Condenaron al exjuez Otero Álvarez y fue justicia
«30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos… ¡Presentes!». Aunque durante todo el mes de la Memoria el grito se escuchó en plazas, calles, actos y encuentros varios, esta vez, fue distinto: este lunes 29, retumbó en la pequeña sala para público del Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, conocida la condena contra Carlos Otero Álvarez.
El ex secretario judicial durante la dictadura y, luego, juez de tribunal oral, Carlos Otero Álvarez, fue encontrado “autor penalmente responsable del delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público ―Abuso de autoridad― (art. 248 del C.P. en función del art. 164 del CPMC ―Ley 2372― y art. 45 del C.P.), por los hechos 26 a 116, 118 y 119, e imponerle, en tal carácter, la pena de tres años de prisión, en la modalidad de ejecución condicional (art. 26 C.P.) y la inhabilitación especial por el doble de tiempo, accesorias legales y costas (arts. 40 y 41 del C. P., art. 12 del C.P. y arts. 403 y 530 del C.P.P.N)”. Más allá de los artilugios leguleyos, no es poca cosa la condena a un integrante de la Sagrada Familia Judicial, en tiempos de negacionismo y teoría de los dos demonios reloaded. Para que ello ocurriera, tuvieron que pasar 17 años y venir jueces de afuera.
En el banquillo otra vez
Donde se encuentran la calle Crisol y la avenida Hipólito Yrigoyen, se yergue, imponente, la sede del Tribunal Oral Federal 2. La sala de audiencias es bien pequeña y calurosa, aun en este otoño que despunta, y, este lunes, está copada por los parientes y allegados de Carlos Otero Álvarez. Es el mismo lugar en el que el ex funcionario judicial ―jubilado en 2009― fue absuelto en 2017, en la denominada Causa de los Magistrados. Pero el fallo fue apelado y la Cámara de Casación Penal ordenó que se lo enjuicie nuevamente, porque aquella absolución daba vergüenza. Flaco, canoso, golpeado por los años, pero con una petulancia propia de épocas mejores, en su segundo paso por el banquillo de los acusados, Otero Álvarez se defendió atacando, especialmente, a los querellantes víctimas del terrorismo de Estado.
Pero hoy es día de sentencia y, en sus últimas palabras, Otero Álvarez elige callar. El tribunal dispone un cuarto intermedio para decidir un fallo que, en rigor, ya está escrito y la expectativa es grande, son muchos años de impunidad.
El tiempo es veloz, la Justicia no
Lo que se vive afuera es el folclore militante de cualquier otro juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Claveles rojos, las fotos con las imágenes de los desaparecidos, la expectativa de las y los sobrevivientes por alcanzar justicia, aun pasado casi medio siglo del último golpe cívico-eclesiástico-militar. Si alguien pechó por este juicio es el Vitín Baronetto, un emblema de los derechos humanos en Córdoba, víctima directa del terror estatal, él y su esposa, Marta Juana González. La docente popular fue una de las fusiladas en la UP1, en intentos de fuga fraguados, excusa perfecta del terrorismo estatal, legitimada por los medios de comunicación de la época. “Tengo expectativas parciales”, se esperanza en el cuarto intermedio antes del fallo el exseminarista, referente del Centro Tiempo Latinoamericano y director de la revista homónima. Acompañan a Vitín otras integrantes de familias represaliadas por el terrorismo estatal, Carolina Vaca Narvaja y Elba Pucheta, conmovedora con la foto de su hermano José Ángel, gesto adusto en un rostro ajado por la espera de años. Muchos años.
Un abismo de siete metros
Las querellas particulares y del Ministerio Público Fiscal habían pedido siete años de cumplimiento efectivo. Es por eso que, en una primera lectura, los tres años de condena de cumplimiento condicional pueden parecer poco. Pero el 15° juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia condenó a un integrante de la casta judicial y en un contexto general de tormenta perfecta para las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Como cualquier otro hecho, el fallo se puede mensurar de acuerdo a quién se alegra y quién se entristece: mientras la militancia celebra, a Otero Álvarez sus familiares y allegados lo saludan como en un velorio. En la vereda del TOF 2, separan a los grupos unos exiguos siete metros de distancia.
Con la sentencia aún “caliente”, las repercusiones son unívocas. Baronetto destaca que hemos dado un pasito más de justicia y de verdad, en honor a la memoria de nuestros muertos y fusilados, y, en ellos, a todos los 30.000. “No sirvieron para mucho las chicanas, las dilaciones y la complicidad del Poder Judicial actual”, destaca y denuncia la “gran complicidad de los factores de poder locales”. Se explaya sobre el carácter del condenado: «Es más difícil condenar a un miembro de la propia casta; estos pensaban que iban a ser intocables y la Justicia lo tocó”, cerró en declaraciones al medio La Retaguardia.
Cauto, el fiscal Carlos Trotta espera los fundamentos que se conocerán en un mes, pero se permite confesar estar “conforme, porque es una condena, que es lo que pretendíamos ante un fallo anterior que lo había absuelto”. “La pena es sensiblemente inferior”, reconoce, aunque destaca que “finalmente, cerramos la situación de los exmagistrados de la Justicia federal de Córdoba”, y reconoce que juzgar a un ex funcionario judicial “costó mucho, resultó difícil; la complicidad civil siempre es más compleja”.
Mientras el abogado defensor, Julio Deheza, anticipó su apelación, la querellante, Patricia Chalup, celebra que, en un contexto de Memoria, Verdad y Justicia, esta condena es muy importante. “Otero Álvarez no cumplió con los códigos de procedimientos al tener conocimiento de graves violaciones a los derechos humanos. No denunció ante autoridad competente para que se investiguen esos delitos y muchas de esas personas fueron fusiladas en lo que se conoció como ley de fugas”, completó.
Entre los trabajadores de Sitios de Memoria presentes en la audiencia, destacaron los del Archivo Provincial de la Memoria (APM), creando claveles, colgando imágenes y soportando, incluso, alguna agresión verbal por parte de algún transeúnte poco democrático. La directora del organismo provincial, María Cristina, destaca que el APM “ha acompañado todos los juicios y realiza el archivo audiovisual, porque es importante que esto quede para la posteridad y más en este caso, que particularmente tiene que ver con la complicidad civil”.
Libre, pero condenado
La sentencia confirma lo que en el campo de los DD. HH. en Córdoba se supo por años: que el ex secretario judicial no denunció ni investigó crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñaba en el Juzgado Federal n.° 1 de la ciudad. Eran delitos graves: allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, homicidios y delitos sexuales, cometidos durante el terrorismo de Estado por personal militar y policial contra personas imputadas bajo la Ley 20840, denominada “Ley Antisubversiva”. La sentencia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad fue con voto unánime del tribunal compuesto por Mario Martínez, Facundo Zapiola y José María Escobar Cello.
En la sede tribunalicia de Nueva Córdoba, las fotos se descuelgan, los ecos se acallan, algún clavel rojo queda tirado en la vereda. Otero Álvarez se va como vino, libre y caminando, pero ahora con una leyenda inapelable en su frente: condenado.
*Por Adrián Camerano para La tinta.
