Chile: a la historia la hacen los pueblos
La nación trasandina vive cambios vertiginosos, impulsados por las crecientes revueltas populares contra el neoliberalismo, que desembocaron en el respaldo de una nueva Constitución.
Por Emanuel Muñoz para La tinta
El 11 de septiembre de 1973, la “vía chilena al socialismo”, que se había iniciado tres años antes con la victoria electoral de Salvador Allende como candidato presidencial de la Unidad Popular (UP, frente en el que confluían las diferentes experiencias de izquierda y de fuerzas populares del país, como el Partido Socialista -PS- y el Partido Comunista -PC-), era sepultada al calor de bombas y balas por las fuerzas armadas de Chile que perpetraron un golpe de Estado en el marco del Plan Cóndor digitado por Estados Unidos para la región.
En aquella jornada, Allende ofrendó su vida resistiendo en la Casa de Gobierno por lealtad a su pueblo; a partir de entonces, se iniciarían 17 años de férrea dictadura militar (1973-1990), comandada por el general Augusto Pinochet. En ese periodo, miles de militantes populares y trabajadores/as alineados con el gobierno de la UP sufrieron torturas, asesinatos, desapariciones, persecuciones, censura y exilio. La sociedad fue sumida en una lógica de vida fuertemente autoritaria y carente de libertades civiles, la política se redujo a las decisiones de la dictadura y la burguesía Chilena, y la economía sufrió un proceso de progresiva transnacionalización y liberalización favorable a los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros; fue, de hecho, en ese marco que la familia del actual presidente por el Frente “Chile Vamos” (en el que comulgan las fuerzas de la derecha política), Sebastián Piñera, se convertiría en una de las más poderosas y ricas del país, a través de diversos negocios perpetrados en connivencia con el Estado, siendo el auge de la línea área LAN Chile (hoy LATAM) uno de los más destacados.
Pero este proceso tendría su punto de inflexión en 1980, con la sanción de una nueva Constitución nacional redactada por la dictadura y los sectores económicos concentrados, a la imagen y semejanza de sus intereses. La misma sentó las bases de la sociedad chilena de las próximas cuatro décadas, a partir de institucionalizar las transformaciones impulsadas por Pinochet en torno a una sociedad fuertemente neoliberal en lo económico, represiva en lo social y restrictiva en lo político.
Pinochet dejó el poder en 1990 tras perder (de forma ajustada) un plebiscito celebrado dos años antes, en torno a la continuidad o no de su dictadura, y conquistado por la presión de fuertes movilizaciones democráticas impulsadas por amplios sectores de la sociedad desde mediados de 1980. Sin embargo, y a diferencia de la golpeada dictadura argentina tras la bochornosa derrota en Malvinas, su imagen no sólo no sufrió el mismo desgaste de los genocidas de este lado de la cordillera, sino que ya en democracia mantendría un alto índice de aprobación entre importantes capas de la sociedad chilena culturalmente persuadidas por los 17 años de régimen, siendo incluso senador vitalicio durante cuatro años, entre 1994 y 1998, (cargo que dejó sólo por propia renuncia), y despedido por cientos de miles de adeptos en 2006. De hecho, en 1998, durante su fugaz detención en Inglaterra por orden del juez español Baltazar Garzón debido a denuncias por violaciones a los derechos humanos bajo su régimen, se produjeron importantes movilizaciones en Chile, fogoneadas por los partidos de la derecha, con el referente Joaquín Lavín a la cabeza (actual alcalde de la acaudalada comuna de Las Condes en Santiago de Chile y referente de la derecha) reclamando por su liberación, al punto de que el propio gobierno de la Concertación (centroizquierda) intercedió en favor del ex dictador para su repatriación a Chile, la cual finalmente se logró además con la intervención de la ex Dama de Hierro británica, Margaret Thatcher, como una devolución de favores por la ayuda prestada por la dictadura chilena a los británicos durante la Guerra de Malvinas (1982).
