Los barrios unidos jamás serán vencidos
El acceso al hábitat digno, en juego en todo el país. Durante este año, cientos de familias de barrios populares han visto cómo se paralizaron obras públicas por el recorte del FISU. Vecinos y vecinas de Villa Siburu, 12 de Septiembre y otros 35 barrios populares de Argentina presentaron un amparo colectivo que logró una medida a favor. Ahora, el Estado nacional deberá garantizar la continuidad de las obras y el acceso a la vivienda digna. «Es un incumplimiento del deber constitucional», señala el constitucionalista Horacio Etchichury.
Por Daniela López y Nicolás Cocca para La tinta
Cada vez que llueve en Córdoba, en la casa de Beatriz Ríos, en el pasaje Sixto Llanos de Villa Siburu, al noroeste de la ciudad, el agua entra hasta su habitación.
―Se inunda todo. Mi casa, la de los vecinos, la de mis parientes, a todos nos entra el agua ―dice la mujer de 68 años que, junto a su marido, trabaja recolectando cartones por la ciudad.
Beatriz es vecina de uno de los 37 barrios populares de Argentina que, en julio de este año, formaron parte de un amparo colectivo para exigir la continuidad de las obras que la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) tenía en barrios populares y el cese del desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el programa que permitía contar con un presupuesto para ejecutar proyectos de integración como obras públicas y mejoras edilicias en barrios populares.
“Con el FISU, teníamos la posibilidad de contar con los recursos del impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria, 9% por decreto) y también, en su momento, del Aporte Solidario Extraordinario de las grandes fortunas (15% por decreto). Eso nos permitió trabajar en los barrios populares con distintas líneas”, comenta a La tinta Fernanda Miño, exsecretaria de la SISU, y agrega que uno de los mayores logros que tuvieron fue articular con el financiamiento para lotes con servicios.
En febrero de 2024, el Gobierno nacional anunció que el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) pasaría a percibir el 0,3% de aquel 9% que se destinaba del impuesto PAIS. Esta disminución en el FISU, según consta en la demanda colectiva, implicó la inmediata suspensión de miles de obras y proyectos en ejecución financiados por el Fondo, entre los cuales se destacan las obras de integración sociourbana, los proyectos de lotes con servicios y el programa Línea Mi Pieza, los cuales, hasta la fecha, permanecen paralizados.
Ante esta situación, habitantes de barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares adhirieron a una demanda colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, una organización social dedicada a la defensa de derechos humanos y que cuenta con matrícula federal para motorizar demandas colectivas. Exigen al Estado nacional que se suspenda la reducción de los fondos asignados para el FISU y que se garantice la continuidad de las obras públicas que la SISU tenía en los barrios.
Lo que consiguieron fue que el Juzgado Federal de Pehuajó, una ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, obligue al Estado nacional a dar continuidad a la política pública destinada a la integración sociourbana de los barrios populares registrados en RENABAP.
La sentencia, firmada por el juez Andrés Heim, expone que la continuidad en esas obras públicas busca resguardar el goce de los derechos de acceso a la vivienda digna, salud y a un medioambiente sano.
Además, el Estado nacional deberá presentar en el propio juicio, antes de febrero de 2025, un “plan de actuación” elaborado junto a gobiernos provinciales para dar cuenta de cómo se continuará con las obras y, cada mes, tendrá que informar las líneas de acción sobre estos avances y los eventuales fondos girados al FISU.
Barrios cordobeses
Entre los reclamos que sostienen los vecinos y vecinas de Villa Siburu, hay uno que para Beatriz es urgente: «Yo quiero que nosotros, mi familia, los vecinos tengamos una calle digna”.
Una calle digna, dice, y se queda mirando el pasaje donde vive y señala los pozos que están secos y aquellos a los que el agua todavía no les dio tregua. Todo el barrio presenta un déficit urbano habitacional que va desde el alumbrado público, la ejecución de cordón cuneta, la regularización dominial y el asfalto en diferentes calles, como la del pasaje donde vive Beatriz.
Esa es también la realidad del barrio 12 de Septiembre, al sur de la ciudad. Si bien, con el FISU, los vecinos y vecinas, muchos de ellos organizados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), pudieron construir el polideportivo barrial, el centro comunitario, un SUM y aulas para formaciones de oficios, desde el recorte del Fondo, nada se ha movido.
