Hacia la 7ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental: diagnóstico general de la provincia
Esta semana, fue la segunda reunión plenaria del colectivo organizador de la 7ª Marcha, que será en octubre como todos los años. En esta nota, un resumen detallado del devastado paisaje provincial de la salud en Córdoba, camino hacia el evento que nos une en la lucha por más derechos.
Por Redacción La tinta
En medio de un panorama provincial muy difícil, de un claro vaciamiento generalizado en políticas de salud, el área de la Salud Mental no queda exenta. Por el contrario, el recorte de recursos materiales y profesionales, la precarización laboral -que parece haberse establecido como ley- y el recrudecimiento de políticas de encierro en los hospitales monovalentes y en los manicomios incrementan día a día un camino contrario a la garantización de derechos, en todos los planos.
Incluso, es evidente que las políticas schiarettistas desoyen las recomendaciones para estos tiempos de pandemia, donde se pide transformar más rápidamente el sistema hacia la desmanicomialización, ya que los grandes hospitales de internaciones son de mayores riesgos para el contagio del coronavirus.
Aunque la fecha para la marcha de este año aún no está confirmada, se sabe que será en octubre y el colectivo organizador tiene en vistas una serie de intervenciones urbanas y actividades virtuales para visibilizar la lucha por la transformación definitiva de lo que conocemos por sistema de Salud Mental, que no se frena.
El diagnóstico de situación de salud mental en Córdoba no es favorable. A partir de la minuta de la reunión donde se sistematizaron los relatos de las diferentes instituciones y organizaciones que participaron, desde La tinta, compartimos un pantallazo de la ciudad y del interior:
Secretaría de Prevención y Asistencia a las Adicciones
Desde los primeros meses del año, se viene denunciando una situación de vaciamiento, despidos y reubicación de personal. Se dieron de baja algunos convenios con organizaciones sociales, con el consecuente cierre de espacios que estaban funcionando para la promoción y asistencia de los consumos problemáticos. Los espacios que continúan funcionando están siendo sostenidos en su mayoría por trabajadorxs en condiciones de precariedad laboral. Es llamativo que la provincia haga publicidad con una de las Secretarías más precarias en cuanto a los modos de contratación de trabajadorxs, con escaso personal de planta.
Secretaría de Salud Mental
Hay acuerdo en la existencia de un discurso cínico por parte de esta Secretaría: se respaldan en el discurso de los derechos humanos y de la Ley de Salud Mental, pero, en los hechos, han demostrado hacer exactamente lo contrario. Se denuncian situaciones de cierre de dispositivos, despidos, traslados, destrato y maltrato a trabajadorxs y usuarixs. Durante la pandemia, se han tomado decisiones que, lejos de avanzar, retroceden cada vez más en el cumplimiento de la Ley de Salud Mental: se produjo un desmembramiento de los EAC, de las camas de internación en Hospitales Generales, de Hospitales de Día y de dispositivos sustitutivos. Por el contrario, se ha reforzado el núcleo duro de las internaciones en instituciones monovalentes, con atención centrada exclusivamente en urgencias. Para ello, se han excusado en el contexto de pandemia, a pesar de que todas las recomendaciones internacionales promueven avanzar en el proceso de desinstitucionalización y de acompañar la continuidad de cuidados en los territorios, con los apoyos que las personas necesiten. Así, las medidas adoptadas por la Secretaría de Salud Mental en el contexto de la pandemia dan cuenta de un recrudecimiento de la lógica manicomial que va a contramano de las recomendaciones nacionales e internacionales, de la Ley de Salud Mental y del compromiso asumido por Argentina de poner fin a los manicomios en el año 2020. Esto expresa un grave retroceso en relación a una mirada integral de la salud y un avance de medidas centradas en abordajes biologicistas y punitivos.
