisión contra civiles”, que demostraron “el carácter intencional de esos ataques”. «Por ejemplo, un vehículo aéreo no tripulado israelí de alta precisión Harop tuvo como objetivo a una persona y una casa en Hadrut, el 27 de septiembre. Del mismo modo, misiles, incluidos los de tipo balísticos, atacaron a la población civil y las casas en la capital Stepanakert y otras ciudades, mientras que no había objetos militares en las proximidades de estas áreas”, se reportó.
“Los sobrevivientes y las familias de las zonas afectadas se vieron obligados a huir de sus hogares temiendo por sus vidas. El costo humano de esta agresión llevó a la Defensoría del Pueblo a iniciar una investigación urgente, que incluye procedimientos de monitoreo y determinación de hechos”, se explicó en el informe.
Por último, y “dada la especial importancia de proteger y promover los derechos del niño en todas las circunstancias, y más aún en situaciones de crisis”, la Defensoría consideró necesario “presentar los resultados de las investigaciones sobre el impacto de la acción militar”, llamando así “la atención de la ONU, UNICEF, UNESCO, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU”, y tratar de prevenir “nuevas violaciones graves de los derechos de los niños y niñas de Artsaj”.
Durante los más de 40 días que duró la guerra, los gobiernos de Armenia, Artsaj, Rusia y Francia denunciaron en varias ocasiones a Turquía –principal aliado del gobierno azerí- por trasladar al menos a 2.000 mercenarios desde Siria y Libia para que se sumaran a las fuerzas militares de Azerbaiyán. Diferentes medios de comunicación internacionales revelaron que Ankara les pagó a los mercenarios 2.000 dólares para ir a combatir, además de darle 100 dólares más por decapitar a soldados armenios.
En tanto, el Ministerio de Educación y Ciencia de Armenia denunció el sábado que los soldados de Azerbaiyán profanaron la catedral de Ghazanchetsots, el símbolo de la ciudad de Shushi (rebautizada Shusha desde el acuerdo por el fin de la guerra de Artsaj), el 14 de noviembre.
Según reseñó el Diario Armenia, la cartera armenia está en contacto con la UNESCO y otras organizaciones internacionales que se ocupan de la protección de los valores culturales, y llamó a poner la atención sobre poner en peligro el patrimonio histórico y cultural armenio, y los sitios arqueológicos en Artsaj.
El ministerio indicó que en “los territorios bajo el control de Azerbaiyán, hay muchas estructuras de importancia religiosa y civilizacional, monumentos, diversas obras de arte, sitios antiguos, cuya preservación está en peligro. Teniendo en cuenta las normas del derecho internacional sobre la destrucción deliberada de los valores del patrimonio cultural que anteriormente ocupaba Azerbaiyán (ya hay pruebas de vandalismo en el caso de la Iglesia del Santo Salvador Ghazanchetsots), así como los casos de violación de los compromisos de la ONU y el Consejo de Europa, llamamos a adherirse a la misión emprendida, tomar medidas inmediatas y decisivas para prevenir y condenar las manifestaciones de vandalismo azerbaiyano”.
Imagen: Catedral de Ghazanchetsots bombardeada / David Ghahramanyan – NKR InfoCenter
El 8 de octubre, Azerbaiyán bombardeó la Catedral del Santo Salvador, también conocida como Ghazanchetsots, mediante la estrategia del “double dip”, donde se ataca dos veces al mismo lugar para matar a quienes se acerquen a ayudar luego del primer ataque. Dos periodistas resultaron heridos en los bombardeos. Durante la primera guerra de Artsaj a principios de la década de 1990, el ejército de Azerbaiyán guardaba su armamento en Ghazanchetsots porque creían que los armenios nunca atacarían la iglesia.
En el marco de la entrega de los territorios de Artsaj a Azerbaiyán, medios armenios difundieron, el 13 de noviembre pasado, imágenes de los mensajes amenazantes de soldados de Azerbaiyán contra los desplazados armenios que tienen que retirarse de sus hogares. En varias fotos difundidas, se pueden ver autos con graffitis con la esvástica nazi y la palabra “Sumgait”, en referencia a las matanzas de personas de origen armenio en Azerbaiyán en 1988.