Así las cosas, tras la recuperación democrática durante las décadas de 1990 y 2000, Chile se caracterizó por transformarse, de la mano de los gobiernos de la Concertación (1990-2010), en una sociedad de profunda desigualdad social y económica, y aumento de la pobreza estructural, en la cual pocas familias concentraron la inmensa mayoría de la riqueza producida por el trabajo colectivo de toda la sociedad, mientras los sectores populares se vieron sumidos en una vida de supervivencia, debido a la privatización de derechos básicos concebidos como “mercancías” (como la salud o la educación), y de una perversa estructura económica legitimada por la Constitución pinochetista, que obligó a las familias chilenas a trabajar para endeudarse a raíz de créditos impagables con los bancos (principales accionistas de universidades y clínicas privadas) en pos de hacer frente al costoso acceso a la salud de sus familias, por un lado, y a la educación de sus hijos/as, por el otro, en la búsqueda de mínimas oportunidades de ascenso social. Dicho modelo de carácter neoliberal y aparente estabilidad social y económica sería presentado en el siglo XXI como “modelo a seguir” tanto por los economistas de la ortodoxia neoliberal, que suelen desfilar por los canales de TV de la región, como por organismos internacionales de los más variopintos.
En 2011, tras la llegada de Piñera al poder (2010-2014), cortando con 20 años de gobiernos de la Concertación, se produciría una rebelión masiva protagonizada por los/as estudiantes en demanda de gratuidad universitaria y oxigenación de la cada vez más insoportable situación financiera de miles de familias. Una nueva generación que creció al calor de la democracia comenzaba lentamente a perder el miedo con el que durante décadas cargaron sus padres, tíos y abuelos, y a cuestionar el sistema político, social y económico hegemónico de Chile. De ahí emergerían jóvenes referentes de izquierda, como la hoy diputada por el PC Camila Vallejo (nacida en 1988), Gabriel Boric (1986) y Giorgio Jackson (1987). La represión a los/as estudiantes por parte de los Carabineros, fuerza de seguridad con formación de policía militar, fue brutal, aunque un primer paso fundamental se dio en el camino de fisurar el orden pinochetista y neoliberal, y de generar el despertar de conciencia y la movilización, organización y participación de millones de jóvenes en política. No está de más aclarar que Chile es un país donde la protesta social rara vez es “autorizada” por los gobiernos y en el cual no sólo no existe un feriado por el Día de la Memoria, como el 24 de marzo en Argentina, sino que incluso las movilizaciones por el 11 de septiembre promovidas por organismos de derechos humanos suelen desarrollarse en un marco de extrema cautela y con la provocación y represión constante de los Carabineros.
En 2014, Michelle Bachelet, referenta del PS que ya había sido presidenta entre 2006 y 2010 por la Concertación, retornó al gobierno votada para el periodo 2014-2018 bajo un nuevo frente denominado “Nueva Mayoría”, que integraba a muchas de las fuerzas de izquierda y estudiantiles emergidas de la lucha de 2011, así como al PC (durante años reacio a formar parte de la Concertación), y que prometía realizar reformas para avanzar hacia la gratuidad universitaria. Sin embargo, las promesas se esfumaron rápidamente, los cambios fueron extremadamente superficiales, y primaron el descontento, la fragmentación y la decepción entre una sociedad con expectativas de ver realizadas muchas de sus demandas y así lograr una vida más justa y equitativa. Nueva Mayoría se dividió para las presidenciales de 2017, surgiendo el Frente Amplio (FA) como experiencia que se presentaba “a la izquierda” del gobierno de Bachelet. Pero Piñera retornaría al poder en 2018 tras vencer en segunda vuelta, entre el desgaste de la saliente mandataria y un creciente clima de “derechización” regional, con una Venezuela conflictiva y sumida en una fuerte crisis social y económica, Mauricio Macri en el poder en la Argentina, Dilma Rousseff destituida en Brasil, Evo Morales asediado en Bolivia y Lenin Moreno girando hacia políticas pro-mercado en Ecuador. Todo parecía indicar que Piñera, quien llegó a caracterizar a Chile como la “Suiza de América” a mediados de 2019, transitaría sin mayores problemas su gobierno tras la decepción que había implicado la segunda experiencia bachelletista, y un clima de dispersión y fragmentación de las fuerzas de izquierda. Hasta la tarde del viernes 18 de octubre de ese año, en que el gobierno decidió aumentar 30 pesos chilenos (unos cinco centavos de dólar) la tarifa del metro de Santiago.
