“Hay que democratizar y profesionalizar corporaciones militarizadas y autonomizadas”
Segunda parte | En este informe sobre Seguridad, César Marchesino, Ianina Moretti, Inés León Barretto y Lucas Crisafulli analizan el rol de la policía durante la pandemia, advierten que es imprescindible reestructurar la institución desde el paradigma de la Seguridad Democrática, con una participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, y que también sería positivo para la Fuerza que sus agentes puedan tener un sindicato para defender sus derechos laborales.
Por Camilo Ratti para Alfilo
“La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer”, advierte, con la sabiduría de lo empírico, el dicho popular. Aunque utilizada como norma para situaciones menos complejas o “más mundanas” -si se quiere-, la frase conserva su potencia a la hora de pensar el lugar que el poder político, representante de la voluntad popular en un sistema democrático, le asigna a fuerzas de seguridad que, más que cuidar a la ciudadanía, están pensadas y estructuradas como engranajes represivos que actúan con altas dosis de autonomía de los gobiernos que dicen conducirlas y, más que combatir el delito, parecen regularlo, con víctimas que se cuentan siempre del mismo lado y no por casualidad son los que menos tienen –o no les llega ni un ínfimo pedazo- de la torta que cortan los poderosos de siempre.
En este segundo informe sobre Seguridad que publicamos en Alfilo, César Marchesino, Ianina Moretti, Inés León Barretto y Lucas Crisafulli, cuatro investigadorxs de la FFyH que trabajan la temática, analizan el rol de la policía durante la pandemia y señalan algunos de los cambios imprescindibles que las autoridades políticas deberían encarar para transformar la institución desde el paradigma de la Seguridad Democrática, con una participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas, además de pensar la sindicalización de sus agentes como mecanismo democrático para defender sus derechos laborales.
—¿Qué rol deberían tener las fuerzas policiales/de seguridad en este contexto para garantizar una convivencia democrática, respetuosa de los derechos, sin violar disposiciones sanitarias?
—Lucas Crisafulli: Es muy difícil garantizar la convivencia democrática respetuosa de los derechos con nuestras fuerzas de seguridad, no solo la policía de Córdoba, todas las fuerzas policiales provinciales y también las nacionales. Con la excepción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ninguna fuerza de seguridad fue democratizada y profesionalizada. Continúan siendo corporaciones militarizadas y autonomizadas, reacias a los cambios y al gobierno político de las mismas. El problema de la violencia institucional no puede ser analizado como casos aislados de malos policías. Todas las instituciones públicas tienen buenxs y malxs funcionarixs, y la policía no es la excepción. Pero los casos de letalidad en la violencia institucional no se tratan de la acción de malxs policías, sino de elementos de la cultura institucional que hacen posible, cuando no deseable, que esos hechos ocurran. Si el discurso institucional sigue siendo el discurso bélico de “guerra” contra la delincuencia, parecen razonable entonces los excesos, precisamente por ese discurso. Ni hablar de los mandatos de masculinidad y respeto construidos hacia dentro de la propia institución, en los que la violencia contra el “delincuente” es tolerada y festejada.
Pero también se torna necesario una profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad, en la que los institutos de formación y de ascenso no sean tan permeables a las necesidades políticas de sacar policías a la calle como si fueran factorías. Es obvio que no alcanza para evitar o disminuir la violencia institucional dar cursos y talleres de derechos humanos, porque la verdadera formación de la policía parece suceder fuera de las escuelas, en los intercambios diarios entre nóveles policías y policías “experimentados”. Otro tema importante es la elaboración de protocolos, pero, sobre todo, su implementación para que sean conocidos por todo el personal, un requisito necesario aunque no suficiente en la formación. La mayoría de las policías provinciales no tiene protocolos de uso del arma de fuego y lo cierto es que la letalidad policial en casos de violencia institucional se cometen con arma de fuego. Pero tampoco es la solución crear buenos protocolos si luego no existen mecanismos de implementación y control de su cumplimiento.
—César Marchesino: Me parece que el primer requisito para que las fuerzas de seguridad funcionen como uno de los garantes de la convivencia democrática es la democratización de las fuerzas mismas. Claro que esto nos plantea un desafío enorme en tanto las prácticas sedimentadas y los imaginarios que las sostienen hacen que estas instituciones sean antidemocráticas por definición. En este sentido el trabajo por delante es enorme y sería un error muy grave que ese trabajo sea delegado a la institución misma, ni siquiera estoy pensando que sea un atributo exclusivo del Estado, más bien entiendo que es una tarea que debe ser asumida por las diversas instancias organizativas de la sociedad a los fines de garantizar el carácter democrático del proceso de democratización.
