Estados Unidos: la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana
En Estados Unidos, la policía mató, al menos, a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, apenas tres policías han ido a la cárcel por los homicidios.
Por Justin Podur para El Salto Diario
Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía, ahora las tienen en cuenta muy en serio.
Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes, a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de Estados Unidos. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente -1.000 personas cada año-, serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.
Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.
Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50 por ciento en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.
Pero un recorte del 50 por ciento se puede regatear hasta el 10 por ciento, y el 10 por ciento hasta el 2 por ciento, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana, ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).
¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1 por ciento, pero se puede redondear fácilmente a cero.
Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística -ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías- basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso; la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.
¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en Estados Unidos, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía, sí.
¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 1970: “Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas ‘reactivas’ limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter ‘proactivo’, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona ‘de control’, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60 por ciento del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la ‘percepción de riesgo’ de los residentes”.
Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10 por ciento del total del turno; era raro que subiera hasta el 20 por ciento (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.
¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez: “Una serie de estudios llevados a cabo en Estados Unidos, revela que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40 por ciento de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10 por ciento están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50 por ciento de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.
Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba: “Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.
Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”. De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quién llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.
El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.
Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.
También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.
Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.
En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan, de hecho, muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los “valientes policías” pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.
En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en Estados Unidos, la atención sanitaria).
Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En Estados Unidos, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que -como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.
Por Justin Podur para El Salto Diario / Traducción: Diego Sanz Paratcha / Foto de portada: RTVE