En los últimos días, también se conocieron fotos y videos de los pobladores armenios que dejan sus poblados y, antes de partir, incendian sus casas. En lugares como Kalbajar, Charektar y Mardakert, varias casas fueron prendidas fuego por sus propietarios, quienes argumentan que prefieren tomar esa decisión a dejarles sus hogares a las fuerzas invasoras. A su vez, hubo reportes de residentes que se llevaron las tumbas de sus familiares fallecidos para que no sean destruidas por los soldados azeríes.
El acuerdo firmado entre Armenia y Azerbaiyán, negociado por Rusia, puso fin a siete semanas de intensos combates en Artsaj, enclave montañoso disputado desde hace décadas entre ambos países del Cáucaso. El acuerdo establece que Bakú reconquista amplios territorios de la región, que oficialmente forma parte del territorio de Azerbaiyán, pero que tiene mayoría de población armenia y está controlada por Ereván desde el final de la última guerra, que dejó 30.000 muertos en 1994, cuando las fuerzas militares armenias se hicieron con el control del enclave y de varios distritos azeríes colindantes.
El Ministerio de Sanidad armenio cifró en 2.317 el número de militares armenios fallecidos en los 44 días de combates, algunos de los cuales continúan sin identificar. Además, ha contabilizado la muerte de 50 civiles armenios. Hasta ahora, Azerbaiyán no comunicó sus pérdidas militares y solo señaló a 93 civiles muertos en los bombardeos armenios. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los combates en Nagorno Karabaj dejaron más de 4.000 fallecidos y 8.000 heridos, así como decenas de miles de refugiados.
*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Reuters
Lydia de Leeuw, investigadora del Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, se ha centrado en los últimos meses en la responsabilidad de las empresas en el genocidio contra el pueblo palestino. En esta entrevista, habla de las características de ese trabajo de documentación.
El 17 de diciembre, Frank Barat mantenía esta conversación con Lydia de Leeuw, quien lidera el litigio estratégico de SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, por el que el objetivo es conectar la investigación con el trabajo de cientos de organizaciones de la sociedad civil y juristas. En esta entrevista, De Leeuw presenta las principales conclusiones del informe “Alimentando la injusticia. Explorando las consecuencias legales para los Estados y empresas que participan en el suministro de energía a Israel”. En el informe, se examina cómo el comercio exterior y la inversión en el sector energético de Israel pueden contribuir a las graves violaciones del derecho internacional perpetradas por Israel en el territorio palestino ocupado, incluida Gaza. Considera las obligaciones de los Estados y las responsabilidades de las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel.
Esta entrevista forma parte de una serie de diálogos que Frank Barat lleva manteniendo desde octubre de 2023 y que pueden encontrarse en su canal de YouTube subtituladas al castellano por el colectivo Viva Palestina Libre – Subtítulos contra la ocupación, que se encarga, además, de su edición en formato texto para este medio.
Frank Barat: Hola, Lydia. Me alegro de verte. Quería hablar contigo hoy porque SOMO, el Centro de Investigación sobre Corporaciones Multinacionales, la organización para la que trabajas, ha publicado un nuevo informe titulado «Powering Injustice«, que analiza las consecuencias legales para los Estados y las empresas involucradas en el suministro de energía a Israel. Diriges el litigio estratégico de SOMO y, por lo tanto, eres una de las principales personas detrás de este informe. Mi primera pregunta es: este informe se enmarca en torno a dos resoluciones hechas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2024. ¿Puedes decirme cuáles son exactamente y por qué fueron relevantes para empezar a trabajar en el informe?
Lydia de Leeuw: Sí. Gracias, Frank. De hecho, son dos resoluciones tomadas por la Corte Internacional de Justicia apenas este año. La primera fue en enero de este año, donde la Corte determinó en sus medidas provisionales que era plausible que Israel estuviese cometiendo genocidio en Gaza. Y la relevancia de eso para todo el mundo, para las empresas, para los Estados, para todo el mundo que tenga una conexión, que tenga cualquier forma de influencia, es que ponen sobre aviso que se está desarrollando un genocidio potencial. Eso significa que los terceros Estados tienen una obligación —no es algo que puedan elegir, hacer o dejar de hacer—, es una obligación activa de tomar todas las medidas razonablemente disponibles para prevenir el genocidio en Gaza. De hecho, puede que ya tuvieran el conocimiento o la información necesarios antes de la decisión sobre las medidas preventivas de la CIJ, pero, sin duda, deben tener ese conocimiento e información desde entonces. Y para nosotras, también fue una información relevante ver que ahora tenemos que mirar, todo el mundo tiene que mirar, más allá de los suministros de armamento que van a Israel, más allá de los bienes estrictamente militares. Tenemos que mirar de manera más coherente y holística qué tipos de cadenas de suministro permiten a Israel continuar con este genocidio.