Del estallido al plebiscito
El 18 de octubre de 2019, decenas de estudiantes de colegios secundarios decidieron saltar los molinetes del metro de Santiago como forma de protesta ante el aumento del boleto. Con el correr de las horas, la medida se expandiría por todas las líneas y estaciones. La intervención de los Carabineros reprimiendo violentamente a los/as adolescentes desataría una ola de protestas no sólo en Santiago, sino en todo el país, bajo el lema “No son 30 pesos, son 30 años” (en referencia a los 30 años de democracia neoliberal). Al cabo de unas horas, el país entero se vio sumergido en una ola de batallas campales, barricadas, incendios y protestas, que no pararon de escalar ante el desmedido accionar violento de las fuerzas policiales. Durante los días siguientes, el clima de rebelión creció en intensidad y en número, y hasta el último rincón de Chile se encontró con gente de todas las edades, especialmente jóvenes de entre 25 y 35 años (muchos habían vivido el Estudiantazo de 2011) en la calle, luchando contra los Carabineros y visibilizando sus demandas por salud pública, gratuidad universitaria, por el NO a las AFP (fondos previsionales que en Argentina conocimos como AFJP), por salarios dignos, y por un nuevo modelo para Chile, que priorice a las personas por sobre el mercado.
A la semana siguiente, con la excusa de denunciar hechos vandálicos de los manifestantes, Piñera declaró por televisión: “Estamos en guerra”. Mientras, ordenaba la movilización del ejército por todo el país e instauraba toques de queda nocturnos. La respuesta popular no se hizo esperar: una semana después de que comenzaran las protestas, se convocó espontáneamente por redes sociales para el viernes 25 de octubre a la que sería “la marcha más grande en la historia de Chile”, con epicentro en Santiago, más precisamente en la ya emblemática Plaza Dignidad (ex Plaza Italia). La concurrencia fue de más de dos millones de ciudadanos/as de a pie unidos/as, bajo el lema “Chile despertó” hecho carne en cada uno/a.
Las protestas se caracterizaron además por un fuerte rechazo a todo el sistema político vigente, así como un descrédito generalizado al rol amarillista de los grandes medios de comunicación, similar al “Que se vayan todos” de diciembre de 2001 en Argentina. La sociedad chilena movilizada, y sin un claro liderazgo ni interlocutor válido frente al gobierno, concentró su bronca contra el presidente-empresario Piñera en tanto continuador directo del legado pinochetista. Pero no menor fue el rechazo hacia las figuras políticas de la centroizquierda, en especial del varias veces gobernante Partido Socialista, que prefirió apostar por un discurso de tímida apropiación de las demandas, gobernabilidad y rechazo a la violencia, incluso respaldando a Piñera, en vez de interpretar con contundencia los reclamos de la calle.
Las siguientes semanas a la movilización del 25-O transcurrirían en un clima de constante protesta social y confrontación en las calles entre manifestantes, que apelaron a la acción directa frente a la siempre desmedida represión de los Carabineros. En Santiago, pero también en importantes ciudades como Valparaíso (gobernada por el alcalde de izquierda Jorge Sharp), Concepción (ciudad del sur donde surgió en 1960 el célebre MIR), Antofagasta (ciudad minera del norte) y Temuco (al sur, capital de la Araucanía y de gran población mapuche). Fue allí que surgió una nueva fuerza social integrada por jóvenes encapuchados/as dispuestos/as a pelear en la calle por sus derechos, por una sociedad más justa, por la educación y la salud pública, por los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres y contra la violencia de género, de los ancianos: la Primera Línea.
