«El transporte de los animales vivos es un negocio tan ambicioso como cruel y polémico»
El Gobierno de Milei eliminó por decreto la restricción de exportar animales vivos para consumo. Activistas alertan de que esta práctica es un calvario y denuncian la mercantilización del sufrimiento animal. Además, advierten de los efectos nocivos que produce en el medio ambiente. La medida beneficiaría a la empresa ganadera de Juan Pazo y Luis Caputo, según informaron ganaderos al medio La Política Online.
Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta
El pasado 26 de febrero, el Gobierno de la Nación publicó el Decreto 133/25, por el cual elimina la prohibición de exportar “ganado vacuno en pie” con destino a faena para consumo. La medida fue anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y definida por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo. Según el Gobierno, la medida busca promover una mayor inserción de la República Argentina en el comercio mundial.
La restricción de exportar animales vivos ha estado vigente desde 1973, cuando se derogó con el objetivo de asegurar el abastecimiento interno del país. La medida obligaba a los ganaderos a vender los animales a los frigoríficos del país para garantizar el abastecimiento interno y, después, exportar cortes con un precio añadido por la mano de obra requerida. “Derogar esta prohibición va a permitir una mayor competencia dentro de la cadena de ganados y carnes, y, por lo tanto, mayor libertad de mercado”, aseguran desde el Gobierno.
Sin embargo, el decreto ha suscitado la indignación entre quienes trabajan en la defensa de los derechos de los animales y denuncian un grave retroceso. Virginia Chort es activista y miembro del Movimiento Animalista de Córdoba (MACA), y asegura que esta medida atenta contra todo derecho animal: “Este decreto no debería avanzar, ya que facilita la explotación y el sufrimiento de los animales al someterlos a largos traslados y condiciones inhumanas”.
Las prácticas de estos traslados, que se realizan en otros países, evidencian el “calvario” que sufren los animales: “Son transportados en condiciones de hacinamiento, estrés extremo y riesgo de lesiones o muerte”, dice Chort. Además, asegura que, en los barcos en los que son trasladados, los animales son sometidos a tormentas, enfermedades, temperaturas extremas e, incluso, naufragios. “No hay condiciones de higiene, viajan hacinados en sus propias heces y se cocinan por dentro del calor; muchos mueren en el camino”. Incluso, cuando enferman, son tirados por la borda. “Se los llama barcos de la muerte”. Chort aclara que las condiciones laborales de los tripulantes “son igual de malas”.
Un mercado definido
Aunque esta práctica ha sido prohibida por varios países y en otros muchos se debate entre la prohibición y la regulación, Sturzenegger sostiene que la exportación de animales vivos es un mercado activo en el mundo: “La mayoría de los países ganaderos lo permiten; 92 países exportan ganado en pie”, declaró en su cuenta de X. Añadió ejemplos: “Australia, Francia y Canadá exportan cada uno más de 1.000 millones de dólares por año de ganado en pie; en nuestra región, Uruguay exporta 250.000 cabezas por año y Brasil, 750.000”.
La mayoría de estas exportaciones, además, se dirigen a Oriente Medio, sociedades en las que, según Sturzenegger, tienen métodos particulares de faena: “Excluirnos gratuitamente de esos mercados es un sinsentido”. Precisamente, esos métodos también generaron preocupación entre defensores de los derechos de los animales. “Utilizan el método halal o kosher, que consiste en hacer un corte en el cuello en las vacas, cabras, ovejas o aves de corral, y dejar que se desangren poco a poco hasta que se mueren”, dice Chort. Según la activista, se ha abierto un lucrativo comercio entre países de América Latina y Oriente Medio “del que poco o nada se sabe, sin controles ni reportes”.
«No a la regulación»
Desde la industria cárnica, en cambio, apoyan esta medida y aseguran que supone un beneficio para el negocio de la carne vacuna. “Va en dirección a la libertad que está promocionando el Gobierno; era una restricción que no tenía demasiados argumentos para seguir; para los productores y la exportación, es un canal más”, declaró el presidente de la Asociación de Criadores de AnGus, Alfonso Bustillo, a La Nación. La industria, además, se ampara en regulaciones nacionales e internacionales, como las establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) o la Organización Mundial de la Salud Animal (OMSA). Normativas que, según activistas, no se cumplen al priorizar intereses económicos sobre el bienestar animal.
Sin embargo, Chort va más allá e invita a enfocar el problema desde una perspectiva antiespecista: “La regulación de esta práctica no es una solución ética ni razonable. En lugar de eliminarla, simplemente establece límites dentro de los cuales sigue siendo aceptable infligirles dolor, miedo y muerte. Aceptar la existencia de estos barcos bajo condiciones mejoradas sigue siendo una forma de justificación del abuso, cuando lo que verdaderamente necesitan los animales es la liberación de cualquier forma de explotación”.