La segunda resolución que creemos que es realmente relevante para el suministro de energía a Israel es la que se hizo en julio de este año, el 19 de julio. Esa fue una opinión consultiva, pero es una opinión muy autorizada del más alto tribunal del sistema de la ONU. Encontró que toda la ocupación, toda la presencia militar de Israel en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, es ilegal y debe terminar. Y lo mismo ocurre con la presencia de colonos, es ilegal y hay que acabar con ella. Con respecto a los asentamientos, eso ya se estableció o determinó en la opinión consultiva de 2004 de la Corte Internacional de Justicia, pero lo que la Corte también hizo esta vez fue detallar, muy explícitamente, todas y cada una de las obligaciones que tienen los terceros Estados de garantizar que sus Estados o las entidades dentro de su Estado, como las empresas, como no ofrecer ayuda para mantener esa situación ilegal creada por Israel. Así que, como acabas de decir, es importante para nosotras mirar holísticamente lo que está sucediendo y lo que está permitiendo a Israel, con total impunidad, cometer un genocidio en Gaza.
Frank Barat: Entonces, ¿cómo la energía, o el combustible para producir energía, juega un papel importante en la acción de Israel y en los crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza?
Lydia de Leeuw: Bueno, creo que un hecho clave a tener en cuenta es que Israel es extremadamente dependiente de la importación tanto de petróleo como de combustible. El 98,6% del petróleo de Israel se importa realmente del extranjero. Por tanto, esto nos dice algo acerca de la dependencia que el país tiene de las importaciones para permitir el abastecimiento de combustible de sus aviones, de sus tanques y otros vehículos del ejército que se utilizan en crímenes de guerra y en el genocidio contra el pueblo palestino. Así que uno de los ángulos que hemos analizado es de dónde proviene el petróleo y de dónde provienen los diferentes tipos de combustible, incluyendo el diésel y la gasolina. Y cuáles son las diferentes cadenas de suministro que podemos descubrir, que permiten establecer el vínculo con el ejército.
Luego, el segundo ángulo que examinamos en términos de suministro de energía son los diferentes recursos energéticos que contribuyen a la generación de electricidad en Israel. Y la razón por la que esto es importante es porque la red eléctrica a la que están conectados los asentamientos es la misma que la red eléctrica israelí dentro de las fronteras de 1948. Así que no hay distinción. Si estás exportando carbón a Israel que se utiliza para generar electricidad en una central eléctrica de carbón, ese carbón se va a utilizar para generar electricidad para toda la red. Así que, inevitablemente, va a alimentar una red contaminada por la ilegalidad.
Frank Barat: Y, durante la elaboración del informe, ¿qué países dirías que son los mayores proveedores de Israel, ya sea en armas o en energía?
Lydia de Leeuw: No hemos analizado las armas. Hemos mirado… quiero decir, lo más cercano a las armas sería el combustible para aviones militares porque eso sólo tiene un tipo de uso. Sólo puede ser utilizado por el ejército. La única cadena de suministro que encontramos es la que viene de los EE. UU. Se trata de contratos del Departamento de Defensa de EE. UU., por los cuales las empresas estadounidenses como Valero y Saltchuk Resources están exportando, o transportando, combustible militar a Israel, al ejército israelí. Otras cadenas de suministro desde el extranjero que hemos analizado son, obviamente, las de petróleo, debido a la gran dependencia. Y los principales proveedores de los principales exportadores de petróleo crudo son Azerbaijan, Kazajstán y Gabón. Pero también hay cantidades relativamente menores procedentes de Brasil, Nigeria y la República Democrática del Congo. No sólo nos hemos fijado en cuáles son los países exportadores, sino también cuál es el trayecto. Y ahí vimos que Turquía es un país de tránsito muy importante para el petróleo, por cuyos puertos se exporta el petróleo de Azerbaiyán, y el petróleo kazajo suele pasar por Rusia.
