Cuando el arma policial protagoniza los femicidios
Según los datos relevados por la Asociación Civil La Casa del Encuentro -a través del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zembrano»- entre el 2009 y el 2015 se registraron 116 femicidios cometidos por uniformados, activos o retirados.
No existe a nivel nacional una norma que reglamente la utilización de las armas reglamentarias. Y sólo la provincia del Chaco, es la que ha determinado por ley, que aquellos uniformados denunciados por violencia de género, no podrán portar armas estando fuera de servicio.
Durante la gestión de Nilda Garré como Ministra de Seguridad de la Nación se firmó la resolución 1515/2012, que sigue vigente y que prevé que al personal denunciado por violencia de género se le deberá retirar el arma de dotación al finalizar su jornada laboral. Según informó a Página 12, Carolina Barone, coordinadora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, hay 222 efectivos de fuerzas de seguridad con esa restricción. Dicha resolución establece estas medidas, para cumplimentar las leyes 26.485 y 24.417. Pero, como se dijo más arriba, no existe ley nacional que lo ordene. Y escasean leyes provinciales al respecto.
Proyecto de ley en Córdoba
En Córdoba, el 5 de noviembre del 2013 Ariel Pedraza, efectivo del ETER, asesinó con su arma reglamentaria a sus dos hijos y luego se suicidó. La carta que dejó el sargento experto en tiro dio a entender que se trató de un femicidio vinculado; asesinó a sus hijos para hacerle un daño a su ex mujer.
Precisamente Paola Fernández es quien encabeza la lucha para que el personal policial no porte armas de fuego fuera de servicio y para que se realicen de manera más estricta los controles psicológicos a los uniformados. Todos los días 5 de cada mes, Paola junto a un grupo de mujeres se manifiesta frente a la Jefatura de la Policía de la Provincia para pedir visibilizar sus reclamos.
En virtud de estos hechos, la legisladora provincial del bloque Córdoba Podemos Liliana Montero presentó un proyecto de ley para crear un Sistema Integral de Atención en Salud Mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba, destinado de manera específica a los miembros de las fuerzas que porten armas de fuego.
En una breve entrevista con La tinta, la legisladora Montero explayó sintéticamente los objetivos del proyecto.
Concretamente, la propuesta apunta a intentar fijar un programa integral de asistencia en salud mental de los miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia, entendiendo que es necesario un abordaje que incluya el ingreso, la permanencia y el egreso de la fuerza.
El desempeño en una fuerza de seguridad exige determinadas condiciones de personalidad que hace que las evaluaciones para su ingreso deban ser muy rigurosas, pero al mismo tiempo el ejercicio permanente de dicha función implica estar permanentemente en situaciones de alto estrés, por lo cual el manejo de un arma se torna un elemento que debe ser permanentemente evaluado y reevaluado. Por ello hay que brindar espacios de salud que le permitan al efectivo trabajar adecuadamente esos niveles de estrés.
«A lo largo de estos años se han incorporado miles y miles de miembros en las Fuerzas de Seguridad, sin embargo eso no se ha traducido en mejoras en la seguridad ciudadana. Una de las aristas que debemos revisar, es el sistema de ingreso y permanencia dentro de la fuerza, como así también su seguimiento luego del retiro. Las características de personalidad y la salud mental de quienes se han de desempeñar en las fuerzas de seguridad deben ser un factor central de preocupación, máxime si consideramos que esas personas van a portar armas», afirma la legisladora en el fundamento del proyecto.
Y agrega: «Es dable reflexionar que a las personas que se desempeñan en las Fuerzas de Seguridad, el Estado los inviste de una autoridad y un poder que no tienen el resto de los ciudadanos. La portación de arma requiere de características de personalidad muy equilibradas, no solo para su uso sino, fundamentalmente, para comprender el valor simbólico que tiene la portación de la misma, no hace falta sacar el arma para amedrentar al otro, simplemente la identificación de alguien como parte de una fuerza de seguridad genera en los demás la vivencia de superioridad de quien la porta y por ende desata conductas de sometimiento».
Las Fuerzas de Seguridad han protagonizado en los últimos años un sin número de situaciones que han desdibujado aún más la institución. Desde los que han estado involucrados con el crimen organizado tanto del narcotráfico como en hechos de delitos económicos, los que han sido parte de corrupción interna dentro de la fuerza, aquellos que haciendo abuso del uniforme que portan han sometido a las personas hasta quienes han acabado con su propia vida o con la de sus parejas e hijos en situaciones de violencia familiar y femicidio.
Repetidas situaciones que nos hablan, una y otra vez, del malestar que vivencian gran parte de los miembros de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia, cuyos miembros parecen perpetuarse en un círculo vicioso de sobrecarga psico-física, insuficiente motivación, capacitación y organización, creciente frustración, pérdida de la autoestima, recurrencia de ilegales actos de violencia (auto y heterodestructiva), con el consecuente reforzamiento negativo de la crítica, el descrédito y la desvalorización social. Espiral institucional decadente que pide a gritos un inmediato cambio en esta fundamental política de estado.»
(*) Por Victoria Siloff para La Tinta.
(**) Fotografías Colectivo Manifiesto.