Dicha fuerza sin filiación partidaria clara se caracterizó por mantenerse al margen de los partidos de izquierda tradicionales, pero aceitar formas de organización y lucha callejera cada vez más sofisticadas con el objeto de hacer frente a la creciente represión de los Carabineros, e impulsar la causa que se generalizó en todo el pueblo chileno tras el estallido: una nueva Constitución redactada en democracia y que clausure más de cuatro décadas de neoliberalismo y autoritarismo.
Fuertes violaciones a los derechos humanos se registrarían en Chile por la despiadada y creciente represión policial, dejando un saldo de 34 muertos, más de 400 jóvenes que perdieron sus ojos por las balas policiales, muchos de ellos quedando completamente ciegos, y decenas de miles de detenidos y torturados. Todo ello frente al silencio cómplice de organismos como la OEA, y de la propia ex presidenta Bachelet en su rol de Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU.
En este marco de extrema ebullición social y descrédito del gobierno (la aprobación de Piñera se derrumbó al 6 por ciento, mientras el rechazo a su administración y a Carabineros como institución trepó a más del 90 por ciento), el 15 de noviembre de 2019 las principales fuerzas políticas del país (con la excepción del Partido Comunista) acordaron la realización de un plebiscito por una nueva Constitución, pautado para el 26 de abril de 2020, buscando dar salida al conflicto. Por la derecha, las fuerzas del gobernante Chile Vamos (UDI, Renovación Nacional, Evopoli); por la centroizquierda, las fuerzas de la antigua Concertación/Nueva Mayoría (PS, Partido Radical, PPD, Democracia Cristiana); por la izquierda, las fuerzas integrantes del joven Frente Amplio. Este primer acuerdo dejaba afuera diferentes demandas reclamadas tanto por el pueblo sublevado en lo social, como por el PC en lo político, como la paridad de género de 50 y 50 entre hombres y mujeres para la elección de futuros/as constituyentes encargados/as de redactar la nueva Carta Magna, o los reclamos por los derechos de los pueblos originarios (Chile, de poco más de 20 millones de habitantes, tiene casi tres millones de ciudadanos/as mapuche, lo cual representa más de un 15 por ciento del total de la población).
Con el correr de los meses y con un clima de lucha social con flujos y reflujos, no obstante, dichas demandas serían incorporadas, no sin la aprobación en el mientras tanto de controversiales medidas anti-represivas impulsadas en el parlamento por el gobierno, y votadas por todo el arco político, el Frente Amplio incluido, que desatarían un aumento de la ira popular generalizada y una sensación de “traición” de parte de las masas sublevadas hacia las fuerzas del FA, que sufriría varias rupturas y un fuerte debilitamiento como actor político. Como contracara, el PC, si bien sin un apoyo masivo de una calle fuertemente “anti-políticos tradicionales”, salió fortalecido al haber comprendido, desde un primer momento, la necesidad de levantar las demandas sociales y llevarlas a fondo, rechazar la represión y las violaciones a los derechos humanos por sobre el rechazo naif al “vandalismo” (se abstuvieron de votar las leyes represivas de Piñera), promover marcos de organización barriales que integren al debate a ciudadanos/as de todo Chile ajenos a la acción directa a través de los Cabildos, y proponer medidas concretas en el parlamento que despertaron simpatías en amplios sectores de la población, como la baja en la jornada semanal de trabajo de 45 a 40 horas sin que se lesione la remuneración percibida por la clase trabajadora.