También es importante mencionar el papel de los Estados intermediarios, por así decirlo. Hemos visto diferentes tipos de combustible; diésel, gasolina, etc., que pueden ser utilizados en vehículos militares. Los mayores proveedores son Rusia y EE. UU., y, luego, cantidades mucho más pequeñas vienen también de Brasil, Grecia y Albania. Creo que es importante volver a mencionar el carbón. Esto está ligado a los asentamientos, no tanto al genocidio, y, en este caso, los proveedores son Rusia y Sudáfrica. Es bastante importante. Mucha gente se sorprende cuando escuchan Sudáfrica, debido a los increíbles esfuerzos que están haciendo para tratar de que Israel rinda cuentas por el genocidio. Pero sí, estamos viendo esto en un sentido más amplio. Tenemos que considerar la ocupación ilegal y la campaña genocida de forma holística. Luego, cuando se trata de otras cadenas de suministro de energía que están contribuyendo a la generación de electricidad, las energías renovables con inversiones extranjeras y el gas natural con inversiones extranjeras, también hemos analizado el papel de las empresas extranjeras.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles dirías que son las obligaciones de los Estados, pero también de las empresas, a la hora de suministrar energía a Israel?
Lydia de Leeuw: La obligación de los Estados es una obligación muy seria, especialmente, cuando se trata de la prevención del genocidio, porque el requisito que deben cumplir los Estados es que tomen todas las medidas razonablemente a su alcance para prevenir el genocidio.
Defendemos que, si desde su territorio se exporta petróleo o se exportan combustibles que podrían acabar en manos del ejército, o si empresas bajo su jurisdicción participan en esa cadena de suministro, deben tomar todas las medidas razonablemente disponibles para garantizar que sus cadenas de suministro no están, de hecho, alimentando crímenes de guerra y actos de genocidio. Y si no pueden afirmarlo al 100%, entonces, eso no es hacer tal contribución. Deben tomar medidas para detener esa cadena de suministro. Eso en relación a la prevención del genocidio. Pero, con respecto a la ocupación, de nuevo, de forma holística, la Corte Internacional de Justicia fue muy clara en su opinión consultiva del 19 de julio. Dijo que “los Estados deben abstenerse de hacer tratos económicos o comerciales con Israel, que puedan afianzar su presencia ilegal en el territorio”. Podríamos argumentar que, si van a garantizar el suministro de electricidad a los asentamientos, eso afianzaría la presencia ilegal. Hay otro requisito u obligación establecido por la Corte Internacional de Justicia que dice que “los Estados deben tomar medidas para evitar las relaciones comerciales o de inversión que ayuden al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios ocupados”. Entonces, eso significa que los Estados están obligados por el derecho internacional a tomar medidas contra sus empresas para impedir esas relaciones comerciales, esas relaciones económicas, que contribuyen a la presencia ilegal de colonos y militares. Porque debo decir que, en relación con la ocupación ilegal, se trata tanto de los asentamientos como del ejército. Además, el ejército se abastece de combustible por todo Israel y los territorios ocupados. De manera que las estaciones de servicio en las que los jeeps militares y los camiones cisterna pueden repostar están esparcidas por todas partes. También se encuentran en los asentamientos. Están localizadas por todo Israel dentro de las fronteras de 1948. Es una misma reserva, es una red, es un mismo suministro que se está alimentando o, más bien, que las empresas están alimentando.
Las responsabilidades de las empresas… las empresas no se adhieren a los convenios ni a los derechos humanos ni a los instrumentos del derecho internacional, pero las normas y parámetros que se aplican a las empresas, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, obligan a las empresas a actuar con la debida diligencia y, especialmente, en las zonas afectadas por conflictos, tienen que actuar con la debida diligencia, lo que significa que tienen que identificar los riesgos, prevenir y mitigar los riesgos, y poner remedio cuando hayan causado un impacto. Y si no pueden hacer mitigación, si no pueden prevenir impactos perjudiciales y no pueden detenerlo, entonces, deben desvincularse responsablemente de esa relación comercial.