En este sentido, la activista asegura que las condiciones de bienestar animal suelen ser utilizadas por la industria como una estrategia para legitimar su negocio: “El bienestar animal, en este contexto, opera como un eufemismo que encubre la realidad de la explotación. No se busca evitar el sufrimiento de los animales, sino optimizar su valor comercial y reducir pérdidas”. Un concepto que, según Chort, se contrapone al maltrato animal: “Que un veterinario certifique que no existe maltrato animal es sencillo, por eso, hablamos de violencia animal”.
Otros sectores afectados
Los animalistas no son los únicos que se oponen a la norma. El sector frigorífico argentino también se ha mostrado en contra, preocupado por el impacto negativo que podría tener en la producción local y el empleo, ya que, al poder exportar animales vivos, la demanda del sector frigorífico disminuirá. En este sentido, el Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) publicó un documento en el que, entre otros, advierte de la amenaza que este decreto supone para la estabilidad de empleo de esta industria: “La industria cárnica argentina, con sus 400 plantas frigoríficas, emplea a más de 60 mil trabajadores calificados, quienes podrían verse afectados por la apertura de mercados de ganado en pie”.
Asimismo, el IDAA sostiene que esta medida también desvaloriza el trabajo de los productores locales y añade que la exportación de animales vivos es una modalidad de comercialización marginal: “Brasil exportó, en los últimos cinco años, entre el 1 al 2% de su ganado destinado a faena como animales en pie, especialmente a Turquía, y es el país número uno en este rubro y consolidado hace años en ese mercado”.
El activismo se desmarca de todos esos grandes actores que, aunque también se muestran en contra del decreto, solo piensan en el negocio a través de su uso y explotación.
Impacto ambiental
Según especialistas, es un retroceso que también afecta al medio ambiente. La politóloga y activista ambientalista, Flavia Broffoni, es contundente: “La ganadería industrial es el principal factor de pérdida de naturaleza en el mundo”. Y aclara: “Transforman el suelo en tierra arable y cultivable para producir alimentos para animales industrializados”. En este sentido, asegura que la aprobación de este decreto está fomentando dicha manera de producir alimentos, que, en ningún caso, contribuye a la soberanía nacional: “Es hacer extractivismo agrario para criar animales que, luego, son exportados, con toda la cadena de sufrimiento que eso implica”.
La ambientalista, además, alerta del riesgo biológico que acarrea esta práctica: “A los animales industrializados, se les suministran antibióticos para que no enfermen y la exportación de animales vivos redobla el consumo de estos medicamentos para que no enfermen a causa del hacinamiento”. Antibióticos que, según Broffoni, hacen mutar a virus y bacterias, generando resistencias que acaban trasladándose a los humanos: “Estos son los famosos saltos zoonóticos y el caldo de cultivo de nuevas pandemias”. También alerta sobre el peligro de efluentes y desechos de macro granjas y barcos que son lanzados a la tierra y, en este caso, al mar: “Esos desechos tienen también antibióticos, los cuales son arrojados a ambientes naturales forzando a que el cuerpo receptor, en este caso, el agua, genere resistencia a esos antibióticos”.
Intereses de por medio
Sin embargo, la aprobación de este decreto no resulta del todo casual. Según informó el medio digital La Política Online (LPO), Invernea sería una de las empresas beneficiadas por la norma, siendo su mayor accionista el actual director de la ex AFIP, Juan Pazo, que previamente pasó por la Secretaría de Producción. Fuentes del campo afirmaron a ese medio “que, en esa empresa, participaban, además, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili”. Esta compañía cuenta con casi 40.000 animales y un stock de casi 16.000 toneladas, por valor de más de 40.000 millones de pesos. “Hace un año, el 18 de marzo pasado, convirtieron Invernea en una Sociedad Anónima y Pazo delegó la presidencia de la empresa a Martín Voss, quien, pocos meses después, desembarcó en el gabinete llevado por el ministro Caputo”, informó LPO.
El decreto 133/25 todavía no ha sido sometido a votación en el Congreso y, aunque los plazos específicos aún no están claros, Virginia Chort considera crucial movilizarse: “Para evitar su aprobación, es fundamental intensificar las campañas de concienciación pública, organizar protestas pacíficas, presentar recursos legales y buscar el apoyo de legisladores”.
Desde el activismo, están evaluando acciones legales para detener la implementación del decreto. “Es esencial que continuemos defendiendo a los animales y promoviendo una sociedad más justa y respetuosa con todas las formas de vida”.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Imagen de portada: Animal Save Movement.