Situación del EAC de Villa El Libertador
En el mes de abril, se cerró la sede de este dispositivo ante el reclamo del personal de salud vinculado a la falta de elementos de higiene y bioseguridad. La respuesta de la provincia fue el traslado y relocalización de los y las profesionales que componían el personal de dicha sede fuera de su área: en total, fueron cuatro las relocalizaciones. En el día de la fecha (8/9), se subió a la página de prensa del Ministerio de Salud la noticia de la “reapertura” del centro comunitario de Villa El Libertador, pero sin previa comunicación ni la consecuente reincorporación de las trabajadoras trasladadas, incumpliendo el compromiso asumido por las autoridades de la provincia de reincorporarlas a su lugar habitual de trabajo en el mes de julio. Por el contrario, se ha conformado otro equipo con trabajadorxs reubicadxs desde otras áreas. De este modo, se vulneran los derechos de lxs trabajadorxs y de toda la población, al desconocer la trayectoria de un equipo con 20 años de inserción comunitaria sostenida en este barrio.
Situación en San Francisco
En el Hospital Iturraspe, no se están produciendo internaciones prolongadas, aunque se denuncia la falta de preocupación y de atención para muchxs usuarixs que llegan al sistema de salud mental. El servicio de salud mental del Hospital cuenta con 8 profesionales menos que hace algunos años (por jubilaciones o retiros que no fueron cubiertos). Se menciona que este hospital también recibió traslados interdepartamentales de personas usuarias provenientes del hospital Santa María de Punilla, sin previo aviso de ello. En el ámbito privado, se registran actualmente más de 70 personas internadas. En la localidad, son escasos los centros públicos y privados de salud mental comunitaria y no se desarrollan acciones de promoción de la salud mental. Sumado a esto, preocupa la insuficiencia de dispositivos sustitutivos: no hay actualmente espacios socio-laborales públicos funcionando ni se han creado dispositivos alternativos. Se señala que los pocos espacios que continuaron funcionando están sostenidos por residentes, “como un hospital de día improvisado con residentes”. A su vez, preocupa un aviso de recorte a las becas de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental, donde además se registra una tendencia a la centralización hospitalaria y un cuestionamiento a las prácticas territoriales y comunitarias.
Situación del Hospital de Día de Traslasierras
Se trata de una institución que, desde hace 9 años, se sostiene por voluntad de trabajadorxs, usuarixs y colaboración de algunos sectores. Durante la pandemia, el Municipio de Las Tapias solicitó el desalojo del espacio físico en que funcionaba el Hospital de Día, quedando este sin un lugar para desarrollar sus actividades. A su vez, el hospital perdió el 30% de sus trabajadorxs, debido a que los cargos que quedaban vacantes no fueron cubiertos. Preocupan además las condiciones de contratación precarias de lxs profesionales que se desempeñan en este centro: se denuncia que la única trabajadora que quedó del equipo es una coordinadora que factura como monotributista y que no se han dado nuevas becas para residentes. Por tal motivo, lxs residentes que están actualmente desarrollando tareas en este Hospital serían lxs últimxs designadxs en esa sede hasta que culmine su beca y el Hospital se quedaría sin gran parte del personal de salud mental que está efectivamente trabajando.
Situación del Hospital Neuropsiquiátrico Provincial
El 7 de septiembre, se conoció el resultado positivo para COVID-19 de una persona usuaria en situación de internación. A partir de ello, se decidió realizar testeos para usuarixs y trabajadorxs, lo que genera una gran preocupación en la comunidad hospitalaria. Se manifiesta que, en este hospital, se pone en tensión lo “urgente” (la coyuntura y situación actual) y lo “importante” (la pelea estratégica por el cumplimiento de la ley, que se viene denunciando desde hace años). A su vez, se denuncian malos tratos por parte de las autoridades y directivos de la institución, así como la inexistencia de instancias de apoyo a lxs trabajadorxs.