Entonces, yo diría que antes, del 7 de octubre del año pasado, los Estados tendrían que pensárselo muy bien para no contribuir a ninguna violación en el contexto de la ocupación. Pero con el genocidio en curso y la determinación explícita de que tanto los colonos como la presencia militar es ilegal, se vuelve, creo, muy, muy difícil para las empresas tener cualquier participación allí porque está manchada con la ilegalidad vinculada a la ocupación.
Frank Barat: Entonces, ¿cuáles son vuestras conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones de vuestro informe en relación a los Estados y en relación a las empresas? Y mi segunda pregunta sería, ¿pueden las empresas tomar medidas independientemente de los gobiernos? ¿O tienen el deber de actuar independientemente, incluso, si los gobiernos no toman las medidas adecuadas?
Lydia de Leeuw: Bueno, voy a empezar con los Estados. Los Estados tienen la enorme tarea de, como ya he dicho, examinar de forma holística la implicación que las empresas y los empresarios en su jurisdicción tienen en la ayuda al mantenimiento de la ocupación ilegal, los asentamientos, pero también en la contribución a que Israel pueda seguir cometiendo crímenes de guerra y genocidio. Los Estados son los principales titulares de obligaciones. Y creo que lo que debe ocurrir, a nivel nacional, es que estas obligaciones tienen que empezar a cumplirse. La gente protesta, la gente hace lo que puede para presionar a sus Estados, pero también creo que los tribunales tienen que empezar a tomar decisiones sobre si las cadenas de suministro se pueden mantener o si, de hecho, los Estados deben ser obligados a intervenir y tomar ciertas medidas políticas para detener, por ejemplo, las exportaciones de carbón, para detener la exportación de petróleo, para detener las exportaciones de varios combustibles.
Creo que estamos en el nivel que… las palabras sobre el papel son hermosas y estas opiniones consultivas y las medidas provisionales son hermosas, pero ahora se trata de traducir eso en acción y poner a prueba las políticas nacionales. Las empresas no tienen que esperar a que un tribunal les diga: “No pueden hacer esto”. Tienen su propia responsabilidad y se enfrentan a sus propios riesgos legales. Porque, por ejemplo, una empresa como Valero ha sido un proveedor constante de combustible para aviones militares a Israel. Han estado proporcionando ese combustible que se envía casi cada dos meses, creo, con pleno conocimiento de lo que está ocurriendo en Gaza y en Palestina en general. Así que esto plantea cuestiones relativas a la responsabilidad penal individual de los ejecutivos involucrados. Hemos escrito a la empresa y no han respondido a nuestras preguntas. Pero yo diría que es cuestión de tiempo hasta que ciertas empresas se vean involucradas en cuestiones de responsabilidad legal por su participación.
Frank Barat: Traes a colación mi última pregunta: ¿y si no se toman medidas? ¿A qué tipo de repercusiones podrían enfrentarse los gobiernos extranjeros —aunque quizá deberíamos centrarnos más en las empresas— y desde dónde?
Lydia de Leeuw: Voy a hablar muy teóricamente, porque dependerá de la capacidad y la voluntad de los sistemas jurídicos para actuar. Así que va a depender de la legislación que exista en determinados países y de lo que se pueda probar. Pero cuanto más se pueda probar sobre el conocimiento que estas empresas o sus ejecutivos tenían, y cuanto más se pueda probar sobre la naturaleza y la escala de su contribución a la comisión por parte de Israel de crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad… Cuanto mayor sea la cantidad de pruebas, mayor será la posibilidad de que, en algún momento, los individuos tengan que rendir cuentas. Y realmente estoy pensando en, por ejemplo, empresas como Valero, que están enviando este combustible para aviones militares a Israel como si estuvieran enviando zapatos o calcetines. En ciertas jurisdicciones, las empresas también pueden ser consideradas responsables por su papel en crímenes internacionales. Así, por ejemplo, en los Países Bajos, tenemos una legislación que permitiría procesar a las empresas por su participación en crímenes internacionales. Ese tipo de legislación no existe en todas partes, por lo que debe estudiarse caso por caso.
