El TSJ autoriza a Cormecor a funcionar en Villa Parque Santa Ana si lo hace a más de 4 km
El Tribunal anuló parcialmente la licencia ambiental que permitía que el megabasural se instalara en la ciudad y pidió que se aleje de zonas urbanas. Sin embargo, desde la Asamblea de Vecinxs Santa María sin Basura, remarcan que no habría lugar posible para establecer el basurero, ya que hay otras localidades dentro de los límites exigidos. Los vecinos reclaman la suspensión del proyecto.
Por Iñaki Rubio Mendoza
Finalmente, la empresa Cormecor podrá instalar el basural de residuos del Área Metropolitana Córdoba en la zona originalmente elegida (departamento Santa María), siempre que este sea localizado, como mínimo, a 4 kilómetros de la localidad de Villa Parque Santa Ana. Así lo hizo saber ayer el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que ratificó el amparo ambiental interpuesto por les vecines de la localidad.
De esta manera, el TSJ reafirmó el fallo de la primera instancia, en el cual se señala que el predio no es apto al no respetar la distancia mínima de 4 km de apartamiento a las zonas urbanas del entorno, ya que la zona elegida por la empresa responsable del proyecto se encontraba a tan solo 1 km de la localidad.
Además, según dictó el Tribunal, Cormecor deberá adoptar una serie de recaudos técnicos, tales como control de gases y olores, entre otros. También deberá asegurarse que los vecinos de Santa Ana cuenten con un representante en la Comisión Técnico-Social, que monitorea si se cumplen las metas del emprendimiento.
Sin embargo, el TSJ no ha prohibido la implantación del basurero, algo que los vecinos venían reclamando desde hace casi una década. El Tribunal asegura que, despejada la cuestión de la distancia, la Evaluación de Impacto Ambiental realizada por Cormecor cumple, en general, con los aspectos ambientales, por lo que la implantación de esta instalación no supondría riesgo alguno.
Para les habitantes, la resolución habría incurrido en una contradicción, al existir tres localidades ubicadas a menos de 4 km del predio donde Cormecor pretende enterrar la basura de 2 millones de habitantes.
“El fallo señala que Cormecor debe respetar la distancia mínima de 4 km, pero las pericias oficiales de agrimensura demostraron que el predio elegido está a tan sólo 1,03 km de Villa Parque Santa Ana (Oeste), a 1,82 km de Bouwer (Este) y a 3,93 km de la localidad de Los Cedros (Norte)“.
Es decir, no habría lugar posible para establecer el basurero a más de 4 km de cualquiera de los núcleos urbanos que lo rodean.
Corrupción en la adjudicación
El fallo de los magistrados, además, detalla “actos corruptos” operados por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. La administración habría actuado de manera irregular al autorizar el proyecto de enterramiento sanitario, en contra de las reclamaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA-UNC) e, incluso, en oposición a las recomendaciones de la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) encargada de evaluar el proyecto.
A pesar de dar cuenta de dichas irregularidades, el TSJ dictaminó una revocatoria parcial de la licencia ambiental concedida por la Secretaría de Ambiente a Cormecor en 2015.
“Si el propio tribunal es consciente de estas acciones corruptas, ¿no cree que la licencia está absolutamente viciada y es nula de toda nulidad?”, se preguntan les vecines. En este sentido, consideran “más lógico” que la Justicia anule “absolutamente” el proceso administrativo e inicie una causa contra los funcionarios de la Secretaría de Ambiente por incumplimiento de sus deberes.
De ese modo, les ciudadanes de Santa Ana acusan a Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y al Gobierno de la Provincia de ser responsables de falsear procedimientos administrativos, y aseguran ser víctimas de corrupción. “Y, sin embargo, la Justicia ha vuelto a cargar contra nosotros”, lamentaron les vecines en un comunicado.
Una década de lucha
Los y las habitantes de Villa Parque Santa Ana llevan casi diez años luchando para que el basural no sea instalado en los límites de su localidad. Una batalla legal, política y social que, aseguran, no ha sido nada fácil: “Hemos sido obligados a realizar enormes erogaciones, sufrimos presiones psicológicas, malestares físicos, agresiones institucionales y un sinfín de alteraciones de nuestra vida cotidiana por más de nueve años”.
Todo comenzó en 2016, cuando Cormecor seleccionó un área muy cercana a Santa Ana para ubicar un basural que serviría a Córdoba y su área metropolitana por más de 30 años. Los habitantes de Santa Ana, indignados, se organizaron en torno a la “Asamblea Santa María sin Basura”, para pedir que el proyecto se paralizara y denunciar irregularidades en el proceso de autorización.
La preocupación aumentó cuando, en 2017, se inundó la planta de residuos peligrosos Taym, muy cercana a la zona seleccionada por Cormecor.
Dos años después, les vecines decidieron presentar un amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba y esta desestimó la autorización para la instalación del complejo tras admitir el amparo. No conformes, Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Provincia apelaron la decisión, y, ahora, el TSJ ha hecho lugar a los recursos presentados por estos, de forma parcial, permitiendo la construcción de la planta.
“Llevamos nueve años de litigio judicial, protestas multitudinarias en la ciudad de Córdoba, incontables cortes de media calzada de la ruta 5, la instalación de un acampe en el acceso al predio por tres años y otras innumerables actividades de denuncia pública”. Ahora, con estas nuevas condiciones, los ciudadanos aseguran estar en alerta y organizados para ir hasta las últimas consecuencias.
*Por Iñaki Rubio Mendoza para La tinta / Foto de tapa: Fauna Activismo Fotográfico.