—Desde el paradigma de la Seguridad Democrática, ¿cuáles son las transformaciones que deben encararse para cambiar la matriz en la formación de nuestras fuerzas de seguridad, que hoy tienen un perfil claramente represivo?
—Inés León Barreto: Las diversas fuerzas de seguridad responden, o deberían hacerlo, a las directivas del gobierno provincial y, si existiera una política criminal organizadora, responden a esos lineamientos. En términos de acceso a la información pública, sería deseable la comunicación de las prioridades a alcanzar con el objetivo de “prevenir” los delitos, ¿cuáles son prioritarios en esta agenda de gobierno? ¿A través de qué políticas? El oscurantismo de estas decisiones y de las cifras de selección de los capturados por este sistema sigue siendo una deuda de la gobernabilidad cordobesa.
Entonces, ¿por qué sigue siendo una deuda la democratización de estas fuerzas? Contribuiría en este orden que los ingresos a las fuerzas de seguridad sean con ingreso de antecedentes e idoneidad, como cualquier ingreso de planta pública y orientado a personas cualificadas para el área en el que se va a desempeñar. Sería prioritario revisar la currícula de las formaciones de los agentes que posteriormente accederán a los mandos más altos de gobierno de la Policía. ¿Cuánto de la capacitación de estas fuerzas se lo llevan el adiestramiento físico, tácticas cuerpo a cuerpo, entrenamiento de contención y cuanta relevancia tiene en esta formación el contenido teórico acerca de la mediación, los derechos humanos? Teniendo una planta tan numerosa, sería deseable también que no sea utilizada como una bolsa de empleo para los gobiernos de turno.
—LC: Gobernar una fuerza policial de veinte mil personas armadas no es fácil, sobre todo, si decidís romper algunos nichos históricos de corrupción o de pacto policía-delincuencia. Algunos de estos casos han salido a la luz, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, los vínculos de la bonaerense con las mafias del narcotráfico, pero también en Córdoba con la investigación del narcoescándalo y la regulación que la policía hacía del negocio de las drogas. Frente a eso, es necesario realizar lo que algunos autores para referirse a la cárcel llaman el “incompleto profesional” y es que no todos los profesionales que trabajan dentro (de la cárcel o de la policía) pertenezcan a las fuerzas de seguridad. Los médicos que trabajan en los policlínicos policiales tienen jerarquía policial ¿para qué? Los policías que realizan trabajo administrativo como la recepción de denuncias en el interior provincial o la realización de trámites como certificados o constancias, no deberían ser policías. No tiene ningún sentido que sean policías. También las brigadas de investigación de hechos delictivos no deberían ser policiales, sino una fuerza autónoma, dependientes de los ministerios públicos fiscales. Eso favorecería la profesionalización, pero también evitaría las actitudes corporativas que se suceden hacia dentro.
También hay otra gran deuda que se tiene con la policía y es su sindicalización. Hace poco, un fallo de la Corte declara que es constitucional que se prohíba a las policías reunirse para defender sus derechos. ¡Es un disparate y un escándalo ese fallo! Otra cosa distinta es la huelga, pero hay muchxs trabajadorxs que tienen sindicato aunque tienen limitado el derecho de huelga. Lxs trabajadorxs que realizan la potabilización del agua corriente claramente tienen el derecho a sindicalizarse, pero obviamente no tienen el derecho a huelga, porque nos mataría a media población si el agua que sale de nuestras canillas no se potabilizara. La policía debería poder tener un sindicato para discutir sus condiciones de trabajo con el gobierno, aunque, por supuesto, limitado su derecho de huelga. Y ojo, la huelga la pueden hacer haya o no sindicato. Recordemos el 3 y 4 de diciembre de 2013 en Córdoba con la huelga policial. No requirieron sindicato para hacerla. De hecho, creo que la existencia de un sindicato permitiría un mayor control del Estado sobre la huelga. Pero, además, un sindicato les permitiría plantear en una mesa cuáles son los derechos vulnerados que tienen y buscar acciones positivas para evitar la vulneración de sus derechos laborales que, para la policía de calle, son bastantes.
—CM: Desde el Programa de Derechos Humanos de la Facultad, venimos insistiendo en la formación de lxs agentes de las fuerzas en sintonía con el cambio de paradigma en materia de seguridad. Quizás pueda resultar ingenua la posición de que la formación sea suficiente para contrarrestar aspectos estructurales de las fuerzas de seguridad, que van desde la corrupción hasta la dificultad de gestión ya mencionadas. Sin embargo, quisiera remarcar que, cuando hablamos de formación, no sólo estamos pensando en lo referido a contenidos y métodos de esa formación, sino que también deberíamos incluir un control social de dicha formación. Se me ocurre pensar en que los mecanismos de certificación no deberían quedar restringidos a los clásicos sistemas de evaluación, que sabemos no garantizan en ningún caso que el aprendizaje implique transformaciones de las prácticas anquilosadas. Por el contrario, la certificación y habilitación para actuar en las fuerzas de seguridad necesariamente debería contar con la validación de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que garanticen los estándares mínimos en cuestiones de derechos humanos y un abordaje integral.
