“La pandemia tiene que ser una oportunidad para replantear las políticas penitenciarias»
El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional Tres de Febrero publicó, recientemente, un informe que aborda el impacto de la pandemia por COVID-19 en cárceles de 18 países de América Latina. La situación es preocupante y Córdoba no es la excepción.
Por Anabella Antonelli para La tinta
La mayoría de las cárceles del mundo no están preparadas para las medidas de aislamiento, distanciamiento y cuarentena que dictan los gobiernos. El hacinamiento entre presxs, el frecuente contacto con el personal penitenciario, las deficitarias condiciones sanitarias, de alimentación e higiene son moneda corriente.
En América Latina, la crisis carcelaria es proporcionalmente más grave. “Los niveles de hacinamiento son muy superiores a la media mundial. Casi el total de los países tienen más presos que cupos, en algunos casos, la sobreocupación es mayor a 200%”, dado por el crecimiento vertiginoso de la población carcelaria, “que, en la mayoría de los países, se ha duplicado en los últimos 15 años y, en algunos casos, se ha triplicado”, explican desde la CELIV. En nuestro país, según datos oficiales de 2018, la tasa de encarcelamiento a nivel nacional se duplicó en el lapso de 20 años, llegando al máximo histórico de 213 cada 100.000 habitantes, un total de 103.209 personas.
El informe “Impacto del COVID-19 en cárceles de América Latina”, publicado recientemente por el CELIV, estudia 27 sistemas penitenciarios de 18 países de Latinoamérica, habitados por 1.700.000 personas privadas de la libertad. Un primer resultado es llamativo: sólo tres sistemas estudiados avanzaron en esfuerzos serios para descomprimir las cárceles en el marco de la pandemia. Tal vez esto explique que, en los dos primeros meses, hubo motines en más de la mitad de los servicios penitenciarios, mientras los contagios y muertes vienen en aumento.
“Tres de cada cuatro sistemas penitenciarios reportaron hacinamiento, muchos de ellos muy severos” y casi todos los centros están al límite de su capacidad o muy excedidos de población respecto a sus plazas. A su vez, gran porcentaje de internos son población de riesgo en contexto de la pandemia por COVID-19. Los datos recogidos indican que, en más de la mitad de los casos estudiados, alrededor del 5% de su población son mayores de 65 años, tienen problemas de salud preexistentes o son inmunodeficientes.
El informe aborda también las primeras medidas adoptadas en relación a la situación carcelaria. En términos generales, a las pocas semanas de la pandemia, los gobiernos reaccionaron con medidas restrictivas para evitar los contactos de los internos con el mundo exterior. “Esta estrategia instintiva dio lugar a la suspensión de las visitas familiares y al cierre de algunas actividades que dependen del personal (staff) que llega a los penales desde afuera”, explican y estiman que esto pudo haber tenido “fuerte impacto en reacciones organizadas de los internos, especialmente, en los amotinamientos”, ya que la medida afecta la calidad de servicios al disminuir las entradas de profesionales de salud, terapéuticos y trabajadores sociales, limitando o suspendiendo, en el 90% de los casos, las actividades educativas y, en un 53%, las laborales.
Según el informe, las quejas y protestas de lxs presxs se centraron en tres grandes áreas: “Permitir un mayor contacto con familiares, ya que estos proporcionan en los hechos muchos de los bienes que los internos consumen (comida, vestimenta y, en algunos casos, hasta narcóticos); temor a contagios y falta de instrumentos para su protección personal; mejores condiciones de habitabilidad”.
El motín fue la medida de fuerza adoptada por lxs presxs en varias unidades de más de la mitad de los sistemas estudiados, con una media de seis motines por sistema penitenciario. En el 46% de los casos, hubo muertos, aunque los investigadores estiman que, probablemente, las cifras estén sub-reportadas. “Los primeros dos meses, solo un 30% de los sistemas reportaron tener una capacidad adecuada para testear casos sospechosos de COVID, lo que también generó conflictividad”, indican.
En Argentina, hubo distintos motines “con epicentro en la provincia de Santa Fe que terminaron con, al menos, cinco personas privadas de la libertad fallecidas y un número considerable de lesionados entre personal e internos”, explican y aclaran que, si bien más de la mitad de los sistemas analizados reportaron este tipo de eventos, “la cifra de fallecimientos ubica a la Argentina entre los países de la región con mayor cantidad de decesos, siendo solo superado por Venezuela, Colombia y Perú”.
