Curuguaty: “Han condenado a once personas inocentes”
Continuando con el análisis de las condenas del juicio por la Masacre de Curuguaty y la realidad paraguaya, entrevistamos a Inés Francescheli, integrante del Congreso Democrático del Pueblo y a Claudia Korol, del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía quien hace unas semanas estuvo en el país vecino participando de un encuentro de semillas y se acercó a la cárcel de Tacumbú para visitar a los seis campesinos presos.
Buscando contextualizar estas condenas por la masacre de Curuguary a campesinos y campesinas, preguntamos a Claudia acerca de la criminalización de los movimientos sociales y del movimiento campesino particularmente en Paraguay, a partir de su visita al penal y de la noticia del motín que se desarrollaba. En relación a Tacumbú, compartió que aun estaba «con la vivencia de esa cárcel terrible, que hace poco sufrió un incendio donde murieron cinco internos, está la gente muy devastada y muy golpeada (…) Las condiciones además de la cárcel son para que estalle en cualquier momento, porque es una cárcel que está sobrepoblada y con condiciones edilicias terribles y represivas también, así que realmente la situación es peligrosa y hay que estar súper atentas. Además de que es un lugar donde se acumulan injusticias de todo tipo, porque es una cárcel que, como casi todas las cárceles del continente, están llenas de pobres».
Curuguaty y los seis campesinos presos: criminalizar y desarticular el movimiento campesino
Indagando en torno a la continuidad entre la situación de los seis campesinos presos previamente y las hoy nuevas condenas por la masacre de Curuguaty, Claudia afirmaba que «en todos los casos hay, por un lado, un armado de causas. Yo no tengo ninguna duda que las de los seis campesinos presos fueron causas armadas donde nunca se pudo justificar de qué se los acusa, de qué han sido los responsables. Todo lo contrario, creo que tenía que ver con una maniobra para criminalizar al movimiento campesino y desarticularlo. En este caso, son seis compañeros con niveles de formación importantes que los tienen hace ya diez años detenidos. Y en el caso de la masacre de Curuguaty es evidente que tiene que ver con la maniobra golpista con la que se inició el movimiento que llevó a la destitución de Lugo. También en este caso lo que menos importa es la Justicia porque, para empezar no se investigó la situación de los once campesinos masacrados, pero también en el caso de los seis policías asesinados, tampoco podemos decir que se haya investigado, porque se condena como culpables a gente que no tuvo responsabilidad en esos hechos.
Así que, de nuevo, creo que el objetivo es legitimar el pacto golpista, ya que otro resultado significaría abrir la investigación sobre qué fue esa masacre como detonadora del golpe de estado. También cuidar las propiedades de los narcosojeros que están en el poder en Paraguay, como el caso del señor Riquelme y decir para toda la sociedad y sobre todo para los movimientos campesinos que no se animen a ocupar tierras, que no se animen a ejercer sus derechos, a trabajar las tierras y a defenderlas, porque van a ser castigados duramente. Eso son estas condenas absurdas que pidió la fiscalía y que los jueces – que por otro lado, sabemos que el titular del tribunal está acusado por coimas en distintas oportunidades y que está al servicio de los señores del poder – han dado. El juicio fue una burla desde el punto de vista de la justicia en sí, pero no es una burla si pensamos en los términos políticos de resolver con dureza acciones desde el poder para disciplinar, ordenar y reprimir a quienes se rebelan frente a tamañas injusticias».
Escuela de Formación Política «Soledad Barrett»: estrategias de resistencia
El 25 de mayo, Claudia Korol asistió a la primera actividad de la Escuela de Formación Política Soledad Barrett, impulsada por los seis campesinos presos: «cuando fui al seminario sobre cuidado y defensa de las semillas, la lucha por la soberanía alimentaria, me hice la escapada para visitar a los seis campesinos presos en la cárcel de Tacumbú y ahí se inauguró formalmente (…) y asistí ahora a una nueva clase. En realidad, la idea es que esos compañeros que vienen hace tantos años sosteniendo con dignidad su lucha y también su propia formación, están ayudando a formar a nuevos militantes, tanto entre quienes están ahí sufriendo las injusticias en calidad de presos, como quienes podemos ir a visitarlos y escuchar sus reflexiones y dialogar sobre cómo estamos mirando la situación política, a pensar el continente, y a generar la libertad a partir de los propios valores. Yo creo que las dos veces fue muy impactante para los grupos que estuvimos visitándolos poder escuchar su entereza, su integridad, su reflexión y poder intercambiar también sobre las perspectivas políticas que vemos. Y también, en el caso de la última visita, fue una clase sobre Curuguaty. Precisamente, estuvimos pensando y analizando lo que significaba ese juicio y pensando la necesidad de resistencia del movimiento popular junto al movimiento campesino, es decir, no dejar aisladas las luchas campesinas en este contexto».
Al respecto de lo que fue el juicio contra los seis campesinos y la legitimidad de las instituciones judiciales, Inés Francescheli, agregaba que «es un caso también interesante para ver la impunidad con que estas instituciones de supuesta justicia operan. Por ejemplo, uno de los seis está condenado sin tener acusación, procesalmente, nunca se le acusó. En el caso de Curuguaty, los que reciben penas más altas están acusados -porque esa fue la acusación y así se llevó el juicio oral- por homicidio en grado de tentativa y fueron condenados por homicidio doloso consumado, es decir, por un delito por el que nunca se los acusó. Entonces, entender también cómo la sociedad toda y a veces nosotros también alimentamos eso, le damos legitimidad a instituciones que en realidad no son tales. Es decir, “un juez”, ese señor no es un juez, ese señor es un bandido fungiendo de juez».
La responsabilidad del Estado argentino
El proceso de extradición de los seis campesinos desde Argentina estuvo acompañado de una campaña por su libertad, que, como Claudia Korol indica, implica que «nosotros como argentinos y argentinas tenemos responsabilidad, porque los seis campesinos fueron extraditados desde Argentina, el tiempo en que estuvieron presos en Argentina no se les está reconociendo como parte de la condena y había un compromiso que comunicó el juez [Ariel] Lijo en su momento, que es el que decidió la extradición junto con el Poder Ejecutivo, de que se iban a cumplir los derechos humanos de los presos y esto es algo que nunca se ha cumplido, así que también desde el punto de vista nuestro, tenemos que exigir al gobierno argentino que haga cumplir con los derechos humanos y con lo que se comprometió en su momento».
«Hay que frenar tanta barbarie»
Para finalizar, Inés Francescheli reflexionaba acerca de las exigencias de este tiempo, y nos decía: «La lucha del pueblo, la conciencia de que una vida mejor es posible, de que una vida libre es posible, de que somos sujetos de derecho y que la realidad está fabricada para la generación de dinero y no para la vida en todas sus expresiones. Esa lucha es una lucha histórica, es una lucha que no somos nosotros los primeros que la estamos sosteniendo, pero si hay un momento histórico en América Latina en donde se hace necesario hacer un esfuerzo extraordinario en militancia, en organización, en defensa, es este momento, Estamos viviendo mucho retroceso, estamos viendo mucha violencia en cómo el capitalismo arremetió para reafirmarse, digamos. Y eso, instar a todos, a todas, a que es un momento en que hay que frenar tanta barbarie, tanta violencia sobre la población. Tenemos en la historia reciente mucho ejemplo como para saber hasta dónde podemos llegar y a esto hay que pararlo. Un nuevo Cóndor sobrevuela Latinoamérica y hay que pararlo».