Si bien durante el verano del nuevo año 2020 las protestas, que nunca cesaron, tuvieron cierta merma por la etapa de vacaciones, retornaron con fuerza en marzo, al acercarse la fecha del plebiscito. Sin embargo, el desembarco de la COVID-19 en América Latina y en todo el planeta, confinó a la sociedad insurrecta y obligó a posponer el plebiscito para la nueva fecha del 25 de octubre, dando cierto respiro al gobierno de Piñera en cuanto a la conflictividad social en la calle, pero no en el descontento de la población, incrementado, de hecho, por los efectos negativos en la economía desatados por la pandemia, sumados a la incapacidad del Ejecutivo de brindar respuestas paliativas para los sectores más vulnerables, y a una desastrosa gestión oficialista de la pandemia que culminaría incluso con la renuncia, en junio, del ministro de Salud, Jaime Mañalnich, de fuertes vínculos con el lobby farmacéutico y la salud privada en Chile.
Tras un resurgir potente del conflicto social en la calle durante septiembre y octubre ante una relajación en las medidas de aislamiento y de la paranoia social, en el cual se produjo nuevamente una fuerte represión a los jóvenes movilizados (con las imágenes de un Carabinero arrojando a un manifestante, que quedaría gravemente herido, por el puente del emblemático Río Mapocho en Santiago, y la quema de la Iglesia más importante de la Institución policial en pleno Santiago recorriendo el mundo), se llegó a la jornada plebiscitaria del domingo 25 de octubre, que contó con la participación más alta en décadas en Chile, con siete millones de ciudadanos/as ejerciendo su voto (doblemente meritorio teniendo en cuenta la pandemia). En el plebiscito, un 79 por ciento de la población se expresó rotundamente por el “Apruebo” a la nueva Constitución y por la elección de una Convención Constituyente compuesta en un 100 por ciento por representantes ciudadanos/as, en contraposición a la propuesta alternativa de conformar un cuerpo “mixto” de parlamentarios y representantes constituyentes.
Contra muchos pronósticos de gran parte de la prensa hegemónica y la intelectualidad de lo más variopinta, incluso de la izquierda, que vaticinaba un resultado “más ajustado” responsabilizando al supuesto “accionar desmedido” de la Primera Línea en las calles como “potencial causante de una merma en el apoyo a la opción Apruebo”, el pueblo de Chile sepultó de forma abrumadora la Constitución pinochetista y neoliberal, el legado más ambicioso y grandilocuente del dictador, festejos mediante registrados ni bien conocerse el resultado del referéndum. Se inició así un nuevo camino para el país en pos de construir una sociedad más justa e igualitaria, en el cual el Estado esté por encima del mercado, y en el cual el bienestar de las personas prime por sobre las necesidades del capital.
Habían transcurrido 50 años de la victoria de la Unidad Popular de 1970, 47 años del golpe de Estado de 1973, 40 años de la Constitución de la dictadura, y 30 años de la recuperación democrática en 1990. Salvador Allende tuvo razón cuando confió en Chile y su destino, y en que, efectivamente, la historia la hacen los pueblos.
Lo que viene
El abrumador apoyo a la opción “Apruebo” por parte del pueblo chileno para redactar una nueva Constitución a través de representantes constituyentes elegidos por la ciudadanía, puso punto final a 47 años de hegemonía pinochetista y a 40 años de la Constitución neoliberal de 1980. Sin embargo, es apenas el prólogo de una nueva etapa histórica que se abre para la nación trasandina y su joven, y todavía limitada, democracia.
Con los resultados todavía calientes, el presidente Piñera, en el marco de felicitar a Chile por la jornada cívica del 25 de octubre, se apresuró a expresar esa misma noche que “una nueva Constitución no puede partir de cero, ignorando la experiencia de las generaciones previas”. La derecha, si bien debilitada y fragmentada en internas propias en el frente político (se expresó en sectores del seno del propio gobierno, que se dividieron entre quienes militaron el Apruebo, quienes militaron la abstención, y quienes hicieron lo propio por la opción Rechazo), retiene importantes cuotas de poder tanto a través del entramado económico de Chile, como de las fuerzas armadas, institución que, como un fantasma en las sombras, aún detenta enormes cuotas de poder en el Estado y que no resignará tan fácilmente (un ejemplo de ello es que la institución se beneficia directamente de parte de las regalías de la exportación de cobre, principal commoditie de Chile).