Y luego creo que, como decirlo… me gustaría llamarlo “futuro idílico”, yo también esperaría y contribuiría con mi granito de arena para poder ver que los ejecutivos también estén en el foco de la Corte Penal Internacional. No hay nada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que impida a la Corte perseguir a los actores corporativos, líderes corporativos individuales. Al igual que lo que sucedió después del Holocausto, donde líderes corporativos individuales fueron procesados y condenados por su papel en el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. El Estatuto de Roma lo permite, pero, por desgracia, hasta ahora, el enfoque de la Corte Penal Internacional se ha centrado únicamente en el liderazgo militar y político. Pero creo que crímenes de esta envergadura no pueden producirse sin la complicidad de las empresas. Así que me gustaría que, en algún momento en el futuro, eso también se convierta en realidad.
Frank Barat: En realidad, ahora tengo otra pregunta. Supongo que lo que estás diciendo es que vuestro informe, y supongo que el informe de Amnistía Internacional, también son muy útiles porque si se puede demostrar que lo que la empresa está haciendo, si se puede demostrar que saben que está mal y que saben que podrían enfrentarse a consecuencias, este es uno de los aspectos más importantes, ¿verdad?
Lydia de Leeuw: Sí, exactamente. Como has dicho al principio, es difícil saber y ver que lo que estamos haciendo no está salvando vidas en este momento, ¿verdad? Creo que todo lo que todas estamos haciendo es tratar de asegurar que este genocidio se detenga lo antes posible. Cada día que se consiga que este genocidio se pueda detener antes, se salvan vidas. Pero también, el punto que acabas de mencionar. Para el futuro, para la rendición de cuentas, para el ajuste de cuentas, para la búsqueda de los hechos y la verdad, es crucial que sepamos quién sabía qué y quién hizo qué y quién debería haber hecho qué. Lo que siempre hacemos en SOMO cuando investigamos y antes de publicar información es ponernos en contacto con las empresas mencionadas, con todas las empresas nombradas en el informe, y les escribimos una carta indicando lo que hemos encontrado. Pero también exponiendo nuestro análisis sobre ciertas cuestiones. Por ejemplo, cuando publicamos conclusiones sobre la posible responsabilidad legal, se lo planteamos a la empresa y le damos derecho de réplica. También lo hemos hecho con este informe. Sólo hubo una empresa que respondió con una pequeña elaboración de los hechos. Pero, además de garantizar que la investigación que publicamos es objetivamente correcta y está revisada por las personas que escriben sobre ello, también se trata de más tarde poder decir: «Les informamos en las fechas X e Y de tales y tales implicaciones, que estaban implicados en relación con el genocidio o los crímenes de guerra que Israel está cometiendo”. Así que se trata de reunir documentación, de reunir archivos, si no es para la acción legal ahora, para el futuro. Creo que esa es también una de las razones por la que estamos haciendo esto.
Frank Barat: Gracias, Lydia. Ha sido muy esclarecedor y, obviamente, animo a todo el mundo a leer el informe. Y sí, como dices, creo que todas lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Todas nos esforzamos al máximo. Quiero decir, no todas, tal vez, pero muchas de nosotras. Y creo que, a pesar de que la situación sobre el terreno es catastrófica, horrible y paralizante, si miramos con perspectiva, no creo que Israel haya estado nunca en una posición tan mala. Nunca hemos tenido a la CIJ, a la CPI, las principales organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria publicando informes sobre el apartheid israelí, el genocidio israelí, las órdenes de arresto, un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia. Por desgracia, no está trayendo acciones directas concretas para salvar vidas en Gaza, pero en el futuro, esperemos, podría permitir cambiar esto.
Lydia de Leeuw: Sí. Y creo que Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU, también advirtió que la situación en Cisjordania está ahora en un continuo, que podría… que corre el riesgo de convertirse en un genocidio también. Esto es relevante para, creo, toda Palestina, el trabajo que se está haciendo ahora, pero también… ¿qué quedará del orden jurídico internacional o del sistema legal internacional cuando esto termine? Porque esto es la destrucción paralela del pueblo palestino en Gaza y del orden jurídico que supuestamente fue diseñado para garantizar que nunca más pudiera ocurrir un genocidio. Así que creo que estamos en un momento sin precedentes, un genocidio en directo, con los tribunales emitiendo conclusiones decisivas, mientras el genocidio sigue ocurriendo. Así que el nivel de aviso y el nivel de posibilidad y las obligaciones de los Estados para actuar e intervenir no creo que haya sido nunca más obvio y fuerte. Así que, sí, tenemos que seguir presionando.
*Por El Salto Diario para La tinta / Imagen de portada: A/D.