«En mi barrio, la obra de urbanización ha quedado paralizada totalmente desde marzo de este año. Tenemos sin terminar las cloacas y la red de agua está en la puerta de mi casa y no puedo usarla”, comenta Débora Koraj, vecina del barrio y referente del MTE.
Débora cuenta con orgullo que tiene el oficio de la construcción y que trabajó en obras en Pueblos Unidos, un barrio cercano al suyo. “Para mí, trabajar en una obra empoderó mis capacidades y tuve la oportunidad de hacerlo para una cooperativa y que me brindaran la ropa de trabajo”, agrega.
Espacios de capacitación destinados a habitantes de barrios populares, principalmente en oficios, fue una de las líneas de acción que sostuvo la SISU mientras Miño estuvo en la conducción. “Muchas cooperativas asumieron responsabilidades de formación y creo que eso les da hoy otra espalda para estos tiempos difíciles cuando está desfinanciada el área que permite trabajar”, dice la exfuncionaria.
El Estado está obligado
“Argentina está adherida a tratados internacionales de derechos humanos que obligan a garantizar políticas en materia, por ejemplo, de vivienda, entendido como concepto de vivienda adecuada. Esas obligaciones deben cumplirse para beneficiar a aquellos sectores que tienen más necesidades económicas”, señala Florencia Pasquale, investigadora del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), quien también participa en la mesa de gestión barrial del Centro Integrador Comunitario de Villa Siburu. Florencia insiste en que el punto en esta historia es que el Estado tiene que entender que la atención a estos temas no es algo que pueda elegir hacer o no. Es su deber.
Sobre esto, Horacio Etchichury, que se especializa en hacer análisis constitucionales de los derechos y las políticas sociales desde el Instituto de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad de CONICET, cree que la decisión es positiva en tanto el fallo no deja dudas de que es el Estado nacional quien tiene la obligación de asegurar el acceso a la vivienda digna.
“Cuando el Estado no prevé cómo darle continuidad a esa política, no estamos solo frente a una decisión opinable de un gobierno, sino que se trata de un incumplimiento de un deber constitucional”, señala y destaca que la decisión del juez marca con claridad el límite que tiene el Estado nacional para desentenderse de ciertos derechos.
Para el director del Grupo de Investigación en Derechos Sociales, donde también participa Pasquale, es destacable que el tribunal analiza los derechos en el contexto real de los barrios populares. Esto, en parte, es así porque la demanda contiene más de una veintena de relatos en primera persona que dan cuenta de problemáticas concretas, de obras que quedaron inconclusas desde principio de año y de deseos compartidos para vivir dignamente.
Los derechos sociales están destinados a promover y asegurar el bienestar integral de las personas. Son derechos exigibles, lo que significa que cualquier persona puede reclamar ante el Estado por su efectivo cumplimiento, en caso de que los mismos sean de alguna manera vulnerados. En esta demanda, los barrios populares hicieron uso de esta herramienta y fueron más allá al hacerlo de manera colectiva.
Pero los tiempos de la Justicia y de las urgencias sociales no siempre caminan al mismo ritmo. Uno tiene el tranco lento, mientras que el otro corre buscando respuestas y soluciones a temas urgentes. El fallo judicial tiene muy clara esta condición, por eso, hace lugar a una medida cautelar que, de manera provisional, busca velar por el derecho al hábitat digno.
“Un aspecto destacable de la decisión es que toma en cuenta que el tiempo que se demore en resolver la cuestión tiene consecuencias nefastas para las personas que padecen en una vivienda indigna o a la intemperie. Y, por eso, hace lugar a una medida cautelar para que las obras sigan de manera planificada y con un alcance amplio, colectivo, incorporando a los Estados locales en la tarea”, enfatiza Etchichury.
Bajo este panorama, el gobierno de Javier Milei tiene en sus manos la posibilidad de intentar revertir la decisión del juez apelando la medida cautelar y argumentar, por ejemplo, la falta de recursos. Un discurso que sostiene desde hace 12 meses, cuando el presidente asumió su mandato.
Los barrios también tienen entre sus manos una posibilidad y es la de defender la política pública que los pone en escena en la toma de decisiones sobre el tipo de país que se desea construir. Las alternativas son pocas: habitar desde la resignación o dar la batalla para reclamar lo que corresponde como ciudadanía argentina. La respuesta está a la vista.
*Por Daniela López y Nicolás Cocca para La tinta / Imagen de portada: Daniela López.