La izquierda y el campo popular tienen, en este marco, enormes desafíos de cara a las dos próximas batallas que se avecinan: el 11 de abril de 2021, en las elecciones generales para representantes constituyentes, que una vez electos tendrán un plazo no superior a los nueve meses para redactar la nueva Carta Magna, la cual deberá aprobarse por un consenso de dos tercios (más del 66 por ciento de los Constituyentes); y las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, para las cuales resta apenas un año.
El escenario deja valiosas certezas. Por un lado, un salto cualitativo importante en los niveles de conciencia del pueblo en torno a la necesidad de sepultar el legado neoliberal y autoritario de Pinochet, y avanzar hacia una sociedad en la cual el Estado comience a regular con mayor peso el accionar del mercado, garantizar derechos sociales, civiles, económicos, de las mujeres y las disidencias, de las comunidades originarias, de los desaparecidos, asesinados y perseguidos por la dictadura, así como de sus familias, en el marco de políticas efectivas de Estado de memoria, verdad y justicia de enjuiciar genocidas. Y en la cual las fuerzas policiales y represivas tengan una menor injerencia en su relación con la sociedad civil, así como en su accionar desmedido y poco apegado al respeto por los derechos humanos, deudor de la dictadura.
Por otro lado, y a diferencia del Estudiantazo de 2011, la falta de emergencia de nuevas formaciones políticas importantes a la izquierda del espectro, capaces de dar un cauce institucional y político duradero más allá de la lucha callejera y las instancias de organización en los territorios; y de ofrecer una nueva alternativa político-electoral hija de la rebelión del 18 de octubre. Por el contrario, las fuerzas de nueva izquierda que habían significado una novedad tras el Estudiantazo una década atrás, y que formaron el Frente Amplio, aparecen diluidas por sus propias rupturas y su vacilación en cuanto a llevar a fondo los reclamos de la calle tras el estallido, e incluso perdidas en internas sectarias características de muchas experiencias de izquierda.
Lejos de presentarse alternativas políticas “outsiders” o renovadas, el Partido Comunista, uno de los más antiguos del país, y quizás el PC más importante en envergadura y relevancia social en un país latinoamericano, por fuera de Cuba, aparece fortalecido y con una línea clara en lo estratégico y lo táctico, por haber acumulado más aciertos que errores durante el último año. El sociólogo, arquitecto y alcalde de la nórdica comuna Santiaguino de Recoleta, Daniel Jadue, su principal referente, se posiciona en todas las encuestas como el político más popular de Chile, aunque con un todavía bajo 16 por ciento de apoyo ciudadano. Inmediatamente después de conocido el resultado, Beatriz Sánchez, ex candidata a presidenta por el Frente Amplio en las últimas elecciones de 2017 -y que logró un 20 por ciento de caudal electoral-, se apresuró a conseguir una foto junto al dirigente comunista, en una temprana y potente señal de unidad. Incluso, varios dirigentes del Partido Socialista y otras opciones de la centroizquierda rápidamente salieron a expresar que se sentían “más cerca de Daniel Jadue que de Joaquín Lavin” (principal referente actual de la derecha), en un claro símbolo del “giro a la izquierda” que se palpa con fuerza al seno de la sociedad chilena. Es un hecho: el dirigente comunista es hoy el presidenciable más loable.