—Ianina Moretti: Coincido con el enfoque puesto en la formación como resquicio para desarmar y rearmar las fuerzas de seguridad en un paradigma de derechos humanos. Si bien visto globalmente parece una empresa difícil de encarar, por algún lado debe empezarse. La formación implica también a formadorxs que deberán aggiornarse a los estándares de los derechos adquiridos y a la promesa inclusiva. Por otra parte, puede ser un sitio en el cual interactuar con otros sectores institucionales, educativos y también con movimientos sociales que aporten a una reestructuración radical en el modo de pensar la seguridad. Cuando se habla de la violencia que supone la discrecionalidad policial, es porque lo “arbitrario” se enmarca en unas formas muy precisas de entender a quién se cuida y a quién se considera peligrosx, según marcas de género, clase, edad, raza. Los activismos LGTB+ y feministas también han llamado la atención sobre estos sesgos, teniendo en cuenta las violencias policiales para con las disidencias sexuales, como también los femicidios con arma reglamentaria o la anuencia policial para con las redes de trata. Se deben rever esos preconceptos violentos para poder verdaderamente articular una formación que no les eduque para la violencia diferencial para con los cuerpos más precarizados. Por otro lado, la disciplina interna debería tener un horizonte inclusivo y de derechos humanos para el comportamiento de quienes componen la institución.
—¿Qué rol activo puede jugar la sociedad civil y cuál el Poder Judicial, el otro actor clave en una política de seguridad democrática?
—ILB: Es fundamental el control democrático que deben ejercer las otras agencias del Estado; el Poder Judicial debe ejercer su rol de actuar con rigurosidad en estos casos investigando y llevando adelante las condenas que sean necesarias. Es el encargado institucional de marcar los límites; acotar la violencia institucional ejercida; remarcar los excesos en el marco de un Estado democrático de derecho. Salvo casos excepcionales, la justicia no se atreve a condenar a la corporación policial y el caso de Blas es una consecuencia de esta connivencia. La policía actúa bajo un manto de impunidad que sostiene que no se mejoren los códigos y las prácticas. El Tribunal de Disciplina Policial debería supervisar y tal vez estar integrado por miembros externos que aseguren hacia adentro de la fuerza los criterios de actuación. Es momento de trabajar conjuntamente, es decir, socialmente, acerca de qué tipo de policía queremos.
También es el momento de desandar la ingenuidad de que el punitivismo solo se ejerce desde arriba, la población más vulnerable es también víctima directa de esta violencia policial y, sin embargo, también reclama y exige más “seguridad”. Una deuda en este aspecto es trabajar en la deconstrucción hegemónica de esta definición y producir posibles soluciones diferenciadas para cada uno de los problemas de la inseguridad.
—IM: En relación a la sociedad civil, creo que es muy importante revisar la tendencia punitivista. Hace años que ciertos sectores piden mano dura o reclaman más policía, aun si los hechos demuestran que no es sinónimo de mayor seguridad. En este marco, los reclamos se han ido ampliando a otros sectores de la sociedad, que, de uno u otro modo, han volcado toda expectativa de cuidado en modos de la vigilancia y el control que merecen atención crítica. La pandemia ha cristalizado esta tendencia que, sin embargo, es un clima previo con un nivel de pregnancia preocupante. La llamada “vecinocracia” va desde linchamientos en redes hasta agresiones físicas para con quienes han sido contagiadxs del virus o se sospecha de ello, lo cual resulta preocupante en sí mismo, por la idea que encierra de pensar a cada vecino como “agente” policial voluntario (algo en línea con la Ley de Seguridad que se importara del Manhattan Institute). Esto no implica igualar responsabilidades con quienes toman decisiones políticas sobre las fuerzas de seguridad, pero sí puede significar un llamado de atención sobre las condiciones que posibilitan ciertas políticas. A su vez, esta óptica habilita a contar con las capacidades de acción que tiene la sociedad civil en estas cuestiones, aun con todas las mediaciones que implica. Hay que prestar disposición para que la visibilización que generó el caso de Blas permita articular con reclamos que ya venían situándose hacia políticas más igualitarias y una mayor justicia para todos los sectores sociales. La población puede, en sus diversas configuraciones de lo colectivo, aspirar a otros modos del cuidado, ser crítica de las violencias y trabajar para configurar un horizonte de comunidad inclusiva y consciente de su interdependencia fundamental.
*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imagen de portada: La tinta.