Situación en el Hospital de Santa María de Punilla
En el mes de abril, se realizaron traslados compulsivos interdepartamentales de personas usuarias a los hospitales de Oliva y San Francisco, en una situación intempestiva y de absoluta desinformación. En el mes de julio, debido al brote de COVID que se registró en la localidad de Oliva, se realizaron traslados desde el Hospital Emilio Vidal Abal hacia Santa María y ahora están regresando nuevamente al nosocomio de Oliva. Esta trans-institucionalización se produjo a contramano de los derechos de personas usuarias y trabajadoras. Al mismo tiempo, en el Hospital de Santa María, se produjo el cierre de servicios y la reducción de algunos equipos de trabajo, mientras que el área de mayor funcionamiento se concentró en el servicio de atención a urgencias. En esta coyuntura, se produjo la apertura de una casa de medio camino, aunque fue ubicada en el mismo predio del hospital psiquiátrico (de manera contraria a lo que establecen los marcos normativos vigentes).
Situación de las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental (RISaM y RISaMIJ)
En la provincia, una de las preocupaciones en relación a las residencias es que, una vez egresadxs lxs residentes formadxs en servicios a lo largo de 4 años, no son incorporadxs en el sistema público de salud. Con motivo de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud de Córdoba decidió prorrogar hasta diciembre las becas de lxs residentes que deberían culminar en junio, de aquellas especialidades consideradas “esenciales”, excluyendo de esta medida a las residencias en salud mental. Lxs residentes presentaron los reclamos pertinentes al considerar a esta medida restrictiva, posicionándose también en defensa de la RISaM en sus pilares de perspectiva comunitaria e interdisciplinaria, ante intentos de resquebrajar esta modalidad de formación.
Situación de usuarixs de salud mental
Durante este contexto de pandemia, se puso de manifiesto la dificultad de las personas usuarias para acceder a internet, celulares, computadoras o tecnologías que posibiliten sostener sus tratamientos de manera remota, así como su participación en espacios alternativos de salud mental que tiendan a garantizar la continuidad de cuidados. Además de estas barreras de acceso al sistema de salud/salud mental, la vulneración del derecho a la comunicación también se tradujo en una profundización de la invisibilización de las voces de las personas usuarias -históricamente acalladas e invisibilizadas-. También se planteó una profunda preocupación respecto de las personas en situación de calle, así como en relación a la discontinuidad en el funcionamiento de dispositivos sustitutivos por no considerarlos esenciales, lo que lleva a preguntar: ¿qué es lo esencial para la provincia en materia de salud mental?
Situación de la Casa de Convivencia de San Vicente
Este dispositivo funciona hace 8 años como un hogar en donde se genera ciudadanía, donde las personas usuarias se autogestionan y viven su vida, con un acompañamiento terapéutico de profesionales que asisten dos o tres veces por semana. El principal objetivo es que lxs habitantes de la misma se reencuentren como ciudadanxs. Desde el 2018, la Secretaría de Salud Mental oficializa este dispositivo y pagó el alquiler sólo hasta el mes de mayo. Actualmente, se encuentran buscando alternativas para lxs habitantes de la casa, ya que la solución que propone la directora del Hospital Neuropsiquiátrico es institucionalizar a cada persona en lugares con lógicas manicomiales.
Dispositivos de atención a niños niñas y adolescentes
Hay dificultad en sostener el acompañamiento de esta población en las circunstancias actuales debido a una modificación permanente de las modalidades de trabajo de los equipos. Se manifiesta que, desde los gremios, debieron realizar reclamos a la provincia para poder contar con medidas mínimas de cuidados y elementos de bioseguridad (tales como alcohol, barbijos, etc.) ya que carecían de estos al comienzo de la pandemia y la emergencia sanitaria.
Situación en las comunidades
Preocupación frente a esta situación crítica que afecta las condiciones de existencia de vecinxs en las comunidades y que agudiza condiciones de vulnerabilidad previas a la pandemia. Se plantea que hay una fuerte invisibilidad de las comunidades en las políticas adoptadas por los gobiernos y una ausencia de medidas que permitan un abordaje integral de la salud y la salud mental en los territorios. A su vez, muchas comunidades se encuentran con barreras de conectividad, de tiempos y de herramientas tecnológicas que profundizan las brechas de acceso al sistema de salud y el ejercicio de otros derechos.
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: La tinta.