Ante esto, Jadue mostró prudencia y les respondió que “no puede haber diálogo posible con aquellos que quieren nuestros votos, pero no nos quieren a nosotros” (en referencia a la nada despreciable base social del PC), en un claro gesto de subirse el precio a él mismo y a su eventual candidatura. Tendrá el desafío, no obstante, de convencer a un amplio espectro del electorado que votó por el Apruebo, renegando de la herencia pinochetista, pero que no necesariamente se considera “de izquierda” y que, incluso, ha marcado distancia de estos sectores, mirando además con recelo la posibilidad de que un candidato del PC llegue a La Moneda con el temor de “ser Venezuela” palpitando en la sociedad chilena.
Para ello, Jadue ha expresado un discurso público que si bien rompe con la moderación de antiguos referentes de la izquierda y la centroizquierda, y levanta todas las demandas de la calle (aunque despojadas de su virulencia de barricada), trata de presentarse como una opción que apunta a construir más bien un “Estado de bienestar” capaz de promover una sociedad más justa, pero sin grandes volantazos que dinamiten, por un lado, el objetivo de romper su techo actual, y por el otro, avanzar en la articulación de acuerdos políticos amplios con fuerzas progresistas, en especial de la centroizquierda. Si bien estos sectores también han quedado muy desacreditadas, no entregarán con facilidad la máxima candidatura en un eventual frente electoral, y menos a un puro del PC.
En la vereda de en frente, Joaquín Lavín, alcalde de la pudiente comuna de Las Condes, una de las pocas en todo el país donde se impuso el rechazo (y vecina, paradójicamente, de la comuna de Recoleta gobernada por Jadue), se muestra como el único ganador, aunque bien sea en una victoria pírrica. Acertó siendo uno de los pocos referentes de la derecha que llamó a votar de manera oportunista, leyendo los vientos de cambio, por la opción “Apruebo”, aunque esto le costó la pérdida de apoyo de los sectores conservadores del gobierno, inclusive de su propio partido, la UDI, fuertemente ligado al pinochetismo, con lo cual carece de grandes estructuras de momento deseosas de respaldarlo. Pisándole los talones a Jadue, se perfila como el segundo político más “popular” de Chile, aunque con un 15 por ciento de apoyo. Sus límites, no obstante, para construir una mayoría importante, son evidentes; a pesar de presentarse como un “demócrata”, con ansias de construir una especie de “nueva derecha” para Chile, respetuosa de la decisión de la mayoría, Lavín está bastante flojo de papeles. Abundan los videos y fotos del referente junto a Pinochet tanto durante su régimen como después, y para muchos chilenos/as aún está fresca su imagen visitando al ex dictador en Inglaterra durante su arresto en 1998, así como sus discursos en actos en Santiago en apoyo al difunto general. Tendrá serias dificultades, al igual que Jadue, para persuadir a una sociedad fuertemente desencantada de los políticos tradicionales, en especial los de la derecha que aparecen como ligados a la herencia pinochetista. Sólo 48 horas después de la victoria del Apruebo, tanto Jadue como Lavin fueron invitados a un debate cara a cara en CNN Chile. Así es la política: nunca hay tiempo que perder, ni espacios que dejar sin ocupar.
Los 47 años de hegemonía pinochetista concluyeron. Las grandes alamedas se abrieron. Las fuerzas de la historia avanzaron hacia un plebiscito bisagra en el camino de redactar una nueva Constitución de la democracia. El 2021 será un año posiblemente tan agitado como el 2020 y el 2019, aunque todo apunta a que, a diferencia de estos años de fuerte primacía del protagonismo social, las fuerzas políticas existentes serán quienes tengan centralidad en el nuevo escenario hacia una nueva Constitución que Chile se merece hace décadas, y a que un nuevo presidente a partir de 2022 pueda habitar La Moneda y estar a la altura de aquel entrañable mandatario que un 11 de septiembre de 1973 eligió inmortalizarse para siempre en la memoria y el espíritu de resistencia presente en todo un pueblo, que una y mil veces gritó, desde el 18 de octubre de 2019: “Chile despertó”. Y como dice un dicho popular: “No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos”.
*Por Emanuel Muñoz para La tinta / Foto de portada: Frente Fotográfico
