Magdalena: tierra de desplazadas
Más de diez comunidades indígenas en Chiapas fueron desplazadas por grupos paramilitares. Hasta ahora, el gobierno mexicano mantiene un silencio cómplice ante la situación.
Por Frayba
Casas abandonadas y otras semi-habitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes, e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas, y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.
Este es el paisaje que se devela en Xuxchen y Koko’, dos de las 13 comunidades del pueblo maya tsotsil de Aldama, bajo asedio por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó. Desolación en tierras de desplazadas.
Una de las problemáticas principales es que el desplazamiento forzado que enfrentan las familias tsotsiles de Aldama es continuo, difícil de cuantificar, y esto implica que, dependiendo de la frecuencia e intensidad de los ataques con arma de fuego, la población abandona sus casas y después cuando baja el riesgo o aumenta el hambre, regresan a sus hogares. También hay quienes llevan entre dos y cuatro años sin regresar.
Algunas mujeres de Magdalena, como ancestralmente se llama este territorio, han desarraigado su fogón de la cocina familiar para hacer las tortillas de manera colectiva en los espacios del desplazamiento forzado, para dar lo mínimo de comida a sus familias. En las canchas de basquetbol y voleibol encuentran su refugio comunitario en menor riesgo, porque están alejadas de los descampados.
Otras mujeres carecen de lo mínimo en su refugio, metidas en el monte para resguardarse de los disparos con armas de alto calibre que cruzan desde Santa Martha, Chenalhó. Estas últimas no han podido escapar del horror, del hambre, la enfermedad y el frío.
La mayoría son mujeres con la mirada perdida al horizonte, con rostros de tristeza, cansancio, dolor y rabia, pero también hay hombres, quienes abrazan con el cuerpo de sus hijas e hijos el miedo. Hay familias que llevan más de una semana escondiéndose del horror entre la lluvia y las balas que han bajado, pero no han cesado. Así desde hace más de dos años, de manera cíclica.
Huyen para salvar su vida. Suelen pasar horas y días, pero también hay familias que desde marzo de 2018 no regresan: las más cercanas al río, que las divide de sus agresores. Este límite natural tampoco es garantía de salvaguarda. Han incursionado cada vez más cerca sembrando el terror, como en Yetón, el pasado 15 de agosto.
El peregrinar inicia en la propia casa. Han adaptado espacios para protegerse de los ataques armados, a veces en un cuarto o en la cocina, y se crean trincheras en los patios para posponer la huida. Otras más se mueven a otra comunidad, pero en ninguna de las vecinas hay paz; se desplazan a veces simultáneamente, a veces alternando el miedo. Esta adversidad impacta de manera estructural su vida y cultura como pueblos originarios.
El sábado 22 de agosto aún seguían escondidas en refugios improvisados las mujeres con sus hijas e hijos. A más de una semana, no tienen seguridad porque a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, la Policía Federal Preventiva y el ejército mexicano, persisten los disparos que son el pan de cada día en la región.
Estas condiciones les impiden ejercer sus actividades cotidianas. Diversos ataques se han registrado durante sus labores campesinas, no tienen acceso pleno a sus tierras de trabajo ni pueden dedicarse al comercio, y a ninguna otra actividad económica de manera regular y completa para obtener el ingreso familiar. No pueden hacer la vida para vivir.
No hay lo suficiente en sus reservas de maíz y los cultivos de café también se han perdido. Se avizora una mayor emergencia por carencia de alimentos, unida a una crisis humanitaria como impacto del desplazamiento constante de esta población en 13 comunidades de Aldama-Magdalena.
Sin embargo, hay dignidad en la exigencia al Estado mexicano indiferente a las condiciones del desplazamiento forzado: “Tenemos derecho de vivir en paz, pedimos a los tres niveles de gobierno resuelvan este problema, pedimos al gobierno apoyos de primera necesidad: despensa, zapatos, ropas, cobijas, detergentes… pero la ayuda humanitaria no llega. Impera el racismo y la discriminación”.
En mayo de 2016, comenzó el desplazamiento forzado de población de Magdalena, provocado por ataques de grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Manuel Utrilla, Santa Martha, municipio de Chenalhó. En esa fecha, 115 comuneros fueron despojados de sus tierras, las 60 hectáreas que devienen en un conflicto ocasionado por la Secretaría de la Reforma Agraria desde 1975.
Siete familias fueron desplazadas por un grupo armado que incursionó y las atacó. La agresión consistió además en quema de casas, robos y destrucción de cultivos, entre otros delitos que se encuentran denunciados en una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
Desde hace cuatro años, las autoridades del gobierno de Chiapas no ejercieron acción penal -desarme y detención- en contra del grupo invasor, dejando crecer la violencia en esta región de Los Altos de Chiapas. A partir de esa fecha, las detonaciones con armas de fuego desde el interior de los predios despojados se han incrementado hasta el ataque reciente del 1 al 17 de agosto de 2020.
En febrero de 2018, escalaron los hostigamientos con el asedio a cinco comunidades: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Tselejpotobtik, Xchuch te’, Puente y la cabecera municipal de Aldama. El número de personas en desplazamiento forzado fue aumentando hasta llegar a la cifra de 2.036. Sin embargo, los ataques en este mes escalaron, el número de personas en desplazamiento forzado es indeterminado por las características de estos nuevos desplazamientos, porque son un huir continuo para salvar la existencia.
Ante la indolencia de los distintos niveles de gobierno en México, organizaciones de la sociedad civil hacen llamados a construir un camino de paz y acompañar con ayuda humanitaria a la población en desplazamiento forzado en los límites de Magdalena-Chenalhó.
Por Frayba / Foto de portada: Luis Enrique Aguilar