Para descomprimir las cárceles, varios estados de la región adoptaron medidas de liberación anticipada y/o arresto domiciliario. El estudio afirma que “dos de cada tres sistemas (69,2%) reportan haber utilizado ya esos recursos”. De estos, cinco pre-liberaron menos del 1% de sus internos, nueve entre 1% y 5% de los internos, y tres más del 5%. “Es decir, solo 3 de los 26 sistemas de los que se obtuvo datos han avanzado en esfuerzos serios para descomprimir los respectivos sistemas penitenciarios”, sentencian desde el CELIV.
Entre los criterios de selección para el otorgamiento de pre-liberaciones, el más importante fue la edad de lxs presxs, seguido de madres con hijos dentro de los penales, mujeres embarazadas, delitos menores y enfermedades preexistentes. “Sin embargo, en varios países, algunas excarcelaciones han provocado reacciones de la sociedad civil que ha resistido estas medidas”, explican y ejemplifican con Argentina, donde la pre-liberación de presxs condenados por violación provocó “gran revuelo mediático y resoluciones judiciales de tribunales superiores que limitaron el uso de estos instrumentos”. Estiman que menos del 2% de lxs presxs obtuvieron la excarcelación, por lo que el efecto para reducir la sobrepoblación es mínimo.
Finalmente, el informe alerta sobre el futuro de los centros penitenciarios de la región, entendiendo que la pandemia seguirá alterando la “normalidad”. Estiman que se deberán instrumentar medidas contemplando que la presión por sobrepoblación seguirá en aumento y que “luego de un hiato, el delito muy probablemente crezca y también los niveles de encarcelamiento”, mientras la COVID-19 llegará a todas las unidades penitenciarias. Creen, además, que el ocio por falta de actividades dentro de las unidades “puede resultar un cocktail peligroso” y que, por esto, deben re-pensarse las actividades laborales y educativas.
“La calma actual puede sostenerse si las autoridades flexibilizan los criterios de aislamiento y se adecuan a las nuevas necesidades. O bien, puede desmoronarse provocando escaladas de violencia, incluyendo motines sangrientos”, escriben los investigadores, entendiendo que “la pandemia puede significar una oportunidad para un replanteo integral de las políticas penitenciarias de la región”.
El sistema penitenciario en Córdoba
Lo descrito en el informe refleja también la realidad de las cárceles de nuestra provincia. Adriana Revol, militante anticarcelaria y referente en el tema, explicó a La tinta que no hubo cambios respecto a los requerimientos y las presentaciones de habeas corpus efectuadas. “Por el momento, la situación sigue tensa porque están sin visitas todavía y a las familias se les dificulta la circulación para poder llevar alimentos y elementos de higiene a la cárcel, porque es la familia quien provee”. En cuanto a las demandas por la deficitaria atención de salud, Adriana cuenta que tampoco recibieron respuesta, agravándose las situaciones de algunas personas de riesgo.
“Lo que sí ha cambiado es la situación de los presos: el encierro en el encierro. No tener talleres, no poder salir al área de educación ni hacer deporte. Lo único que no ha cesado de funcionar son las áreas laborales porque el servicio penitenciario maneja muchos dividendos de ahí, muchas fábricas se sostienen con el trabajo de los presos”.
Además, nos cuenta que quienes reclamaron en Villa María o Bouwer para que se siguieran las recomendaciones de los organismos internacionales, terminaron en Cruz del Eje, «en un pabellón de máxima seguridad, que vengo denunciando hace muchos años, porque se maneja con un régimen que empezaron a implementar en Europa, que es para quienes se les dicen terroristas”, afirma.
En las cárceles de Córdoba, no se registraron personas con coronavirus hasta el momento, algo que sería una “masacre, que creo es lo que se pretende de algún modo”, sentencia Adriana y concluye: “Si antes planteaba que las muertes por falta de atención médica forman parte del genocidio del Estado hacia las personas más vulnerables, hoy, con COVID-19 y las pocas medidas que se tomaron, creo que también es parte del genocidio elaborado, una manera de descartar la población sobrante”.
* Por Anabella Antonelli para La tinta
